Día Internacional del Aborto Seguro: Historia y Significado
El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, un día en el que se refuerza el compromiso de luchar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se asumió el 28 de septiembre como el día por la despenalización del aborto, en el marco del V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina, en el año de 1990.
Dentro de los derechos sexuales se incluye el derecho a un aborto seguro y libre. El aborto continúa estando fuertemente restringido en muchos países, con graves repercusiones para la salud y la vida de las mujeres. A pesar de los adelantos en derechos humanos e igualdad, todavía vivimos en un contexto global donde los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son vulnerados sistemáticamente. En pleno siglo XXI, la discriminación, la exclusión, las amenazas de castigo físico, prisión u otras formas de represión contra la mujer siguen siendo una realidad.
Todos los avances conseguidos en salud sexual y salud reproductiva hasta ahora se deben a las luchas feministas y su capacidad de transformación de las sociedades. Pero es sabido que los derechos tardan mucho en conseguirse y un suspiro en perderlos, especialmente, todos aquellos derechos humanos que tienen que ver con las mujeres. En Estados Unidos, este año, el aborto ha dejado de ser un derecho constitucional tras 50 años en que sí lo fue.
El Patriarcado y los Derechos Reproductivos
Estas prácticas son el reflejo de sistemas patriarcales arraigados, que utilizan el control sobre los cuerpos de las mujeres como una herramienta para mantener el poder y el orden social establecido. El patriarcado, en su manifestación contemporánea, sigue utilizando diferentes mecanismos de opresión en el ámbito de los derechos reproductivos:
- Criminalización del aborto: aunque el aborto es legal en algunos países, en otros muchos continúa siendo severamente castigado, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Los castigos incluyen penas de prisión tanto para las mujeres como para los profesionales médicos que las asisten.
- Control sobre la sexualidad de las mujeres a través de normas culturales, religiosas o políticas. El acceso en la educación sexual integral y a los métodos anticonceptivos está limitado o prohibido, y esto perpetúa la exclusión y la vulnerabilidad.
- Estigmatización y violencia: Las mujeres que acceden al aborto o a métodos anticonceptivos a menudo son estigmatizadas socialmente. Además, muchas mujeres son víctimas de violencia sexual, con pocas oportunidades para acceder a justicia o servicios de apoyo adecuados.
Cuando se limitan los derechos reproductivos, se restringe la capacidad de las mujeres para tomar decisiones autónomas sobre su vida, su salud y su futuro, perpetuando ciclos de pobreza y desigualdad.
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En un mundo donde la igualdad de género y los derechos humanos tendrían que ser un principio fundamental, la lucha por la libertad reproductiva continúa siendo un reto central contra las estructuras patriarcales.
La Situación del Aborto en España
En España el aborto no siempre fue legal y seguro, ni un derecho. Hasta el año 1985, el aborto era una práctica totalmente prohibida en España. El aborto no se regula en España hasta el año 1985. De Europa es uno de los últimos países que incorpora a su cuerpo legislativo un texto despenalizador del aborto (Francia, 1974; Italia, 1978).
La historia de la legalización del aborto en España ha sido compleja y ha evolucionado a lo largo de los años:
- 1936-37 - Despenalización de la práctica del aborto: El 25 de diciembre de 1936, en Cataluña, se legaliza el aborto libre durante las 12 primeras semanas de embarazo. Además, en las zonas leales a la República durante la Guerra Civil Española, siendo ministra de sanidad Federica Montseny se despenalizó la práctica del aborto inducido en 1937, pero su vigencia duró muy poco tiempo, hasta la dictadura.
- 1985 - Despenalización parcial: Con la Ley Orgánica 9/1985, se despenalizó parcialmente el aborto, permitiéndolo en tres supuestos: peligro para la salud física o psíquica de la madre, violación (hasta las 12 semanas), y malformación fetal (hasta las 22 semanas).
- 2010 - Aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo: Que permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación y hasta las 22 semanas en casos de riesgo para la salud de la madre o graves anomalías en el feto.
- 2014 - Intento de reforma restrictiva: Limitar el acceso al aborto solo en caso de violación o riesgo grave para la salud de la madre. La oposición social fue clave para su retirada.
- Situación actual: Hoy en día, el aborto es legal en España según los términos establecidos por la ley de 2010, pero todavía hay barreras de acceso, como la falta de disponibilidad en algunas regiones o la negativa de profesionales sanitarios a practicar abortos por objeción de conciencia.
Con la Ley Orgánica 2/ 2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, se reconoce el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad sin tutelas, al permitir el aborto por decisión de la mujer en las primeras 14 semanas de embarazo, o bien dentro de las 22 semanas de gestación por causa médica materna o fetal. Es una ley de plazos e indicaciones, semejante a las leyes que regulan el aborto en el resto de Europa.
En oposición a esto, hay manifestaciones impulsadas por sectores conservadores y religiosos. Estas acciones “provida”, en muchas ocasiones se llevan a cabo frente a clínicas donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo, coaccionando moralmente a las mujeres que acceden a estos servicios médicos en un momento difícil y haciéndolas aún más vulnerables.
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El Aborto en el Mundo: Una Realidad Compleja
Aún hoy, en muchos lugares del mundo, no se permite el aborto bajo ninguna circunstancia y las mujeres siguen recurriendo al mismo siempre que lo necesitan, independientemente de las leyes, de las condiciones, de las barreras y de los riesgos para su vida. Así, de los aproximadamente 56 millones de abortos inducidos que tienen lugar cada año, se estima que unos 25 millones (un 45%) son inseguros, como consecuencia, al menos, 23 mil mujeres mueren cada año. ( Guttmacher Institute.
El acceso a un aborto legal, seguro y gratuito es un derecho fundamental para que mujeres y niñas puedan disfrutar y ejercer plenamente sus derechos humanos, como el derecho a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a la salud y a la intimidad, tal y como reconoce el código internacional de Derechos Humanos. Además, según algunos organismos de las Naciones Unidas, existe una elevada relación entre las leyes restrictivas, los abortos clandestinos e inseguros y las altas tasas de mortalidad y morbilidad materna.
Sin embargo, son muchos los países alrededor del mundo en los que las mujeres enfrentan importantes retos a la hora de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Por este motivo continúa siendo clave el Día Global por el Acceso a un Aborto Legal, Seguro y Gratuito que celebramos hoy.
En la mayoría de los países africanos el aborto está prohibido o únicamente permitido en casos en los que las vidas de las mujeres estén en grave situación de riesgo. En Asia, en algunos países el aborto está permitido por la ley, pero en la mayoría son leyes severas o que conllevan elevados costes económicos para las mujeres que deseen abortar. En Europa y Estados Unidos, son muchos los países en los que los grupos de oposición atacan a la libertad reproductiva de las mujeres imponiendo restricciones legales y financieras, proyectando estigmas y discriminaciones y obstruyendo el acceso a un aborto seguro.
Por eso tal día como hoy, 28 de septiembre, se marca en el calendario como una jornada en la que alrededor de todo el planeta se llevan a cabo diversas iniciativas por la despenalización y la descriminalización del aborto.
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El Día Global de Acción por el Acceso a un Aborto Legal, Seguro y Gratuito se erige como un movimiento internacional que promueve el acceso universal a un aborto legal, seguro y gratuito como un derecho de salud y un derecho humano de las mujeres, básico para el pleno ejercicio de derechos humanos tan básicos y fundamentales como el derecho a la integridad del cuerpo, la autonomía en la toma de decisiones sobre la reproducción y el derecho a la privacidad, entre tantos otros.
El aborto es un procedimiento médico que pone fin al embarazo. Es una necesidad básica de atención de la salud para millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas. Se calcula que en todo el mundo, cada año, se producen 73 millones de abortos. Seis de cada diez embarazos no deseados acaban en aborto.
Pero, aunque la necesidad de someterse a un aborto es común, el acceso a servicios legales y sin riesgos de aborto dista de estar garantizado para quienes puedan necesitarlos.
De hecho, el acceso al aborto es uno de los temas más controvertidos en todo el mundo, y el acalorado debate que genera está empañado por la desinformación sobre las verdaderas repercusiones de restringir el acceso a este servicio de salud básico.
Poner fin a un embarazo es una decisión común, que toman millones de personas. Todos los años, el 61% de los embarazos no deseados acaban en aborto. Y con independencia de que el aborto sea o no legal, la gente sigue necesitando servicios de aborto y accediendo de manera habitual a ellos.
Cuando lo practica un proveedor de servicios de la salud capacitado y con las debidas condiciones de salubridad, el aborto es uno de los procedimientos médicos que menos riesgos entraña, menos aún que el parto.
Pero cuando los gobiernos restringen el acceso al aborto, las personas se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos y con riesgo, en especial si no tienen medios para pagarse un viaje a otro país o atención privada. Lo que nos lleva al siguiente aspecto de la cuestión.
Es por ello que los intentos de prohibir o restringir el aborto no consiguen reducir el número de abortos; lo que hacen es obligar a las personas a someterse a abortos inseguros.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto inseguro como “un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos”. La OMS calcula que todos los años tienen lugar 33 millones de abortos peligrosos, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo.
A diferencia de los abortos legales, practicados por proveedores de servicios médicos capacitados, los abortos inseguros pueden tener consecuencias fatales. Cada año, entre el 4,7% y el 13,2% de las muertes maternas se deben a un aborto peligroso. Se calcula que en las regiones desarrolladas, por cada 100.000 abortos peligrosos se producen 30 defunciones, mientras que esta proporción aumenta hasta las 220 defunciones por cada 100.000 abortos peligrosos en las regiones en desarrollo.
Las muertes y lesiones causadas por abortos inseguros son evitables. Sin embargo, tales muertes son comunes en los países donde el acceso al aborto está limitado o prohibido por completo, pues la mayoría de las mujeres y las niñas que necesitan someterse a un aborto debido a un embarazo no deseado no pueden acceder legalmente a él.
En los países con tales restricciones, la legislación prevé normalmente una lista reducida de excepciones a la penalización del aborto. Entre ellas puede figurar que el embarazo sea consecuencia de una violación o de incesto, que se trate de un caso de malformación grave y mortal del feto o que haya riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada.
Sólo un pequeño porcentaje de abortos se practica por estos motivos, lo que significa que la mayoría de quienes viven en países con este tipo de legislación pueden verse obligadas a recurrir a abortos inseguros y poner su salud y su vida en peligro.
Las que son ya personas marginadas se ven afectadas de manera desproporcionada por tal legislación, pues no tienen medios para recurrir a servicios legales y sin riesgos en otro país o acceder a atención privada. Entre ellas figuran las personas con bajos ingresos, las refugiadas y migrantes, las adolescentes, las lesbianas, las mujeres bisexuales, las personas transgénero y las mujeres pertenecientes a minorías o indígenas.
La OMS ha señalado que uno de los primeros pasos que deben darse para evitar las lesiones y muertes maternas es que los Estados garanticen que las personas tienen acceso a educación sexual, pueden utilizar métodos anticonceptivos eficaces, pueden someterse a abortos legales y sin riesgos y reciben atención con prontitud en caso de complicaciones.
Los datos disponibles indican que el 22,5% de las mujeres en edad reproductiva no encuentran satisfechas sus necesidades de planificación familiar. Los índices de aborto son más altos en los países donde el acceso a los métodos anticonceptivos es limitado. Los índices de aborto se reducen cuando las personas, incluidas las adolescentes, tienen información sobre métodos anticonceptivos modernos y pueden acceder a ellos, así como cuando existe educación sexual integral y es posible el acceso al aborto legal y sin riesgos por numerosos motivos.
Argentina se sumó a esta lista el 30 de diciembre de 2020 con la aprobación por el Senado de la Ley que permite la interrupción del embarazo hasta la 14 semana de gestación. Fue el resultado de la larga lucha de las mujeres argentinas, la “ola verde” que movilizó también a mujeres de otros países bajo el lema #QueSeaLey. También las mujeres en México lograron un avance inmenso para poder decidir con mayor libertad sobre el embarazo cuando la Suprema Corte despenalizó el aborto en 2023, tras una decisión histórica votada por unanimidad. Ahora las mujeres saben que ya no irán a la cárcel por tomar la decisión de abortar, o simplemente porque alguien las acuse de hacerlo. En Colombia las organizaciones de mujeres reclamaron al Tribunal Constitucional y consiguieron que este despenalizara el aborto en 2022.
A pesar de la tendencia a reformar la legislación para impedir las muertes y lesiones, algunos países -entre ellos Nicaragua y El Salvador, República Dominicana, Honduras, Malta, Marruecos- mantienen leyes draconianas y discriminatorias, que siguen prohibiendo el aborto totalmente o prácticamente en todas las circunstancias.
Además, Estados Unidos dio un importante retroceso en materia de derecho al aborto en 2022, cuando pasó a ser competencia de cada estado, y desde la vuelta a la presidencia de Donald Trump en 2025. En 2024 se votó a favor de proteger el derecho al aborto en siete estados, pero 19 estados tienen una prohibición total o prácticamente total en la práctica del aborto, lo que deja a millones de mujeres y personas gestantes sin acceso efectivo a este derecho.
Incluso en los países con acceso en general a servicios legales de aborto, las personas embarazadas pueden encontrar aún múltiples restricciones y obstáculos para acceder a ellos, como el precio, la falta de imparcialidad en el asesoramiento y la existencia de plazos obligatorios de espera. En Irlanda del Norte, aunque el aborto se despenalizó en 2019, las mujeres encuentran muchos obstáculos para ver atendidas sus necesidades y poder ejercer su derecho a un aborto seguro. La OMS ha publicado una guía técnica para los Estados sobre la necesidad de identificar y eliminar tales obstáculos.
Esto puede deberse a varios factores, como las convicciones personales, el estigma sobre el aborto, los estereotipos negativos sobre las mujeres y las niñas o el temor a incurrir en responsabilidad penal. También disuade a las mujeres y las niñas de solicitar atención después del aborto en caso de complicaciones provocadas por un aborto inseguro o de otras complicaciones relacionadas con el embarazo.
Uno de los mayores obstáculos que encuentran estos grupos para acceder a servicios de aborto es la falta de acceso a la atención de la salud. Además, en el caso de las que sí tienen acceso a la atención de la salud, pueden sufrir estigma y opiniones prejuiciosas en la prestación de servicios de salud, así como la presunción de que no necesitan acceso a información y servicios relacionados con la contracepción y el aborto. En algunos contextos, el 28% de las personas transgénero denuncian sufrir hostigamiento en los entornos médicos, y el 19% afirman que se les niega por completo la atención medica debido a su condición transgénero, siendo aún mayor el porcentaje en las comunidades de color. Esto se debe a muchos factores interrelacionados de pobreza, raza y discriminación múltiple conexa.
Los defensores y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos y los activistas y las activistas de los derechos LGBTIQ+ hacen campaña para sensibilizar sobre esta cuestión y conseguir que los servicios de aborto sean accesibles e inclusivos para todas las personas que los necesiten sin discriminación por ningún motivo.
Esta afirmación es aplicable a todas las mujeres y todas las personas que puedan quedarse embarazadas, pues el Comité de la CEDAW ha confirmado que las salvaguardias de la Convención y las obligaciones de los Estados conexas se aplican a todas las mujeres e incluyen, por tanto, la discriminación contra las mujeres que son lesbianas, bisexuales y/o transgénero, especialmente si se tienen en cuenta las formas específicas de discriminación que sufren.
En segundo lugar, el estigma en torno al aborto y los estereotipos de género están estrechamente relacionados con la penalización del aborto y otras leyes políticas restrictivas sobre el aborto.
La mera percepción de que el aborto es ilegal o inmoral da lugar a que el personal de los servicios de salud, la familia y los jueces, entre otros, estigmaticen a las mujeres y las niñas. Aunque el derecho al aborto en España está garantizado en la ley (con los plazos y requisitos establecidos), la inmensa mayoría de las intervenciones se realizan en clínicas privadas concertadas.
Y esto es así porque los hospitales públicos eluden hacer este trabajo y desatienden este derecho, alegando la objeción de conciencia del personal sanitario. Como el derecho al aborto que da la ley no puede quedar anulado por la conciencia individual del personal sanitario, el “falso” dilema se resuelve derivando a las mujeres a las clínicas concertadas.
Esta situación se agrava porque siempre hay grupos antiaborto a las puertas de las clínicas privadas que acosan con insultos y amenazas a las mujeres que asisten a ellas. En 2023 entró en vigor la Ley Orgánica1/2023, de 28 de febrero por la que se amplían derechos y nuevas medidas para garantizar su plena aplicación. En este último sentido se establece la obligación de que cada hospital cuente con la relación de personal sanitario objetor y poder así planificar la garantía de la prestación, mayoritariamente en la sanidad pública y, por tanto, cerca de los domicilios de las mujeres. Sin embargo, un año después de su entrada en vigor, solo cinco comunidades autónomas contaban con un registro.
Según el derecho internacional de los derechos humanos, toda persona tiene derecho a la vida, a la salud y a no sufrir violencia, discriminación ni tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El derecho de los derechos humanos especifica claramente que las decisiones sobre nuestro cuerpo son sólo nuestras, principio que se conoce como “autonomía física”.
Obligar a alguien a mantener un embarazo no deseado o a buscar un aborto inseguro es una violación de sus derechos humanos, incluidos los derechos a la intimidad y a la autonomía física.
En muchas circunstancias, quienes no tienen más opción que recurrir a un aborto inseguro corren además riesgo de procesamiento y sanción, incluida prisión, y pueden también exponerse a sufrir trato cruel, inhumano y degradante, discriminación y exclusión en el acceso a servicios esenciales de atención a la salud después del aborto.
El acceso al aborto está, por tanto, esencialmente ligado a la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las demás personas que pueden quedarse embarazadas y a la con...
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