Polémica por el Aborto: El Gobierno Central Lleva a la Comunidad de Madrid a los Tribunales
El Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado al de Isabel Díaz Ayuso a los tribunales por la negativa de la Comunidad de Madrid a cumplir con la ley del aborto creando el registro de objetores, que facilitaría la organización en los hospitales para saber cuántos profesionales hay disponibles en cada momento para proceder con ese tipo de intervenciones.
El Recurso Ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
La abogacía del Estado interpondrá este lunes el recurso ante lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid iniciando así la vía legal, como ocurrió a comienzos de noviembre con el boicot de los gobiernos autonómicos del PP a la petición del central de que proporcionaran los datos de los cribados del cáncer.
Críticas de Pedro Sánchez
Sánchez ha criticado que se convierta “un derecho esencial” en “negocio” a través de un post en X en el que recuerda que el 99% de las intervenciones en la región se derivan a clínicas privadas.
Ofensiva del Gobierno Central Ante la Postura del PP y Vox
El Gobierno aprovechó una nueva arremetida del PP y Vox al derecho al aborto, con la decisión de esos partidos de obligar a los servicios municipales de Madrid a informar de un falso síndrome post-aborto a las mujeres que fueran a interrumpir voluntariamente su embarazo, para lanzar una ofensiva sobre ese asunto.
Los ejecutivos de Baleares y Aragón, ambos del PP, y el de Asturias, en manos de los socialistas, comunicaron su intención de cumplir con esa obligación legal mientras que Ayuso se declaró en rebeldía y desafió al Ejecutivo.
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“Preferimos que sea un tribunal quien nos lo indique antes que un Gobierno sectario que no respeta nada ni a nadie”, dijo el viernes la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ante el vencimiento del plazo para el requerimiento que había enviado el Ejecutivo.
“Váyanse a otro lado a abortar”, había dicho un mes antes en la Asamblea de Madrid la presidenta Ayuso.
La Postura del Partido Popular
El debate del aborto es complicado dentro del PP, que tiene distintas sensibilidades sobre el asunto. La dirección de Alberto Núñez Feijóo emplazó a los gobiernos autonómicos a cumplir con la legislación, aunque se pone de perfil ante la decisión de Ayuso de saltársela y se limita a decir que los tribunales decidan.
No obstante, los populares no recurrieron la normativa que en el momento en el que se aprobó en 2023.
El Anuncio del Gobierno de España
El Gobierno de España anuncia que emprenderá acciones legales contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid ante su "negativa" a cumplir contra la ley del aborto, una posición que consideran que "atenta contra la libertad de las mujeres que viven en la Comunidad". En un comunicado emitido por Presidencia del Gobierno, el Ejecutivo afirma que el gobierno madrileño "deriva más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo" a clínicas privadas.
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"El registro de objetores, cuyos datos son confidenciales y no resultan de acceso público, es una herramienta para que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar el acceso a este derecho sin derivar sistemáticamente a las mujeres a centros privados", defienden.
En un mensaje en su cuenta de X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende que la interrupción voluntaria del embarazo se trata de un "derecho esencial" y que este no puede ser "convertido en negocio". "No lo vamos a permitir", advierte Sánchez, que anuncia que el Gobierno solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El Ejecutivo recuerda que el 16 de diciembre de 2024 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, "del que forman parte todas las comunidades autónomas", aprobó por unanimidad el protocolo para la creación de dicho registro, un acuerdo "de obligado cumplimiento".
"El Gobierno de España seguirá utilizando todos los medios a su alcance, incluido el recurso a los tribunales, para que las comunidades autónomas cumplan la ley, con el fin de asegurar que las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo con todas las garantías en la sanidad pública", sentencia la nota.
La Respuesta de Isabel Díaz Ayuso
Ayuso dice que "solo un dictador" puede obligar a los médicos a "hacer lo que no quieren". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes "el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia" frente al aborto y ha afirmado que "solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer".
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El pasado sábado conocimos que el Ministerio de Sanidad iniciaría los trámites para interponer un recurso contencioso-administrativo ante la negativa de Isabel Díaz Ayuso a implementar en la Comunidad de Madrid el registro de médicos objetores de conciencia que exige la ley para garantizar el derecho al aborto.
Declaraciones de la Ministra de Sanidad
La ministra titular del ramo, Mónica García, avanzó que la presidenta madrileña "tendrá que responder ante los tribunales" por "esa rebelión que le ha declarado a la ley".
"No sé qué le pasa a la señora Ayuso contra las mujeres, no sé cuál es esta cruzada que le ha tendido a las mujeres de la Comunidad de Madrid", ha lamentado la titular de Sanidad, a lo que añadió: "Ayuso ha decidido, una vez más, ponerse del lado equivocado de la historia, nosotros hemos decidido ponernos del lado de la libertad de las mujeres para poder elegir sobre su cuerpo, sobre su vida y su maternidad".
La Comunidad de Madrid Insiste en su Postura
"Preferimos que sea un tribunal quien nos lo indique, antes que un Gobierno sectario", había anunciado la Comunidad de Madrid en relación con la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores a practicar abortos. Y el asunto, efectivamente, se va a terminar judicializando.
Como ya había adelantado este fin de semana la ministra de Sanidad, Mónica García, el Gobierno presentará un recurso ante la justicia para que Madrid "cumpla con sus obligaciones" y elabore el registro al que mandata la Ley Orgánica 1/2023.
El Conflicto en Redes Sociales
El propio presidente, Pedro Sánchez, lo ha confirmado en un mensaje en la red social X en el que también apunta contra el elevado número de interrupciones voluntarias del embarazo que se practican en clínicas privadas en la Comunidad de Madrid.
"La Comunidad de Madrid deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas. Un derecho esencial, convertido en negocio" ha escrito Sánchez. "No lo vamos a permitir. Por eso, hoy mismo el Gobierno solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso administrativo ante el TSJ de Madrid. Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales".
El mensaje del presidente del Gobierno no ha tardado en ser contestado desde Sol. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y portavoz del Ejecutivo regional. Miguel Ángel García Martín, ha replicado también a través de la red social X, que el Ministerio de Sanidad "deriva al 100%, pero pero eso el Sr. Sánchez y la Sra. García lo ocultan", en referencia a la situación que, aseguran en la Comunidad de Madrid, se produce en Melilla, donde las competencias las mantiene el Estado.
"En Madrid se cumple la ley y no se niega la prestación del servicio a ninguna mujer que cumpla con los supuestos establecidos en la norma", ha añadido.
Minutos después, ha sido la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la que ha reaccionado, dando a entender que elaborar un registro viola el derecho a la objeción de conciencia y acusando a Sánchez de dictador. "Defendemos el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia. Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer", ha afirmado.
"Y el PSOE de Castilla-La Mancha derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado", apostilla en un comentario en redes sociales.
Ayuso Defiende la Libertad de Conciencia
Posteriormente, ha abundado en ello en declaraciones a la prensa antes de entrar a un acto sobre inversión en Melilla celebrado en la sede madrileña de CEOE. "¿Dónde queda la libertad de los profesionales sanitarios que quieren ejercer o que no quieren hacerlo?", se ha preguntado.
"De leyes sectarias solo podemos encontrar respuestas sectarias como la suya, a modo de dictadores que no respetan y vulneran derechos básicos como el de conciencia. Nosotros la objeción de conciencia es lo que defendemos".
"Estamos hablando de los médicos, de los sanitarios y de todas aquellas personas que, por distintos motivos, no tienen por qué manifestarse públicamente y no tienen por qué ser estigmatizados por obrar en base a su conciencia", ha añadido.
"Lo que quiero es que sea un tribunal el que decide y no un Gobierno tan sectario y que redacta de manera furibunda las leyes. Prefiero encomendarme a las decisiones de la justicia".
Ayuso Asegura que en Madrid Hay Libertad
Frente a la acusación de Sánchez de que no se respetan los derechos de las madrileñas, Ayuso ha asegurado que en Madrid hay libertad y ha señalado que en la región se practican "uno de cada cinco abortos" de los que se registran anualmente en España.
Y ha subrayado, incluso, que el 10% acude desde otras comunidades autónomas.
La Ministra García Califica la Actitud de Ayuso como un Ataque al Estado de Derecho
También la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha pronunciado, en una entrevista en TVE. La también dirigente de Más Madrid ha asegurado que la actitud del Ejecutivo madrileño supone un ataque al Estado de Derecho y ha calificado la situación de "bloqueo sistemático al derecho de las mujeres".
Implicaciones Jurídicas, Sanitarias y Políticas
El conflicto tiene implicaciones jurídicas, sanitarias y políticas. Jurídicas, por el posible incumplimiento de una ley estatal y del protocolo común del Sistema Nacional de Salud. Sanitarias, porque la falta de registro puede dificultar la organización de equipos no objetores y, por tanto, el acceso real a la IVE.
La cuestión se ha convertido en uno de los pulsos más enconados entre las dos administraciones. No es la primera vez que el propio presidente del Gobierno se pronuncia en un asunto que se entiende central en la agenda feminista y que permite la confrontación directa con el gabinete de Ayuso.
La creación del registro de objetores viene ordenado por la Ley Orgánica 2/2010, reformada en 2023, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En diciembre de 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó por unanimidad el protocolo para la creación de dicho registro.
El Gobierno de Ayuso Anticipa una Larga Batalla Legal
Madrid sigue sin elaborar ese registro. "En la Comunidad de Madrid defendemos que [el aborto] sea legal, seguro y poco frecuente", se transmitió entonces. "No se puede perseguir ni señalar a nadie por abortar o no hacerlo. Tampoco por practicar un aborto o no hacerlo. Preferimos que sea un tribunal quien nos lo indique, antes que un Gobierno sectario que no respeta nada ni a nadie".
El Gobierno de Ayuso anticipa una larga batalla legal. "Si se nos obliga a hacer un registro de objetores, con la Constitución en la mano, actuaremos para defender la libertad de conciencia y cualquier otro artículo fundamental", defienden en Sol.
El Gobierno Central Ve un Ataque al Derecho al Aborto
En Moncloa, entretanto, se extiende la negativa del Gobierno regional a elaborar lo que Ayuso ha llamado en más de una ocasión una "lista negra" a un ataque contra el propio derecho al aborto.
"La negativa del Ejecutivo regional a cumplir la ley atenta contra la libertad de las mujeres que viven en la Comunidad, generando una desigualdad de derechos frente a otros territorios, y protege los intereses de las clínicas privadas, a las que deriva más del 99% de las intervenciones", asegura el Gobierno en el comunicado en que da cuenta de la indicación dada a la Abogacía del Estado para presentar el recurso.
"El registro de objetores, cuyos datos son confidenciales y no resultan de acceso público, es una herramienta para que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar el acceso a este derecho sin derivar sistemáticamente a las mujeres a centros privados", se añade.
Antecedentes de la Polémica
Hace unas semanas, Sánchez y varios ministros acusaron a Ayuso de "volver 50 años atrás, a los viajes clandestinos a Londres". Lo hacían después de que la presidenta madrileña, en una intervención en la Asamblea regional, instara a las diputadas de la oposición a irse "a otro lado" a abortar. "No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar", fueron sus palabras.
La polémica obligó al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a fijar posición sobre el aborto.
El Ministerio de Sanidad Lleva el Caso a los Tribunales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo ha iniciado los trámites para llevar a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por negarse a elaborar el registro de objetores de conciencia frente al aborto.
Sánchez ha indicado que el Ejecutivo solicitará este lunes a la Abogacía del Estado que presente un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM): "Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales", ha escrito en X.
El presidente del Gobierno ha denunciado que la Comunidad de Madrid deriva más del 99 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas, algo que considera "un derecho esencial convertido en negocio". "No lo vamos a permitir", ha asegurado.
En un comunicado, el Gobierno ha explicado que inicia acciones legales porque la región presidida por Isabel Díaz Ayuso se niega a cumplir la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que obliga a las comunidades autónomas a crear un registro confidencial de objetores de conciencia con la finalidad de organizar los servicios médicos para garantizar el derecho al aborto.
Hace unas semanas, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid en el que se recordaba la exigencia de cumplir la ley con la creación de registros autonómicos de objetores de conciencia frente al aborto. Las dos primeras regiones pusieron en marcha los registros, no así Madrid.
"Constatado su rechazo a hacerlo", el Gobierno ha iniciado este lunes acciones legales "para hacer que se respete la ley".
"El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene su posición contra el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en la sanidad pública. (...) La negativa del Ejecutivo regional a cumplir la ley atenta contra la libertad de las mujeres que viven en la Comunidad, generando una desigualdad de derechos frente a otros territorios, y protege los intereses de las clínicas privadas, a las que deriva más del 99 % de las intervenciones", ha subrayado Moncloa.
El Ejecutivo ha insistido en que el registro de objetores es una herramienta para que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar el acceso a este derecho sin derivar sistemáticamente a las mujeres a centros privados. Además, ha recordado que los datos del registro de objetores son confidenciales y en ningún caso de acceso público.
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