El Aborto como un Bien Social: Argumentos y Perspectivas
El inicio de la vida y la muerte han sido históricamente dos situaciones que han planteado importantes problemas éticos. Ambas constituyen los dos momentos más importantes de la vida, compartiendo todavía algo de misterio y solemnidad. Particularmente los problemas éticos al inicio de la vida han ocasionado actitudes muy polarizadas con dificultades para llegar a acuerdos sociales.
En este artículo se discutirán las implicancias de las posiciones que tienen los actores relacionados con el aborto en nuestra sociedad. Se identifican, a grandes rasgos, tres grupos: quienes manifiestamente se encuentran contra el aborto y dicen velar por la santidad de la vida; quienes están a favor de la despenalización del aborto y encuentran su fundamento en el hecho de que el aborto es un problema de salud pública que afecta la dignidad de las mujeres; y las posiciones intermedias ―a quienes llamaré "Ni-Ni"― donde están aquellos que ni están absolutamente en contra del aborto ni están a favor del aborto en todas sus causales.
El Aborto No Seguro: Una Crisis Médica Prevenible
El aborto no seguro es una de las principales causas de mortalidad materna, responsable de al menos 1 de cada 12 muertes. Cada año, millones de mujeres enfrentan complicaciones graves, como infecciones y hemorragias, debido a la falta de acceso a servicios médicos seguros. Sin acceso a un aborto seguro, muchas mujeres recurren a métodos inseguros, lo que aumenta el riesgo de complicaciones como infecciones, lesiones internas y fertilidad reducida. Las mujeres en África, Latinoamérica y Asia son las más afectadas por este problema de salud.
Las muertes a causa de abortos no seguros se reducen enormemente cuando la mujer puede acceder a servicios médicos. Por ejemplo, tras la legalización del aborto en Sudáfrica en 1996, diversos estudios confirmaron que, para el año 2000, la mortalidad materna por abortos no seguros se había reducido en un 91%; además, el número de mujeres con infecciones causadas por estos procedimientos se había reducido a la mitad.
Complicaciones del Aborto No Seguro
Las principales complicaciones de un aborto no seguro son hemorragia grave, infección, peritonitis y lesiones en vagina y útero; también pueden darse consecuencias a largo plazo que afecten a embarazos futuros, entre ellas la infertilidad.
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Cómo Prevenir las Muertes por Aborto No Seguro
Prevenir la mortalidad y el sufrimiento causados por un aborto no seguro requiere tres acciones principales: proporcionar anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, ofrecer servicios de interrupción sin riesgos (incluyendo proporcionar asesoramiento a la mujer) y tratar las complicaciones resultantes del aborto.
Médicos Sin Fronteras y el Aborto No Seguro
Médicos Sin Fronteras (MSF) respondemos a las consecuencias del aborto no seguro, proporcionando atención médica a las mujeres que sufren complicaciones. En muchos de nuestros proyectos de salud sexual y reproductiva, abordamos las consecuencias del aborto no seguro y ofrecemos servicios de aborto seguro cuando es necesario. En 2019, MSF atendimos a miles de mujeres por complicaciones de abortos inseguros y proporcionamos más de 21.500 servicios de aborto seguro. Nuestro objetivo es reducir las consecuencias del aborto no seguro y mejorar el acceso a atención médica para todas las mujeres, sin importar su contexto.
MSF no tiene una posición política ni ética sobre el aborto; como organización médico-humanitaria, considera las consecuencias de los abortos no seguros como una cuestión médica a la que hay que responder. Los riesgos de un aborto no seguro son bien conocidos y pueden prevenirse prestando una atención adecuada a estas mujeres.
MSF no alentamos el aborto en absoluto. La interrupción del embarazo es, exclusivamente, elección de la mujer. Nuestro único objetivo es evitar las consecuencias del aborto no seguro. Cuando una mujer está decidida a interrumpir su embarazo, buscará la forma de someterse a un aborto independientemente de si el procedimiento es seguro y legal o no. Y si no le es posible acceder a un aborto en condiciones médicas seguras, arriesgará la vida para interrumpir el embarazo. Cuando ocurren complicaciones derivadas de un aborto no seguro, la mujer suele renunciar a buscar ayuda médica profesional por temor a las consecuencias sociales que esto le pueda acarrear.
Legislación y Retrocesos Globales
En los últimos 30 años, más de 60 países de todos los continentes han modificado su legislación para permitir el acceso al aborto. Casi la mitad de esos países están en África. Asia representa una quinta parte de los países liberalizadores. En América Latina, la legislación ha avanzado en Chile, Argentina, México y Colombia con la despenalización, y aunque en menor medida, también hubo avances en Chile. Europa es el continente donde el derecho al aborto seguro está más extendido e Irlanda fue el último país en despenalizarlo, a finales de 2018.
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Pero al mismo tiempo se están produciendo graves retrocesos, como en Polonia, donde en 2020 se eliminó uno de los únicos tres supuestos en que estaba permitido abortar. O como en Estados Unidos, donde el derecho al aborto ya no está protegido por la Constitución, según dictaminó su Tribunal Supremo en junio de 2022, y a partir de esta sentencia cada uno de los estados federados puede establecer limitaciones muy restrictivas e incluso la prohibición total, como ya está sucediendo en la mitad del país. Con esta decisión las mujeres norteamericanas retroceden 50 años en su autonomía para decidir sobre el embarazo y la maternidad.
El lobby antiaborto mundial lanza mensajes y bulos sobre el aborto repetidos una y otra vez sin datos ni base científica, en sus campañas de presión a la ciudadanía para estigmatizar el derecho al aborto, para lograr que los gobiernos lo prohíban o que eliminen leyes que garantizan este derecho.
La única forma de acabar con el aborto es prohibirlo, pero esto no es lo que afirma la Organización Mundial de la Salud: “los datos demuestran que las políticas restrictivas no solo no reducen el número de abortos, sino que también afectan a la posibilidad de que se practiquen de forma digna y sin riesgos. La proporción de abortos peligrosos es significativamente más elevada en los países que imponen leyes restrictivas, que en aquellos dónde estas leyes son más laxas”.
Según estudios del Instituto Guttmacher, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, se estima que las tasas de aborto son de 33 por mil mujeres en edad reproductiva en África y 32 por mil en América Latina y Caribe, regiones ambas donde el aborto está severamente restringido.
En España, según datos del Ministerio de Sanidad, la tasa de abortos en mujeres entre 15 y 44 es de 12,2 por mil mujeres en 2023; en este año se contabilizaron 103.093 abortos, con un aumento del 4,8% respecto al año anterior.
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También el Relator especial de la ONU, la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa ratifican que la prohibición del aborto no hace que desaparezcan ni acaba con la necesidad de las mujeres y adolescentes a recurrir a este derecho. Por el contrario, una política de salud sexual y reproductiva integral, desde la formación e información hasta la atención sanitaria, garantiza la toma de decisiones responsables sobre el embarazo y la maternidad.
Argumentos y Falsas Dicotomías
NO al aborto, SÍ a la vida. “Soy provida”
Es una falsa dicotomía, pero es el eslogan reiterado por el lobby antiaborto mundial. ¡Como si las mujeres no estuvieran a favor de la vida! Son precisamente ellas las que demandan a los gobiernos medidas que garanticen una maternidad responsable: acceso a la salud sexual y reproductiva y disponer de las condiciones económicas básicas que les permitan asegurar el bienestar de su familia.
Todas las personas, en virtud del derecho internacional, tienen derecho a la vida desde el momento de nacer, y ningún organismo de derechos humanos ha dicho que el aborto sea incompatible con el derecho a la vida. Pero también el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha reiterado que lo que es una amenaza para la vida y la salud de las mujeres y las adolescentes es prohibir el acceso a un aborto legal y seguro al obligarlas a recurrir a abortos clandestinos, insalubres y de riesgo.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo se producen 33 millones de abortos peligrosos.
Defender el derecho a un aborto legal y seguro respetando la autonomía de las mujeres no está en contradicción con la defensa del derecho a la vida en el marco de los derechos humanos, independientemente del respeto que merece la posición moral, ética o religiosa de cada persona en conciencia.
El aborto es un asesinato y debe estar en el Código Penal
Es el mensaje tremendista que oculta que el derecho a la vida comienza al nacer la persona, como cualquier otro derecho humano. Por el contrario, ninguna mujer debe verse obligada a elegir entre morir o ir a la cárcel.
El derecho y las normas internacionales de los derechos humanos no reconocen los denominados derechos del feto ni otras aplicaciones de los derechos humanos a fetos, embriones, zigotos o gametos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una sentencia de 2004, señaló que "el feto no se considera como una persona directamente protegida por el artículo 2 de la Convención” (el referido al derecho a la vida), porque si así fuera, “se limitarían de manera abusiva los derechos establecidos a las personas ya nacidas”.
Por el contrario, son los Estados que prohíben y criminalizan el aborto en todos los supuestos, incluso cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la embarazada, los que pueden estar ejerciendo violencia de Estado contra las mujeres.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2023 murieron cada día unas 700 mujeres por causas relacionadas con el embarazo o el parto que podrían haberse evitado. En total, se registraron aproximadamente 287.000 muertes maternas ese año. Entre el 4,7 % y el 13 % de estas muertes se debieron a abortos inseguros.
La OMS también advierte que, mientras en las regiones desarrolladas se producen alrededor de 30 muertes por cada 100.000 abortos inseguros, en las regiones en desarrollo esta cifra asciende a 220 muertes por cada 100.000.
También forma parte de los derechos humanos preservar la salud de las niñas, y sabemos que los riesgos ante el parto de niñas embarazadas se multiplican por cuatro respecto a las mujeres adultas. Las complicaciones de embarazo y parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes.
Se estima que en los países de ingresos medio-bajos se producen 21 millones de embarazos entre las adolescentes de entre 15 y 19 años y la mitad son no deseados. A su vez el 55% estos embarazos terminan en abortos inseguros. Son datos de la Organización Mundial de la Salud.
Pero obligar a una niña a llevar a término su embarazo no sólo amenaza su vida y su salud, sino que destruye también sus oportunidades de vida futura, el abandono de la escuela, el estigma social, el daño psicológico y emocional. Son daños que representan una forma de violencia institucionalizada que puede ser considerada tortura. Porque ellas SON NIÑAS, NO MADRES.
El aborto es la primera causa de feminicidio en el mundo
El mensaje se ha usado por quienes hacen campaña contra el derecho al aborto de forma provocadora, a sabiendas de que el concepto de “feminicidio” tiene otro significado. Este concepto nace y es utilizado por los movimientos feministas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, para definir la violencia que, con el resultado de asesinatos, se ejerce sobre las mujeres por el solo hecho de serlo.
Un problema diferente es que en algunas sociedades como China e India, la discriminación de género hace que haya una preferencia por los hijos varones y esto ha contribuido a la práctica de abortos en función del sexo del feto. En estos casos la autonomía de las mujeres para decidir responsablemente sobre su embarazo se ve conculcada por la discriminación social hacia las mujeres y las niñas, a las que la sociedad puede considerar una “carga económica” y negarles su valor como seres humanos. Aquí lo que está en juego no es sólo el derecho al aborto legal y seguro, sino la discriminación de género.
Las mujeres y las adolescentes usan el aborto como cualquier otro método anticonceptivo
Con este mensaje se trata nuevamente de presentar a las mujeres como irresponsables, “menores de edad” e incapaces de discernimiento. Pero el derecho al aborto no es un derecho aislado sino que forma parte de la salud sexual y reproductiva integral, de los derechos económicos y sociales, del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Esto significa que corresponde a los Estados garantizar a todas las personas el acceso a la educación afectivo-sexual, a métodos anticonceptivos, a los servicios de salud integral, incluido el aborto con garantías sanitarias, y todo ello asegurando la igualdad de trato y no discriminación por causas socioeconómicas, por ser minorías étnicas;o por cualquier otro motivo inherente a la identidad de la persona.
Son las mujeres con menos recursos y más vulnerables las que se someten a abortos clandestinos arriesgando incluso su vida y su libertad en los países donde el aborto está prohibido o castigado por el código penal.
El aborto va contra las personas con discapacidad
Con este falso mensaje se pretende utilizar a estas personas para justificar la prohibición del aborto. Porque establecer como una causal del derecho al aborto una grave malformación del feto o su inviabilidad hasta llevar a término el embarazo, no tiene nada que ver con defender los derechos de las personas con discapacidad.
La mejor forma de promover los derechos de estas personas y combatir su discriminación social es establecer políticas que apoyen su autonomía y su igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Una de estas medidas es garantizar su derecho a tener una vida afectivo-sexual plena, prohibiendo la esterilización forzada, asegurando el acceso a métodos anticonceptivos y el acceso al aborto sin riesgos.
El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sostiene que es a la mujer embarazada a la que corresponde la decisión de continuar con el embarazo después de un diagnóstico de malformación del feto.
Garantizar el derecho al aborto como un servicio de salud pública supone anular el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario
Esta dicotomía es falsa. En primer lugar porque no es un derecho humano negar la atención médica por motivos de conciencia o de creencias religiosas. Pero además, en la práctica, ambos derechos son perfectamente compatibles y los Estados tienen la obligación de regularlos adecuadamente.
No podría suceder, como ha manifestado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que el acceso a los servicios de aborto se dejara de prestar porque la población médica es objetora de conciencia. Basta establecer las opciones alternativas de atención para sustituir al personal sanitario que se declare objetor, desde la información a la prestación del servicio. Y, en todo caso, el personal sanitario debe atender siempre en situaciones de emergencia y con independencia de sus creencias personales la vida de cualquier embarazada o evitar consecuencias graves, incluida la atención posterior al aborto en estos supuestos.
El Aborto como un Bien Social
El aborto debe ser considerado como una parte importante del cuidado de la salud en general y reproductiva en particular. El aborto forma parte de la medicina reproductiva y no puede ni debe ser su antítesis. El aborto es necesario y no es un mal sino un bien social. Aborto y maternidad van de la mano. La libertad de ser madre implica la libertad de no serlo.
Quitarle los derechos a una mujer por un embarazo es a todas luces un atropello. Por otro lado ninguna mujer estaría obligada a abortar. Lo lamentable es que un grupo minoritario de personas, la mayor parte de las veces radicales, auto manifestándose en favor de la vida, quiere imponer a toda la sociedad la idea de que el aborto es un asesinato, que una nueva célula es una persona, que el aborto es una industria o que el aborto es una amenaza para la sociedad. Esta manera de pensar me resulta totalitarista y no democrática. Para colmo, la mayoría de estas personas no son libres pensadores sino que tienen fuertes conflictos de intereses con las religiones.
La Polémica Social Sobre el Aborto
El aborto es un tema incómodo por excelencia. Incluso bastantes de ellos habrán pasado estas páginas en busca de una lectura más confortable. Y es que el aborto es algo de lo que, salvo unos pocos, nadie quiere hablar ni oír hablar. Para la mayor parte de la sociedad española, especialmente para ese sector de la misma que se considera razonable, ilustrado y moderado, el aborto es algo así como un no-tema.
En el plano político esto que digo se pone claramente de manifiesto. Era bastante conocido que, si el partido socialista volvía a ganar las elecciones, en esta legislatura tocaba revisión de la normativa sobre el aborto. No obstante, dicho partido no tuvo el coraje de incluir más de tres líneas muy poco comprometidas de referencia al asunto en su último programa electoral.
En el momento presente, la posición oficial de los populares ante el tratamiento legal del aborto se mueve entre la aséptica afirmación de que, mientras haya una determinada ley, ésta ha de cumplirse y la alegación de que no existe una verdadera demanda social de flexibilización de la normativa vigente, de manera que, si el ejecutivo promueve ahora una iniciativa sobre la materia, lo hace con el propósito de distraer la atención de la opinión pública, de tender una nueva cortina de humo que aparte la vista del problema real que ahora acucia a la sociedad española, que no es otro que la crisis económica.
En semejante contexto, es evidente que a un verdadero debate de fondo, por lo menos en sede parlamentaria, no vamos a asistir. Como tampoco lo hay en esas comisiones de expertos designados por el Gobierno para asesorar sobre la iniciativa legislativa, de carácter absolutamente monocolor, donde no se ha debate el an sino sólo el cómo y en particular el cuándo. Y no hay debate porque el posible debate está predecidido por el carácter “progresista” de la causa. Promover una mayor liberalización de las prácticas abortivas es algo progresista, propugnar un mayor rigor legal es algo reaccionario, autoritario y antipático, con lo cual, en un país donde no se confrontan argumentos sino etiquetas, ya está todo dicho.
En el ámbito jurídico, en el mundo de los juristas, no es muy diferente lo que sucede. En definitiva, se trata de un tema de derecho penal, algo que pertenece a una rama bastante especializada del derecho público. Para el grueso de los juristas, tanto teóricos como prácticos, que nos ocupamos de las extensas materias del derecho privado o de aquella parte del derecho público y administrativo que tiene sustancia económica, el aborto no es un tema que suscite un particular interés profesional y, sean cuales sean las convicciones personales de cada uno, la postura más extendida es la de no significarse en una cuestión que tiene un importante coste de imagen.
Sin embargo, yo pienso que para cualquier jurista que se tome en serio su vocación el tema del aborto no es un tema menor, que se pueda soslayar. Por el contrario, es algo que afecta directamente al propio fundamento del Estado de derecho y por tanto de su profesión. Y no olvidemos al respecto que un Estado de derecho no es un factum sino más bien un fieri, algo que se va haciendo, algo por lo que hay que luchar cada día. Y esa lucha, la lucha por el derecho, en último término es una lucha por la humanidad, por el reconocimiento de derechos que corresponden al ser humano como tal, lo que va unido a un crecimiento progresivo de la sensibilidad respecto de la necesidad de proteger y asegurar jurídicamente determinados valores frente al predominio de la fuerza, a la simple imposición fáctica del fuerte sobre el débil.
El Problema Moral y Legal
El problema ético del aborto se plantea por el conflicto entre 2 valores: la autonomía procreativa de la mujer y la inviolabilidad de la vida humana. Si ambos valores se plantean de forma absoluta no existe posibilidad de una solución equilibrada.
En un extremo del absolutismo se sitúan los grupos «pro life» que parten de la consideración de la vida como valor absoluto sin excepciones y de que el inicio de la vida humana se produce en el mismo momento de la concepción. En el otro extremo los grupos «pro choice» que consideran la concepción y gestación como apéndices del organismo femenino y solo ella debe tener capacidad para tomar decisiones hasta la desvinculación orgánica del feto respecto al cuerpo de la madre.
Desde posiciones de ética civil integradora nadie duda que el aborto debe ser despenalizado y regularizado. No obstante, no debería considerarse nunca como un método contraceptivo ni como una opción recomendable. En todo caso la regulación del aborto no fomenta su uso, ni obligar a ninguna mujer a adoptar una interrupción no deseada o una decisión en contra su conciencia. La experiencia en Europa demuestra que donde se ha sido mas permisivo en cuanto a leyes de plazos no se ha producido un incremento en el número total de los mismos.
Descender el número de abortos depende del acceso a los anticonceptivos y de la implicación del sector educativo y sanitario, no de las restricciones que se impongan a su despenalización. Moralmente la regulación de la interrupción de embarazo debe justificarse por la teoría del mal menor y socialmente ha de considerarse un fracaso y un estímulo para prevenir embarazos no deseados.
La Ley Orgánica 9/1985 de despenalización del aborto en determinados supuestos ha tenido importantes efectos positivos. Desaparecieron prácticamente los abortos ilegales o clandestinos que sometían a las mujeres a humillaciones, sufrimiento y riesgos sanitarios. Garantizó un derecho a la mujer y ha sobrevivido a la alternancia en el gobierno de los 2 grandes partidos políticos. Colocó a España al nivel del resto de países de la Unión Europea, con excepción de Irlanda, que ya tenían reconocida la regulación legal del aborto.
Asimismo la reforma plantea que tan importante como modificar la ley es prevenir el número de embarazos no deseados e ir a las raíces de la deficiente educación sanitaria, la inaccesibilidad de los métodos anticonceptivos y el insuficiente compromiso de médicos y enfermeras del sistema sanitario público.
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