Anuncio sobre el Aborto en Portugal: Un Debate en Curso
El debate sobre la despenalización y regulación del aborto en Portugal ha sido un tema recurrente y polémico en la sociedad. A lo largo de los años, se han llevado a cabo referéndums, se han propuesto leyes y se han generado intensos debates sobre los derechos reproductivos de las mujeres.
Referéndum de 2007: Un Paso Hacia la Despenalización
El 'sí' a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta el límite de las diez semanas ganó el referéndum celebrado en Portugal con el 59,25% de los votos frente al 40,25% del 'no', con prácticamente todos los votos escrutados.
Más de la mitad de los portugueses que han votado han dicho 'sí' a la pregunta: "¿Está de acuerdo con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo si es realizada, por opción de la mujer, en las primeras 10 semanas, en un establecimiento de salud legalmente autorizado?".
Pero, al igual que en 1998 el resultado no fue vinculante.
Entonces la abstención fue del 68%, pero ganó el 'no' con un 50,5% de los votos, a pesar de que los sondeos auguraban una amplia victoria del 'sí'.
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Ahora la ley tiene que ser votada en el Parlamento y después el Gobierno tiene que regular como se va a procesar la interrupción voluntaria del embarazo en los establecimientos de salud reconocidos.
Otro de los asuntos que deberán ser aclarados es si los hospitales públicos están preparados para acoger los pedidos de aborto.
Además, el Estado, tal como anunció, también tendrá que realizar un control exhaustivo de los médicos objetores de conciencia, ya que hay muchos que lo son en el sistema público y no en el privado.
Pero además de la adaptación del sistema de salud público, la nueva legislación parlamentaria supone una alteración del código penal.
A pesar de que el referéndum no ha sido vinculante, el resultado es una victoria para el primer ministro y secretario general del Partido Socialista, que se involucró de forma determinante en la campaña.
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El resultado es que en Portugal hay entre 20.000 y 40.000 abortos ilegales al año y unas 20.000 portuguesas han ido a España a interrumpir su embarazo desde 1996.
Desde 1998 en Portugal ha habido 34 procesos, 43 acusaciones y 18 condenas a mujeres por realizar abortos ilegales y la mayoría de ellas tenía menos de 10 semanas de embarazo.
Independientemente del resultado final, la abstención fue una vez más protagonista del referéndum sobre la despenalización del aborto hasta las diez semanas.
Para el sociólogo Antonio Barreto, estos resultados demuestran que "el referéndum, entendido como un cuerpo extraño en nuestra democracia, murió".
La Ley Portuguesa y el Aborto
La legislación portuguesa todavía vigente autoriza el aborto en las doce primeras semanas de gestación en los casos de violación, riesgos para la salud de la madre o malformación congénita del feto.
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Apenas quedan unos cuantos países más de la Unión Europea donde el aborto sigue siendo ilegal, como Polonia, Irlanda, Malta y Chipre, pero no comporta pena de prisión para las mujeres o el personal sanitario que ayude en un aborto.
También cabe perseguir y juzgar en Portugal a los familiares que tienen conocimiento de un aborto voluntario y no lo denuncian.
Aunque es cierto que sólo en pocos casos se ha aplicado, la ley portuguesa aún establece penas de 2 a 8 años de cárcel.
Muy sonado fue el caso de Aveiro, en 2004, cuando 17 personas fueron acusadas y condenadas por participar en interrupciones ilegales de embarazos.
Ya en 1998 hubo un referéndum, con una abstención del 68,1%.
De los que ejercieron el derecho al sufragio, el 50,6% lo hizo en contra de la despenalización del aborto.
Pero esta vez el desenlace fue bien distinto.
La abstención alcanzó el 56,39%, los votos en contra el 40,75% y a favor del derecho al aborto el 59,25%.
Como la participación quedó por debajo de la mitad de los electores, el resultado no es jurídicamente vinculante para el Gobierno, pero el primer ministro socialista José Sócrates ya anunció que “la ley será discutida ahora y aprobada por el Parlamento.
Nos interesa luchar contra el aborto clandestino y tenemos que sacar una ley que respete el resultado del referéndum.”
Solamente durante el año pasado se realizaron entre 17.000 y 18.000 abortos tan ilegales como peligrosos.
Cerca de 350.000 portuguesas entre los 18 y los 49 años de edad se sometieron al menos a una interrupción del embarazo en su vida.
El 14,3% de quienes recurrieron al aborto el año pasado viajaron a España.
A la clínica “Los Arcos” de Badajoz, a unos kilómetros de la frontera, le llega un 60% de sus clientes precisamente de Portugal.
Unas 4.000 mujeres viajaron el año pasado hasta esa clínica española o hasta un centro similar situado en Mérida.
La clandestinidad de la interrupción del embarazo hace que en Portugal cueste unos 1.000 euros, mientras en Los Arcos oscila entre los 350 y los 625 euros.
Claro que ahora esta clínica española está dispuesta a prestar sus servicios en el mismo centro de Lisboa.
Quizá no le vaya tan bien como ahora.
El ministro de Sanidad, Correia de Campos, aseguró ayer que los hospitales públicos están preparados para acoger las solicitudes de las mujeres.
Muy probablemente saltará pronto la objeción de los médicos que se negarán a interrumpir un embarazo por razones de conciencia.
Habrá que contemplar éstas y otras dificultades lógicas de un proceso tan complicado para las costumbres portuguesas, muy arraigadas en las tradiciones católicas más reaccionarias.
En todo caso, celebramos este paso delante de la sociedad portuguesa, tan cerca y tan lejos habitualmente de nuestros medios de comunicación y de nuestras preocupaciones.
Desafíos y Barreras Actuales
En Portugal, muchos hospitales públicos están derivando las interrupciones voluntarias del embarazo a centros privados, como la clínica Arcos en Lisboa, que actualmente atiende el 30% de los casos.
El problema persiste enraizado en el estigma que rodea este procedimiento.
Muchas mujeres optan por pagar o incluso viajar a España para acceder a servicios que en su país enfrentan múltiples limitaciones.
La clínica Arcos recibe gratuitamente a pacientes derivadas de hospitales públicos de las regiones centro y sur de Portugal.
Además, opera una clínica en Badajoz, que el año pasado atendió a más de 400 mujeres portuguesas.
El director médico, Rui Marques, advierte sobre las desigualdades económicas asociadas: "Las mujeres que van a España son las que tienen capacidad económica, así que acabamos penalizando a las que tienen pocos recursos".
En España, el plazo legal para interrumpir un embarazo es de 14 semanas, ampliable a 22 en casos excepcionales, mientras que en Portugal la ley establece un límite de 10 semanas y seis días.
Además, obliga a las mujeres a someterse a un periodo de reflexión de tres días, lo que, según Marques, añade un obstáculo innecesario: "El 85% de las mujeres que vienen a nuestra consulta tienen totalmente la decisión tomada".
Este periodo de reflexión puede ser determinante, impidiendo que algunas mujeres cumplan con el plazo legal: "Imaginaos que nos llega una embarazada de 10 semanas y 4 días.
Con los tres días de reflexión, ya no pueden interrumpir su embarazo", explica Marques.
Otro desafío importante es la elevada cantidad de médicos objetores de conciencia.
Según datos oficiales, el 30% de los profesionales de hospitales públicos portugueses no realizan abortos.
Esto obliga a muchas mujeres a cruzar la frontera hacia ciudades como Badajoz o Vigo en busca de una atención más accesible y menos restrictiva.
La situación refleja las desigualdades y las barreras institucionales que persisten en el acceso a los derechos reproductivos en Portugal, y pone en evidencia la necesidad de abordar el estigma y las limitaciones legales que afectan a las mujeres más vulnerables.
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