Casos de Aborto en El Salvador: Estadísticas y Contexto Legal
El aborto realizado en condiciones de riesgo o inseguro es un problema que pone en peligro la salud y la vida de numerosas mujeres en edades de reproducción a nivel mundial. En El Salvador, país en donde tal práctica es ilícita en cualquier circunstancia y penada hasta 50 años de cárcel y doce al personal médico que se prestara a facilitarlo, se hace más indiscutible la problemática.
Es, pues, evidente que este asunto necesita ser estudiado y analizado sobriamente para poder ofrecer una opinión que se ajuste a las exigencias del contexto. Al analizar este problema a nivel mundial, resulta interesante ver como casi todos los países en Europa han despenalizado tal práctica, con ciertas condiciones eso sí, y esto ha dado como corolario la reducción indiscutible de excesivas muertes innecesarias de mujeres en edades de reproducción por realizarse abortos de manera insegura y con personal incompetente.
Según la OMS: “El aborto peligroso se produce cuando una persona carente de la capacitación necesaria pone fin a un embarazo, o se hace en un entorno que no cumple las normas médicas mínimas, o cuando se combinan ambas circunstancias” (OMS, 2019). El aborto peligroso es una práctica que tiene como objetivo central intervenir y terminar con un embarazo no deseado en condiciones que definitivamente no brindan ni los requisitos mínimos que un aborto legal demanda.
A pesar de que en ciertos países del mundo el aborto sigue siendo ilegal, específicamente en cinco países, tres de ellos en América latina y sólo dos fuera de ese continente, éste se sigue efectuando, y en los países en desarrollo, los cuales en su mayoría lo consideran ilegal e inmoral sobre todo por los prejuicios que destilan de las concepciones religiosas, parece ser que va en aumento en vez de ir disminuyendo.
Según las OMS: “entre 2010 y 2014 hubo en el mundo un promedio anual de 56 millones de abortos provocados (en condiciones de seguridad o sin ellas)” (OMS, 2019). De éstos, “Según los cálculos, cada año hubo en el mundo unos 25 millones de abortos sin condiciones de seguridad, casi todos ellos en países en desarrollo.
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Es conveniente, además, presentar, que el aborto es un derecho del cual no todas las mujeres pueden gozar. El CRR sostiene que: “Numerosos tratados internacionales y regionales de derechos humanos y constituciones a nivel nacional en todo el mundo. A pesar de los grandes avances que se han obtenido en naciones desarrolladas donde el aborto se realiza de una forma segura y legal, eso sí, sin negar que siguen existiendo prejuicios sobre todo de índole religiosa, éste sigue siendo tremendamente impopular en algunos países del mundo.
La aceptación de esta práctica, un derecho del cual toda mujer debería gozar, en varios países del mundo, no ha sido admitida legal ni culturalmente. En los países de cultura cristiana, esta práctica es vista como algo inmoral y la despenalización de éste como algo monstruoso. Pues bien, existen grupos cristianos evangélicos y católicos organizados, si bien no todos los que lo componen son cristianos comprometidos y profesantes, denominados así mismos como “pro-vidas”. Según esta perspectiva fundamentalista, todo el que apoye en alguna forma la despenalización del aborto es un “pro-muerte”.
A esta visión simplista en su ensayo “10 tesis sobre la relación entre aborto y biopolítica”, el profesor Luis Martín Cabrera rebate: “El término ‘pro-vida’ introduce en el debate una antinomia falsa que sitúa el debate en un dilema ético y moral falso: ni las personas que están a favor del aborto son pro-muerte -por más que las etiqueten de ‘asesinas’-ni las personas que están en contra del aborto son pro-vida. El término vida no es ni ahistórico ni neutro. La obra de Michel Foucault, Giorgio Agamben o Roberto Esposito ha mostrado convincentemente que en la modernidad colonial el objetivo de la dominación se centra sobre toda una serie de tecnologías que tienen por objeto producir, administrar y dominar la vida. Esto implica, por un lado, que la ‘defensa de la vida’ no es natural como se pretende, sino que está inscrita, por un lado, en una racionalidad epistemológica que la hace legible al margen de la historia y, por otro, la sujeta a un poder que se articula cada vez más como biopoder: poder de producir vida (biopolítica) y su reverso, la muerte (tanatopolítica). La cruzada por la vida así, como objeto arrojadizo, aparece como un tótem que oculta otros crímenes inconfesables, acaso más truculentos. Por eso, lo contrario de ser pro- vida no es ser pro-muerte sino estar dispuesto desnaturalizar la naturalidad con que se invoca la vida como un valor moral en sí mismo”.
Solo de 2013 a 2016 hubieron 70 mujeres perseguidas judicialmente por abortos espontáneos (Foca, 2018). Y es que se estima que “en los países en desarrollo, cada año hay alrededor de 7 millones de mujeres que son hospitalizadas a consecuencia de un aborto sin condiciones de seguridad”. Esta problemática, junto a la presión que realizan los colectivos en pro de la mujer y los organismos internacionales, se piensa, ha motivado a muchos países a suavizar las leyes en contra de las mujeres que deciden realizar tal acción.
Ahora bien, algo bueno de rescatar es que: Un número de países en los cuales las leyes de aborto eran altamente restrictivas a mediados de la década de los noventa, las han liberalizado desde entonces, generando expectativas sobre el descenso en la cantidad de procedimientos clandestinos. Y en muchos países en desarrollo en los cuales el aborto está legalmente restringido, el acceso al aborto seguro parece estar aumentando, especialmente entre las mujeres del medio urbano, de clase media y alta, que disponen de los medios necesarios para pagar los servicios de médicos particulares. En parte, esta mejora en el acceso puede atribuirse a la utilización creciente del aborto con medicamentos.
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En Latinoamérica el derecho al aborto, a diferencia de la mayoría de países de Europa, se da con más restricciones. En el caso del Salvador, el aborto está prohibido en todas las circunstancias, razón por la que el Comité de la ONU le pide a El Salvador despenalizarlo. Del mismo modo, en Nicaragua, República Dominicana, y el Vaticano el aborto está prohibido en todas las circunstancias. En El Salvador al igual que en esos países ya mencionados, el derecho de la mujer de decidir y elegir sobre su embarazo queda imposibilitado.
En El Salvador existe una posición férrea en los sectores más conservadores a no doblegar o modificar la ley sobre el aborto. Una prueba de ello es que han estado dos presidentes de izquierdas y la despenalización del aborto no se realizó. A pasar de que el aborto es considerado un delito en El Salvador y que se castiga a las mujeres hasta con 50 años de cárcel y 12 al personal médico que realizase la intervención”, éste se sigue practicando allí.
Es cierto que existen muchas estrategias de prevención para reducir los casos del aborto peligroso en El Salvador, pero la mejor de ellas consiste, dicho de una forma lacónica, en la despenalización del aborto. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, en una de sus misas dominicales dijo: "Ante la propuesta de legalizar el aborto en nuestro país (...), pedimos a todos nuestros diputados, de todos los partidos, no legalizar tan grave crímen" (France 24, 2018, párr 2). La iglesia católica se declara a favor de la vida, pero al parecer la vida de las mujeres que se exponen a realizar un aborto en condiciones de riesgo y a sufrir otras veces penas totalmente desproporcionadas al supuesto delito no parece tener mucha relevancia.
Según Carlos Salinas Maldonado: “Organizaciones feministas salvadoreños contabilizan 49 condenas contra mujeres entre 2000 y 2014 y las autoridades han denunciado a 250 en total”. Estas vidas, plenas y constituidas, parece que no tienen mucha importancia en la agenda de la iglesia católica, preocupada en los casos de aborto y pávida ante una posible modificación a la ley del aborto.
Este 20 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado salvadoreño en el marco del caso Beatriz y otros. Beatriz fue una joven y madre salvadoreña que transitó un embarazo que puso en grave riesgo su salud y cuyo producto era incompatible con la vida. En contra de su voluntad expresa, las autoridades salvadoreñas le negaron la interrupción oportuna de su embarazo en 2013.
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“Este fallo es un sentido y esperado reconocimiento a la memoria de Beatriz y al camino que su mamá Delmy y su familia han encabezado junto a decenas de organizaciones y redes feministas. Gracias a su lucha, hoy tenemos un piso de protección legal más sólido para la salud reproductiva, que es muy bienvenido en medio de tensiones regresivas en la región y particularmente en El Salvador”. - Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Tras años de movilización feminista junto a Beatriz y su familia, la Corte IDH finalmente determinó que El Salvador violó los derechos de Beatriz a la salud, a la protección judicial, a la vida privada; y a la integridad personal tanto de ella como de su familia. La Corte también reconoció que la falta de protocolos para atender embarazos de alto riesgo, en un contexto de prohibición absoluta del aborto, impidió que las autoridades ofrecieran un tratamiento médico adecuado y oportuno para Beatriz, sometiéndola a violencia obstétrica.
"Este es un paso histórico, pero no el fin del camino. Desde Amnistía Internacional seguiremos caminando junto a Delmy, su familia y acompañantes hasta lograr que lo que Beatriz vivió no se repita nunca más en El Salvador y todo el continente. La Corte IDH ordenó al Estado que brinde atención de salud integral a la familia de Beatriz, capacite al personal sanitario, estatal y operador de justicia en materia de salud materna; y adopte las medidas normativas adecuadas para brindar seguridad jurídica en los casos de embarazos de alto riesgo. El Estado salvadoreño deberá cumplir con la sentencia a la brevedad y rendir cuentas de sus avances dentro de un año.
Esta sentencia de la Corte IDH es también un llamado atención para todos los Estados del hemisferio, especialmente para aquellos que mantienen la prohibición absoluta del aborto. Las mujeres en Latinoamérica y el Caribe han seguido muy de cerca la aprobación de la histórica ley del aborto en Argentina. Un hito de la marea verde que se ha convertido en un ejemplo a seguir para luchar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se trata de uno de los continentes con la tasa de abortos más alta.
Según el Instituto Guttmacher, especializado en estas cuestiones, en América Latina abortan 44 mujeres por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, es una de las regiones más peligrosas para las mujeres que deciden interrumpir el embarazo. También destaca que la zona lidera la cifra de los embarazos no planeados: 96 embarazos por cada 1000 mujeres en edades de entre 15 y 44 años. Tres de cada cuatro interrupciones del embarazo discurren sin condiciones de seguridad, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Esto se debe a “las relaciones de poder en la sexualidad imponen el embarazo no deseado y se alían dos coacciones: por un lado, una sexualidad desigual y por otro lado hay una sexualidad muy activa” explica a Rtve.es la socióloga ecuatoriana Irene León Trujillo, analista política especializada en alternativas a la globalización y derecho a la comunicación.
Numerosos estudios en los últimos años inciden en que las relaciones sexuales comienzan a una edad muy temprana y que muchos factores pueden influir en las tasas de aborto. “En nuestro continente hay que analizar cómo se expresa la relación de poder en la sexualidad en esta fase del siglo XXI. Estamos hablando de unas relaciones de poder globalizadas y se nota que existe una mercantilización más intensa del cuerpo de la mujer y una sexualización cada vez más temprana”.
León Trujillo considera que hay una ola progresista en la región pero que, en realidad, el aborto es uno de los temas más complejos de zanjar. Esto se debe a que en “América Latina hay una gran disputa. Una disputa de sentidos y de orientaciones en la sociedad. Una disputa económica y sociopolítica. La región está viviendo por un lado un horizonte con propuestas de cambios muy intensas y por otro lado una remetida conservadora muy intensa", afirma la socióloga.
En escasas ocasiones el debate sobre el derecho a decidir de las mujeres acerca de su gestación ha penetrado en el debate político y social. La socióloga argumenta que “si estudiamos, constitución por constitución y política pública por política pública, podemos constatar que hay muchos países laicos y que contemplan el respeto de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Pero actualmente hay temas como el aborto dónde se cristaliza la disputa.”
La religión tiene mucho que ver en el carácter conservador de una mayoría social que se opone a la legalización del aborto. “Hay una gran diversidad religiosa. Por un lado, tenemos la espiritualidad de las cosmovisiones indígenas. También están las iglesias evangélicas, muy conservadoras y que tienen mucha fuerza porque actúan como propuesta de sociedad. La Iglesia Católica también tiene su peso, aunque tiene sus aristas, de ahí que hayamos visto propuestas a favor del derecho de la mujer a decidir.”
Esto explica por qué, además de Argentina, solo Cuba, Uruguay, Guayana, Guyana Francesa y Puerto Rico permiten abortar sin condiciones en las primeras semanas del embarazo. Aún son pequeños oasis frente a la penalización de la interrupción del embarazo, salvo en caso de que la vida o la salud de la mujer corra peligro, supuestos que sí contemplan Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica. Por el contrario, los códigos penales de El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití no contemplan excepción para interrumpir el embarazo.
El Salvador
Morena Herrera es una histórica activista en El Salvador que lleva años acompañando y asesorando a las mujeres que deciden abortar. Es presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en su país. Ella ha seguido el debate en el Senado de Argentina durante toda la noche, y destaca la importancia de los argumentos que se expusieron.
“A nivel legal no existe ninguna posibilidad de que una mujer pueda interrumpir un embarazo incluso si su vida corre peligro", señala Herrera. "Incluso si es un embarazo ectópico que se produce fuera del útero no tiene posibilidad de abortar. El médico, por temor a ser denunciado, espera a que el óvulo fetal explote. Esto tiene riesgo de muerte y puede dejar secuelas en las mujeres. Este tipo de leyes va contra las mujeres y también contra la práctica médica”, argumenta.
En El Salvador las mujeres que deciden abortar son acusadas de homicidio. Morena y sus compañeras esperan con ansia, en este 2021, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Manuela. “Manuela tuvo una complicación, decidió abortar, la condenaron a treinta años de cárcel y en 2010 murió. Estamos peleando el caso y esperamos que la Corte haga justicia. Es necesario que quede claro que no era una asesina y que no era una criminal. La criminalización injusta de las mujeres que tienen complicaciones obstétricas tiene de fondo el aborto y esto puede abrir el debate en El Salvador” concluye.
Honduras
Desde Honduras Regina Fonseca, fundadora y coordinadora de incidencia de la organización Centro de Derechos de Mujeres (CDM), confiesa que ella ha llorado nada más ver el resultado de la votación en el Senado de Argentina. “Lloraba al ver que finalmente se lograba un cambio con impacto en las mujeres. En Honduras las mujeres perdimos en numerosas ocasiones. En mi país la vida de las mujeres no es importante.”
Esta defensora de los derechos humanos conoce historias desgarradoras. “En 2017 hicimos un plan para intentar despenalizar el aborto. Nos reunimos con casi el 80% de los diputados y diputadas. Teníamos una pizarra e íbamos apuntando quiénes estarían a favor. Había una gran mayoría que nos apoyaba en privado” describe.
Sin embargo, cuando llegó el momento de la votación solo obtuvieron siete votos a favor. “Muchos no acudieron para no dar la cara", explica. “En Honduras la anticoncepción de emergencia está prohibida desde hace 11 años”, recuerda, y explica que esta decisión fue rechazada por más de la mitad de la población. "Nos manifestamos, pero todo lo que hicimos pasó desapercibido.”
Considera que faltan muchos años para que algo cambie en su país, done el nivel educativo es muy bajo y por tanto no hay un acceso a información sobre derechos reproductivos y sexuales. Concluye asegurando que “seguimos trabajando para crear esta conciencia e influir en las más jóvenes. Alguna vez se logrará, pero yo seguramente no lo vea”, concluye.
Nicaragua
La realidad en Nicaragua la conoce de primera mano Mayte Ochoa, trabajadora social y activista feminista. “El movimiento feminista aquí es uno de los movimientos más fuertes de América Latina, pero nos enfrentamos a un régimen que ha logrado desmovilizarnos. Habíamos avanzado mucho hasta que en 2016 nos unimos a los países que tienen un código penal más restrictivo.”
Una mujer que en el país centroamericano decide abortar y es denunciada, puede ser condenada a hasta cuatro años de cárcel. De la misma forma se condena también a la persona que la ha ayudado. Ochoa destaca también que “es ilegal, pero no hay una persecución severa como ocurre en El Salvador o en Honduras. La dimensión de la penalización es un tema de la agenda pública que el Estado utiliza para medir fuerzas y negociar.”
Añade que se enfrentan a una sociedad muy polarizada. “Nos hemos unido para debatir la libertad de Nicaragua y sobrevivir, pero, incluso dentro de la sociedad civil esas mismas fuerzas se oponen a los derechos de las mujeres”. Es importante señalar que la anticoncepción de emergencia está permitida, aunque considera que “el gran desafío es la implementación. Tenemos un sistema de salud muy precario, con la pandemia todo ha empeorado y ha disminuido significativamente la atención a las mujeres”.
Argentina marcará el rumbo en el resto de América Latina
Tras lo ocurrido en Argentina ahora todos se preguntan cuándo y cuál será el siguiente país, aunque los ojos están puestos en Colombia y Chile. “En Colombia hay un recurso constitucional, conocido como Causa Justa, para sacar el aborto del código penal y ponerlo en el código de salud. Por otro lado, en Chile está el debate de la nueva constitución que también aborda esta cuestión”, asegura Herrera.
En Argentina se ha conseguido después de muchos años de lucha, recuerda la socióloga León Trujillo, y asegura que “esta causa ha sido única, el tema se ha planteado en clave de la agenda feminista. Argentina tiene la originalidad del movimiento”
Las expertas coinciden en valorar que la despenalización del aborto en Argentina definitivamente tendrá un impacto en el continente. Señalan que es un paso fundamental de colocar en un lugar privilegiado los derechos de las mujeres. Todas coinciden en la cantidad de argumentos de peso, en la estrategia y en la capacidad de involucrar a las jóvenes de la marea verde.
La esperanza es la palabra que más repiten con la intención de que algunos de estos pañuelos verdes ondeen algún día en El Salvador, Nicaragua y Honduras. El aborto es, desde hace décadas, uno de los temas más controvertidos a nivel mundial. Incluso en naciones donde parece estar relativamente normalizado, este asunto levanta constantemente nuevas ampollas. Una de las más recientes ha sido la surgida en Estados Unidos tras la anulación por parte de la Corte Suprema de la sentencia Roe vs. Wade. Con ello, se ha eliminado de un plumazo un derecho constitucional vigente en el país desde hacía medio siglo.
Pero no siempre los cambios van en esa dirección. Actualmente, hay cinco países de Latinoamérica y el Caribe que prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia: El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Asimismo, otros diez recogen en su legislación la impunidad de esta práctica solo en una serie de determinados supuestos como la violación o la salvaguarda de la vida de la madre (Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, Venezuela, Bolivia, Brasil, Chile, Panamá y Ecuador).
Fuera de estos casos, tanto la gestante como el personal médico y otros cooperantes se enfrentan a las penas de prisión correspondientes. En cuanto al aborto libre, solo figuran siete en la lista: Cuba (1961), Puerto Rico (1973), Guyana Francesa (1975), Guyana (1995), Uruguay (2012), Argentina (2020) y Colombia (2022).
Como ya se ha mencionado, el caso de Colombia ha sido el más reciente. Previamente estaba solo permitido, gracias a una sentencia dictaminada en 2006, cuando la salud física o mental de la embarazada estaba en riesgo, cuando no había posibilidades de que el feto sobreviviese (o si de su futura incapacidad resultara en una vida indigna), y cuando el embarazo era el resultado de una violación, de una inseminación artificial o de la implantación de un óvulo fecundado.
Un marco aún más restrictivo era el aplicado en Argentina, donde antes de la aprobación de la Ley 27.610 por parte del Senado en diciembre de 2020, la interrupción voluntaria del embarazo sólo se permitía en caso de violación o de peligro para la vida de la gestante.
En cuanto al candidato con más posibilidades de lograr próximamente su legalización total figura México. Eso sí, a día de hoy las condiciones varían mucho de un estado a otro. Así, de las diez entidades aztecas donde se ha despenalizado hasta las 12-13 semanas, solo siete han modificado la Ley de Salud estatal para proveer la infraestructura que permita ofrecerlo como un servicio de salud de carácter público y gratuito.
América Latina ostenta una de las tasas de embarazos no deseados más alta del planeta, según datos del último estudio realizado por el Guttmacher Institute. Sin embargo, su tasa de abortos, si bien es superior a la de Europa y Estados Unidos, está muy por debajo de la de otras áreas geográficas con elevadas cifras de gestaciones no buscadas.
Por un lado, cabe destacar que América Latina continúa siendo profundamente religiosa, con porcentajes de creyentes superiores al 75% en la mayoría de los países. Este hecho constituye un gran desincentivador a nivel social, ya que ninguna vertiente de las distintas confesiones aprueba el aborto. Por otro, tanto los servicios de anticoncepción y salud materna como los de interrupción del embarazo requieren una gran inversión estatal, lo que dificulta su expansión a las zonas más desfavorecidas.
Ahora bien, el problema financiero no termina ahí. A esto se suma que gran parte de los latinoamericanos tiene empleos informales, es decir, sin casi ningún tipo de derecho laboral ni cobertura sanitaria. Por ende, muchas embarazadas se ven obligadas a recurrir a centros privados para finalizar la gestación de forma voluntaria, en el peor de los casos, incluso a desplazarse a otro país si la práctica es ilegal en su lugar de residencia.
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