Estadísticas de Aborto en Europa: Un Análisis Detallado

05.11.2025

El acceso al aborto legal y seguro es un componente esencial de cualquier sociedad justa e igualitaria, y cada vez hay un mayor consenso mundial a favor de respetar y garantizar este derecho.

En los últimos 25 años, se han acelerado los avances y más de 50 países han modificado su legislación para permitir el acceso al aborto. Asia representa una quinta parte de ellos, y en América Latina la legislación ha avanzado en Chile, Argentina, México, Ecuador y Colombia. Europa es el continente donde el derecho al aborto seguro está más extendido e Irlanda fue el último país en despenalizarlo, a finales de 2018.

Sin embargo, desgraciadamente, no podemos dar por sentados derechos humanos que en los últimos tiempos se han visto en peligro. Hay que volver a recordar que el acceso al aborto legal y seguro es un derecho humano, y que los países que lo penalizan ponen en riesgo no sólo la salud de las mujeres y las niñas sino también su derecho a la autonomía corporal, a la intimidad, a la no discriminación y a igual protección ante la ley.

Europa lleva más de 60 años liderando la tendencia mundial a la liberalización de la legislación sobre el aborto y del acceso de las mujeres y otras personas susceptibles de embarazo a un aborto seguro y legal.

La mayoría de leyes europeas solo permiten abortar en los centros médicos habilitados para ello. Es así en casi todo el continente -al menos, en los países en los que el aborto es legal-, aunque en algunos lugares, como Francia, se permite a las mujeres abortar con fármacos en su domicilio después de una consulta médica.

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También está generalizado que, tras el procedimiento, se inicie un proceso administrativo: los profesionales sanitarios están obligados a rellenar un formulario oficial -definido por las autoridades de cada país- en el que notifican el aborto y aportan una serie de datos sobre la interrupción y sobre la mujer a la que se le ha realizado. Luego, esos datos se transmiten al Ministerio de Sanidad o a la autoridad competente en la materia y, gracia a ellos, la mayoría de Estados elaboran las estadísticas oficiales sobre el aborto.

Estas varían según los datos que se soliciten en el formulario. Es habitual que se pregunte, por ejemplo, por el número de hijos que ya tiene la mujer, por el método utilizado para la interrupción del embarazo o por el motivo de la misma. Hay quiénes solicitan incluso datos sobre la situación laboral y económica de la mujer o sobre su grupo étnico. En la mayoría de países -como Reino Unido o España- estos cuestionarios los tiene que rellenar directamente el médico o sanitario que realiza la intervención y se completan de forma anónima y confidencial, evitando así que se pueda identificar a la mujer que ha abortado.

De todos modos, cada país aplica su propia normativa, define su propio cuestionario de notificación y pide los datos que considera adecuados. No hay un criterio unitario ni un intento europeo de homogeneizar la recopilación de esta información. De modo que, al menos ocho Estados del continente no registran cuántas extranjeras abortan en su país, tal y como ha certificado Exporting Abortion. Esto sucede bien porque no solicitan esa información en sus formularios o porque ni siquiera realizan estadísticas públicas sobre el aborto.

Portugal, Noruega e Italia no recogen la información sobre si las mujeres que abortan en su territorio residen en el extranjero. Polonia y Malta directamente no solicitan el dato de dónde vive la mujer, resida en su territorio o fuera -aunque hay que tener en cuenta que estos son los dos países de la UE con leyes más restrictivas y, por tanto, se encuentran entre los que realizan menos interrupciones del embarazo-. Letonia tampoco pide información sobre la residencia de la mujer. Más deficiente aún es la información en Austria y Luxemburgo, que ni siquiera realizan estadísticas oficiales sobre el aborto. Lo que sucede en estos ocho Estados al no recopilar este tipo de información es que no saben cuántas mujeres han venido desde otros países para abortar en su territorio. Por tanto, desconocen completamente el alcance de este fenómeno. Algo similar a lo que pasa en Bruselas.

La Comisión Europea ha asegurado en una respuesta oficial a una solicitud de Exporting Abortion no poseer documentación con información sobre los viajes de mujeres europeas a otros países para poder abortar. Este desconocimiento no es solo una cuestión estadística. La falta de datos impide conocer qué está pasando en Europa con este fenómeno. Además, no afecta solo a esos ocho Estados, ya que se trata de un fenómeno internacional.

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Por ejemplo, se sabe que hay mujeres viajando a algunos de estos territorios para acceder a un aborto aunque no haya una estadística que lo demuestre. Es el caso de Austria, según han confirmado a Exporting Abortion expertos en la materia y organizaciones de mujeres. De hecho, Austria es el único país analizado para esta investigación que no recopila información alguna sobre las mujeres que abortan en su territorio.

El caso austriaco se explica porque la legislación de este país permite que los abortos se realicen de forma totalmente anónima. Por ello, los médicos no tienen que rellenar ningún formulario con datos sobre estas intervenciones. "También se debe a que en Austria las mujeres tienen que pagar ellas mismas las interrupciones. Además, el movimiento proaborto en Austria es el que se opone a que se realicen estadísticas, ya que los contrarios al aborto son quienes las podrían utilizar a su favor", explica Mirijam Hall, una ginecóloga que trabaja en ese país, a Exporting Abortion.

Austria no recopila ninguna información sobre quienes abortan, pero los ginecólogos del país aseguran que reciben mujeres de todo el mundo. Esta particularidad de Austria impide que se conozca cuántas mujeres acuden desde el extranjero a sus clínicas para abortar. Aún así, Salah El-Najjar, director médico y ginecólogo de la clínica Woman & Health de Viena, explica que atienden a mujeres de muchos lugares: "Recibimos mujeres de Polonia, Hungría, Alemania, Eslovaquia, República Checa e incluso de países árabes como Emiratos Árabes; básicamente de todo el mundo". Otros doctores austriacos describen situaciones similares.

La situación en Luxemburgo es similar. Por el momento, no existen estadísticas públicas ni datos oficiales sobre interrupciones voluntarias del embarazo. Pero en el caso de este país centroeuropeo esto se debe a que, a nivel médico, no se distingue entre abortos voluntarios y abortos espontáneos: los hospitales los codificaban de la misma forma. Por tanto, es imposible conocer cuántos abortos voluntarios ha habido en el país en el periodo analizado por Exporting Abortion ni cuántos eran de mujeres que vivían en el extranjero.

Esa falta de datos supone un problema, según explica Céline Gérard, presidenta de la asociación Planning Familial de Luxemburgo: "Esas cifras serían la base para determinar cuál es el verdadero acceso al aborto en nuestro país y proponer políticas de salud pública que se basen en datos y no en sentimientos". Hoy en día, solo esta organización publica estadísticas sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Luxemburgo. Planning Familial ayuda a mujeres a acceder a este derecho, principalmente, facilitándoles el acceso a abortos farmacológicos. De 2019 a 2023, 2.476 mujeres en Luxemburgo han abortado con este método gracias a ellos, según sus propios datos. Aunque la organización las ayuda de más formas, incluso a ir al extranjero en caso de que ya no puedan abortar en el país.

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Los abortos quirúrgicos solo se realizan en los hospitales. Los farmacológicos se pueden realizar en los hospitales pero también a través de los médicos de familia, pero el proceso no es sencillo. El médico tiene que firmar un convenio con uno de los establecimientos hospitalarios autorizados e ir personalmente a la farmacia hospitalaria para conseguir las pastillas abortivas. Por ello, muchos prefieren directamente derivar a las mujeres a esta asociación.

Pero, mientras en Austria los defensores del derecho al aborto no luchan por acabar con la falta de datos oficiales, en Luxemburgo parece que ya han conseguido un cambio. El Ministerio de Salud del país ha modificado en 2025 la forma en la que se codifica a nivel médico los abortos espontáneos y los inducidos a petición de la mujer para que las dos situaciones se registren bajo códigos distintos. El ministerio asegura a Exporting Abortion que lo han hecho porque son conscientes de "la importancia de comprender y documentar mejor la realidad de los abortos" y contar con "una base de datos adecuada que permita un análisis más preciso".

Exporting Abortion ha revelado que más de 5.000 mujeres europeas viajan cada año a otros países del continente para poder acceder al aborto. Pero esa cifra, cuantificada en al menos 5.860 para 2023, es solo la punta del iceberg. Países como los mencionados, que no recopilan información sobre este fenómeno, están impidiendo conocer el alcance real de este fenómeno.

Están los casos de Portugal, Italia, Letonia, Malta, Polonia, Noruega, Luxemburgo y Austria, que desconocen cuántas extranjeras abortan en su país, pero hay más. Otros nueve países simplemente piden la información sobre si la mujer que aborta vive en otro país -sin especificar en cuál e impidiendo, por tanto, conocer si son flujos desde Europa o desde otros continentes-, como es el caso de Alemania o Eslovaquia, o recopilan el país de residencia de las mujeres pero no ofrecen esta información alegando la protección de datos personales o el secreto estadístico, como ocurre en Croacia y Hungría. En total, al menos 17 países a lo largo del continente no conocen o no hacen público cuántas mujeres de otros Estados europeos han abortado en sus centros sanitarios.

A pesar de que para muchos países no se disponga de información oficial, Exporting Abortion ha recopilado datos sobre flujos de mujeres yendo a abortar a 12 países europeos. Entre ellos algunos de los más poblados, como Francia y España. Como resultado -y debido sobre todo al acceso a estadísticas oficiales- Exporting Abortion cuantifica por primera vez esta problemática a nivel europeo.

Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, recalca la importancia de tener unos buenos datos a nivel europeo: "Sería estupendo que el acceso al aborto estuviera garantizado en todos los países. Pero un primer paso para tratar el asunto sería tener datos comunes y armonizados".

Pero, por ahora, los Estados europeos están lejos de homogeneizar esta información. Los países para los que Exporting Abortion ha podido obtener estadísticas oficiales que incluyan el país o continente concreto de residencia de las mujeres -diez en total, excluyendo a Alemania y Austria, de los que solo se han obtenido datos parciales a través de organizaciones que ayudan a mujeres polacas a acceder al aborto en el extranjero- también muestran una gran disparidad en la forma en que se recopilan.

El Ministerio de Sanidad español ha accedido a entregar los datos sobre flujos procedentes de cualquier país del mundo, una situación muy similar a la del Reino Unido, que publica su información de forma abierta y directa. En cambio, Francia solo ha informado sobre el número de abortos de mujeres de otros países de Europa sin detallar cuáles son, alegando la confidencialidad y protección de los datos de las mujeres. Otros países solo publican o informan de determinados flujos hacia su territorio. Es el caso de Irlanda, que, por el mismo motivo, solo entrega datos sobre las mujeres de Irlanda del Norte (Reino Unido) que abortan en sus clínicas. O el de Países Bajos: el destino predilecto para este tipo de viajes, ya que tiene la ley más garantista de toda la Unión Europea (UE), directamente solo permite seleccionar entre cinco países en su formulario. Si la mujer vive en el extranjero, pero no en uno de esos cinco territorios, el médico tiene que marcar una casilla llamada "ander land", que significa "otro país".

Como se explicaba, muchos otros países tienen una casilla que indica que la mujer reside en el extranjero sin permitir especificar siquiera el país. Esto, sumado a la gran disparidad en las estadísticas entre unos Estados y otros, hace que en muchos de ellos solo se pueda conocer cuántas extranjeras acuden para abortar, pero no el Estado ni el continente del que proceden. Incluso, en muchas ocasiones hay abortos para los que el dato de residencia de la mujer es simplemente "desconocido" -marcado como "unknown" en los países de habla inglesa-.

Países como Irlanda tienen alrededor de un 6% de abortos para los que la residencia de la mujer cada año es desconocida. Otros como Noruega se mueven alrededor del 2%. En estos casos lo más habitual es que se trate de formularios en los que el campo de residencia ha quedado vacío. Este fenómeno se da especialmente en los países en los que no hay apartados diferenciados para indicar, por un lado, la residencia de las mujeres que viven en el país y, de otro, la de las que viven en el extranjero. Además, como en el caso de las nacionales se acostumbra a pedir un dato más concreto de residencia, como el municipio o el código postal, todo se complica aún más.

Noruega, por ejemplo, es uno de los países que solo pregunta por la residencia de la mujer si vive en su territorio. El Instituto Noruego de Salud Pública reconoce a Exporting Abortion que, cuando el dato del municipio de residencia de la mujer dentro de Noruega no se recopila, no saben si es porque se trata del aborto de una mujer que vive en el extranjero o porque simplemente el formulario se ha rellenado mal.

En Portugal, las autoridades no solicitan el dato de residencia para las extranjeras pero sí para las que residen en el país y lo que hacen algunos de los sanitarios es registrar el lugar en el que se aloja la mujer, sea esta su residencia permanente o un hospedaje temporal.

Por su parte, Alemania alega que el número de mujeres extranjeras que abortan en su país es tan bajo que no merece la pena realizar el esfuerzo estadístico que supondría recoger el país del que proceden. "La realización técnica necesaria sería desproporcionalmente elevada", asegura la Oficina Federal Estadística a Exporting Abortion. Pero unas 500 mujeres extranjeras abortan cada año en este país. Pedro Gullón discrepa con las autoridades alemanas: "Registrar el país de residencia es importante para conocer los flujos de pacientes y poder debatir conjuntamente cómo algunos países garantizan los derechos de las mujeres cuando otros no lo hacen".

En la misma línea se expresa la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero: "Uno de los principales problemas a la hora de garantizar los derechos de las mujeres es que muchas veces no existen datos". Montero asegura que es fundamental tener datos de calidad: "Nos permiten conocer la realidad de las mujeres y las barreras a las que se enfrentan en el acceso a esos derechos para poder ponerle remedio desde las políticas públicas".

Debido a toda esta problemática, es importante fijarse también en los datos totales de mujeres no residentes que han abortado en cada país. Este dato lo comparten muchos más países y permite hacer una radiografía que abarca más parte del continente. De hecho, muestra cómo algunos países tienen un porcentaje de abortos realizados a mujeres no residentes por encima de la media, a pesar de que no recopilan de dónde vienen.

Según Eurostat, Francia ostenta el récord de la Unión Europea en número de abortos realizados cada año. En 2022, según la DREES, se producirán 320 abortos por cada 1.000 nacimientos, lo que sitúa a Francia a la cabeza de los países europeos, muy por delante de Alemania o Suiza, que tuvieron 129 y 125 abortos respectivamente.

El 28 de septiembre de cada año se celebra el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. Según una encuesta realizada en 27 países del mundo -de los cuales el siguiente gráfico ofrece una selección- y publicada recientemente por Ipsos, se observa una tendencia creciente a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en países latinoamericanos y un apoyo decreciente en países europeos. A pesar de que Europa es la región del mundo donde mayor apoyo encuentra la legalidad del aborto, también es donde más ha descendido el respaldo desde 2014. Sería el caso de países como Suecia, Francia, Reino Unido o España, donde, pese a la caída registrada, se mantiene un respaldo hacia esta práctica del 80% o superior. En el caso español en concreto, la interrupción voluntaria del embarazo cuenta con un apoyo del 80%. A pesar de esta amplia mayoría, el país ha visto caer el respaldo al aborto legal ocho puntos porcentuales respecto a 2014.

Argentina (79%) es el país latinoamericano de los incluidos en la encuesta con una mayor aceptación de la legalización del aborto, y también el que ha visto aumentar más el apoyo a esta práctica desde 2014. En cambio, Perú (53%) es el menos favorable a que el aborto sea legal. Cabe destacar el caso de Corea del Sur, donde el apoyo al aborto legal ha registrado el mayor aumento en los últimos siete años, pasando a ser del 59% en 2014 al 79% en 2021.

España lidera la escalada de abortos en Europa. Además, mientras en la última década, en estos 15 países el aborto aumentó un 8,3 por ciento, en los 12 países de la ampliación esta intervención decreció un 49 por ciento.

En 2008 se practicaron más de 1,2 millones en el conjunto de la UE, lo que supone «un aborto cada 26 segundos, 138 cada hora y 3.309 cada día», de acuerdo con el estudio. El IPF también destaca que «el número de abortos que se producen en la UE en un año «es el equivalente al déficit de natalidad que tiene Europa».

Mientras el mundo avanza hacia mayores garantías en el derecho al aborto, contados países como Estados Unidos, Polonia o China, se empeñan en devolvernos a un oscuro pasado que pretende anclar a las mujeres en su rol reproductor”, ha declarado Maribel Tellado, responsable del trabajo sobre derechos de las mujeres en Amnistía Internacional España con motivo del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, que se celebra cada 28 de septiembre.

Entre los retrocesos más graves en el acceso al aborto legal y seguro en Europa se encuentra el caso de Polonia, cuya legislación sobre el aborto es una de las más restrictivas de Europa desde que en octubre de 2020, el muy cuestionado Tribunal Constitucional de Polonia declaró inconstitucional el aborto por malformación mortal o grave del feto. Eliminó así uno de los pocos supuestos legales permitidos del aborto al que se acogían más del 90% de los aproximadamente 1.000 abortos practicados anualmente en el sistema de salud de Polonia.

Fuera de Europa, en América la legislación ha avanzado en numerosos países como Chile, Argentina, Ecuador, México y Colombia, pero sigue siendo el continente con mayor número de países que prohíben totalmente el aborto, como El Salvador que el pasado mes de mayo condenó a una mujer a 30 años de prisión por homicidio agravado por sufrir una emergencia obstétrica. Y el reciente y grave retroceso de casi 50 años en Estados Unidos, cuando el pasado 24 de junio de 2022 el Tribunal Supremo dictaminó que dejará de proteger el derecho al aborto y que, por lo tanto, serán los estados los que regulan este derecho.

En Asia, el aborto se despenalizó en Corea del Sur en enero de este año, tras un fallo previo del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional su prohibición. En febrero fue el Parlamento de Tailandia el que reformó el Código Penal para legalizar el aborto durante las 12 primeras semanas de embarazo. En el lado opuesto se encuentra China, que en 2021 anunció que limitará los abortos con “fines no médicos”.

A nivel nacional, un 70% de la población española respalda que este derecho sea legal en todos los casos o en una mayoría de situaciones, y solo un 16% se decanta por la ilegalización. Por países, aunque Europa es la parte del mundo que más a favor está respecto a la legalización del aborto, encontramos importantes diferencias. En este estudio se han analizado 11 países europeos, siendo Suecia (86%) y Francia (83%) donde mayor apoyo encontramos y Rumanía (64%) y Polonia (60%) donde menos.

Las leyes de algunos países que permiten el aborto lo hacen solo en ciertos supuestos concretos y situaciones definidas. En el caso de la premisa de que un embarazo pusiese en riesgo la vida o salud de la mujer, obtiene un apoyo entre la población mundial de un 80%. En cuanto a la premisa de si el embarazo es resultado de una violación, un 76% de la ciudadanía mundial sería favorable a permitir realizar un aborto. Por otra parte, en el caso de que el bebé nazca con discapacidades o problemas de salud grave, un 67% de la población mundial apoya que se realice un aborto en esta situación.

En cuanto al plazo en el que se permite la terminación voluntaria del embarazo de manera legal, el que más consenso mundial aglutina es el de hasta las 6 primeras semanas desde el comienzo de la gestación. Menor apoyo internacional obtiene el realizar un aborto durante las 14 primeras semanas del embarazo. En este caso solo la mitad (45%) de la población mundial comparte esta opinión. Sin embargo, en los países del entorno europeo consigue un respaldo mayor, aunque es cierto que pocos países consiguen que más de la mitad de su población lo apruebe, entre ellos Suecia (70%), Gran Bretaña (65%) y Holanda y Francia (63%). Por su parte, el plazo de las 20 semanas es el que menos apoyo recaba entre la ciudadanía mundial. Únicamente el 27% de la población cree que debería ser legal terminar con un embarazo en este periodo de tiempo.

El estudio también ha recogido la opinión sobre posibles penalizaciones a aquellas partes implicadas en un aborto, ya sea la propia mujer como la persona que lo realiza o la que lo organiza. En clave española, la aplicación de penalizaciones no es respaldada de manera mayoritaria, puesto que solo un 22% estaría a favor de castigar a la mujer que aborta si fuese ilegal hacerlo en España.

Según Paco Camas, Director de Investigación de Opinión Pública y Estudios Sociales de Ipsos en España, “El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo hoy por hoy un tema discutido, pese a que su legalidad cuenta con un respaldo ciudadano mayoritario sostenido a lo largo del tiempo, al menos en España y otros países de nuestro entorno, según se extrae del completo informe de Ipsos. El tratamiento jurídico y político es desigual y cambiante desde una perspectiva global y el debate es de profundo calado porque apela a la moral individual. En este sentido, la resolución política de distintas posiciones morales sabemos que es siempre un asunto complejo.

Ante la despenalización del aborto se enfrentan dos valores: por un lado, la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y, por otro, el respeto absoluto a la vida humana desde su concepción. Lo que recientemente se ha podido atestiguar en EEUU, una sociedad mucho más dividida que la nuestra frente a esta problemática, revela la trascendencia social, política y jurídica de este conflicto y recoloca en la agenda pública un debate no resuelto: en el mes de junio la Corte Suprema estadounidense derogó la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país; apenas dos meses después, la ciudadanía del estado de Kansas ha aprobado mayoritariamente en referéndum que el aborto continuara siendo legal.

Apoyo a la Legalización del Aborto en Diferentes Países

La siguiente tabla muestra el apoyo a la legalización del aborto en diferentes países, según una encuesta reciente:

País Apoyo a la Legalización del Aborto
Suecia 86%
Francia 83%
Argentina 79%
Corea del Sur 79%
Rumanía 64%
Polonia 60%
Perú 53%

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