Ley del Aborto en Ecuador: Un Resumen Detallado
Este artículo resalta el proceso de mapeo de la criminalización del aborto en Ecuador, como parte de un proyecto de investigación llevado a cabo en colectivo entre una institución académica (FLACSO-Ecuador) y organizaciones de la sociedad civil (Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos SURKUNA y el Colectivo de Geografía Crítica de Ecuador). Esta colaboración conjunta da como resultado varios mapas temáticos que posicionan la criminalización del aborto dentro del continuum de violencia de género en Ecuador.
Contexto Socio-Político de la Criminalización del Aborto
El mapeo de la criminalización del aborto se ha dado en un contexto regional y estatal extremadamente polarizado. Por un lado, hay movilizaciones en contra de la violencia hacia las mujeres, centradas en el debate en contra del femicidio-feminicidio.
Por el otro, sectores conservadores se han movilizado en Colombia, Perú, Chile y recientemente en Ecuador en contra de la "ideología de género". Con esta expresión se hace referencia a un conjunto de valores presentados como un intento de destrucción de la sociedad a través de la negación de las diferencias biológicas, de la promoción de una identidad LGBTI en la niñez, de la aniquilación de la familia nuclear a través de la subversión del régimen reproductivo y del rol de madre de las mujeres.
La expresión "ideología de género" surge como reacción cristiana fundamentalista a las declaraciones de la Convención de Beijing (1995) en la cual se reemplaza el término sexo con género y se reconoce este último como expresión de diferencias y roles socialmente constituidos a partir del sexo biológico.
En la región latinoamericana el discurso se vincula fuertemente también a un discurso de neocolonialismo: "el género es [presentado como] un modelo importado por las grandes potencias para hacer de América Latina un dominio "sin valores", fácil de controlar por las grandes economías o corporaciones (O'Leary, 2007), donde se vigile el crecimiento de la población a través de la anticoncepción".
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En Ecuador la influencia de los grupos antigénero -o antiderechos- ha sido relativamente disimulada y solo se ha visibilizado con fuerza en los últimos 4 años. Su poca influencia en los años anteriores se debió en parte a las condiciones de inestabilidad sociopolítica del país durante los años 90 del siglo XX.
Más recientemente los esfuerzos modernizadores y de reconstrucción de la economía con un proyecto político institucional fuerte bajo la bandera del progresismo de izquierda dejaron relativamente al margen los temas relacionados con el género y las mujeres.
La postura conservadora del Ejecutivo se visibiliza particularmente a partir del 2013, año en que se discute la reforma del Código Penal y algunas asambleístas del grupo político del gobierno -Alianza PAIS- proponen la despenalización del aborto en caso de violación.
En apoyo a la propuesta, se crea la campaña YoSoy65 para evidenciar que el 65% de la población ecuatoriana se declara favorable al aborto en caso de violación, según una encuesta del Centro de Estudios y Datos de Ecuador (Cedatos).
No obstante, el expresidente de la República finaliza el debate amenazando con su dimisión y las asambleístas de Alianza PAIS que habían apoyado la despenalización por violación fueron tildadas de traición y sometidas a un mes de suspensión de toda actividad pública.
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El nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) garantizó el aborto en solo tres causales, reunidas en dos párrafos del artículo 150: como producto de violación de mujeres con discapacidad mental; o "para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios".
Desde el punto de vista formal, respecto al Código Penal, vigente anteriormente, no hubo alteraciones en la tipificación del delito de aborto.
El 26 de noviembre de 2014 la política pública de educación sexual sufre un duro golpe desde el conservadurismo. A través del Decreto Ejecutivo 491 la Estrategia Interseccional de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enipla), que funcionaba desde el 2011, fue suspendida y reemplazada por el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia (Plan Familia), que entra en vigencia en febrero de 2015.
La Enipla era un programa centrado en prevención de embarazo adolescente, planificación familiar, educación sexual y concientización sobre el cuerpo, coordinado desde varias instancias del Estado (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, de Educación y de Inclusión Económica y Social).
El Plan se dirige a la familia nuclear heterosexual y apela a un modelo familiar "positivo", a la abstinencia, e impulsa una educación enfocada en el arte de amar como solución a los altos índices de embarazo adolescente y situaciones de violencia.
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La supervisión del Plan Familia estuvo a cargo de Mónica Hernández, exponente de una ética conservadora y esposa de Williams Phillips, gerente de Grupo Azul, grupo petrolero incisivo en la economía del país.
En octubre del 2017, a pocos meses de comenzar el gobierno de Moreno (que en apariencia es más abierto al diálogo), un proyecto de ley contra la violencia hacia las mujeres desata la ira de los grupos anti-derechos, que empiezan a movilizarse principalmente bajo el lema "Con mis hijos no te metas" para luchar contra la ideología de género y promover una noción unitaria de familia heteronormada, prohibir el aborto y fomentar una sexualidad exclusivamente ligada a la procreación.
Los grupos conservadores se oponen con fuerza a procesos institucionales, como se evidencia en el caso de la formulación de la ley contra la violencia de género, obstaculizada a través de la difusión de noticias falsas y la convocatoria de una marcha que se realizó en varias ciudades del país el 14 de octubre del 2017.
En este escenario, las mujeres son denunciadas y encarceladas por abortar. El aborto está penalizado en Ecuador desde su conformación como país independiente en 1830.
Sin embargo, es solo durante el gobierno de la Revolución Ciudadana que se presentó el fenómeno de un enjuiciamiento masivo de mujeres. Esta dinámica comenzó a partir de los debates de las reformas del COIP, que representa un parteaguas para la criminalización del aborto: antes de este debate las denuncias por aborto eran casi inexistentes y no había un registro de estas.
El COIP entra en vigencia en agosto del 2014 y, como ya se ha mencionado, reconoce tres causales de legalidad para el aborto: para evitar riesgos en la salud, para evitar un riesgo para la vida de la mujer y cuando el embarazo es producto de violación a una mujer con discapacidad mental.
Con excepción de estas tres causales, el aborto se tipifica como un delito contra la vida, sea aborto no consentido (art. 148) o consentido (art. 149). El aborto no consentido es la acción de ocasionar intencionalmente que una mujer aborte sin que ella haya dado su consentimiento a esta acción, lo que se castiga con reclusión de 5 a 7 años.
El aborto consentido es entendido como el hecho de hacer abortar a una mujer que ha dado su permiso para la realización de esta acción. Este es castigado con una pena de 1a 3 años de prisión para la persona que lo haya causado, y de 6 meses a 2 años para la mujer cuando haya sido ella quien lo causó.
La tipificación legal mencionada, junto con el contexto socio-político descrito, agudiza el clima y las prácticas de persecución a las mujeres. En varios hospitales públicos del país, el personal médico es impulsado a denunciar mujeres sospechosas de haber interrumpido sus embarazos.
Las mujeres denunciadas son privadas de derechos fundamentales como la salud integral y el derecho a la intimidad, reconocidos también por organismos internacionales como la ONU. Ellas se encuentran en una situación de despojo y alienación de sus propios cuerpos que ya no es solo formal, sino de facto.
Datos sobre Criminalización del Aborto en Ecuador
En el país no existe un registro adecuado que permita dar cuenta de la realidad de la criminalización de mujeres por aborto. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado ha generado información que permite tener un panorama de la situación de criminalización en Ecuador.
De acuerdo a los datos generados por esta institución:
- En Ecuador en el año 2013 se presentaron 32 procesos penales por aborto consentido.
- En 2014 se presentaron 19 procesos.
- En agosto del 2014, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Integral Orgánico (COIP), no se registraron denuncias por aborto consentido hasta el final del año.
- En el año 2015, con el COIP en plena vigencia, las denuncias vuelven a subir y se registraron 92 procesos penales por aborto consentido.
- En el año 2016, se reportaron 43 casos.
- Desde enero a junio del 2017 las denuncias reportadas por aborto consentido son 62.
La Fiscalía no es la única fuente de datos, la Defensoría Pública ha facilitado también información sobre patrocinios de casos de criminalización de mujeres por aborto. Este es un órgano de defensa legal gratuita y pública donde acuden personas que no pueden cubrir los gastos de un abogado particular, lo cual limita la recopilación de los datos de juicio por aborto al no incluir en las estadísticas los casos donde existió un defensor privado.
A continuación, se presenta una tabla con los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado:
| Año | Procesos Penales por Aborto Consentido |
|---|---|
| 2013 | 32 |
| 2014 | 19 |
| 2015 | 92 |
| 2016 | 43 |
| Enero-Junio 2017 | 62 |
Mapeando la Criminalización del Aborto y la Violencia de Género
La criminalización del aborto en Ecuador sucede mientras se recrudece la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, lo que se ha visibilizado en los últimos años con los casos de femicidio denunciados por las organizaciones de mujeres, feministas y por los medios de comunicación.
En la necesidad de representar territorialmente la violencia contra las mujeres en el país, el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador empezó en 2017 un proceso de análisis y recolección de información en prensa escrita e instituciones estatales, para obtener datos sobre los lugares donde están sucediendo los femicidios, los otros tipos de violencia y cómo ocurren, así como evidenciar la responsabilidad del Estado en el manejo de los datos de violencia contra las mujeres, lo que dificulta aún más su erradicación.
El Colectivo de Geografía Crítica comprende y analiza la distribución del continuum de la violencia de género en el territorio ecuatoriano, que comprende también la criminalización del aborto, reconociendo al Estado ecuatoriano como el mayor responsable por impulsar la denuncia a las mujeres que abortan.
La geografía de la criminalización del aborto es encontrar dónde se están dando estos casos, qué actores están vinculados en estos procesos, quiénes son las mujeres criminalizadas y en qué resuena este hecho en sus cuerpos y sus vidas.
Estudios desde la geografía feminista sobre la criminalización del aborto en países como Irlanda, han analizado las medidas adoptadas por las mujeres que quieren interrumpir el embarazo mediante el uso del espacio, específicamente en su movilidad transfronteriza para escapar de las leyes que prohíben el aborto.
En este primer acercamiento a la geografía de la criminalización del aborto en América Latina, el objetivo fue visibilizar la judicialización de mujeres por abortar de acuerdo a los datos existentes sobre la temática. Para esto se decide integrar a la discusión sobre territoralización del continuum de la violencia de género los mapas sobre violencia contra las mujeres a escala nacional, realizados anteriormente por el Colectivo de Geografía Crítica.
La búsqueda y selección de datos y variables para el proyecto de investigación Mapeando la criminalización del aborto se realizó entre el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador ―cuyo trabajo se enfoca en una cartografía como herramienta contra-hegemónica para evidenciar en territorio, el ejercicio de la violencia contra las mujeres― y el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos "Surkuna" ―cuyo trabajo se centra en el acompañamiento y defensa legal a mujeres criminalizadas por aborto, parto y violencia de género―.
Se complementa además con datos solicitados y revisados en las instituciones del Estado como la Fiscalía, el censo del 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Ministerio de Salud Pública.
Cabe mencionar que los datos sobre violencia de género son polémicos por varias razones incluyendo el subregistro y la invisiblización del fenómeno por parte de las instituciones estatales.
Para la elaboración del mapeo sobre criminalización del aborto, se revisaron tres fuentes de datos: 1) Datos sobre casos de judicialización de mujeres por aborto consentido o familiares cercanos que consienten el aborto. La revisión de esta información ha servido para hacer una generalización sobre el perfil de las mujeres criminalizadas por abortar, los actores, los hechos y cómo se reproduce la violencia en la vida de las mujeres. De estos casos se puede anotar que se trata de mujeres racializadas, empobrecidas, aparentemente con poco poder para ejercer su derecho a la privacidad médica o prevenir un embarazo no deseado, por lo general, localizadas en zonas rurales o sectores periféri…
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador estableció las 28 semanas de gestación como máximo para que las mujeres mayores de 18 años víctimas de violación puedan abortar. El objetivo de las manifestantes es vigilar que el debate que tiene la Comisión de Justicia garantirse el acceso a un proceso voluntario, seguro y legal de aborto en los casos de violación.
También quieren que solo con el pedido de la víctima sea suficiente para acceder al sistema de salud en estos casos.
A finales de abril, un mes antes de asumir como presidente, Guillermo Lasso había dicho que si bien no está de acuerdo con la práctica del aborto respeta la decisión. “Soy un hombre católico. Sin embargo, como presidente electo mantengo también un inquebrantable respeto a los valores democráticos y republicanos. Creo especialmente en principios como la laicidad del Estado y la separación de poderes”, dijo en esa oportunidad el presidente.
En Ecuador, existe un promedio de once denuncias diarias de violación y muchas de las víctimas quedan embarazadas. El presidente de la Comisión fijó una nueva convocatoria para la revisión del proyecto para este miércoles 12 de enero. Lo que concluyan los parlamentarios se someterá a segundo debate en el pleno de la Asamblea antes del 25 de enero.
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