¿Es Legal el Aborto en Corea del Sur? Un Análisis Detallado
Corea del Sur ha sido uno de los últimos países que ha decidido permitir el aborto, después de contar durante los últimos 66 años con una de las normas más restrictivas del mundo al respecto. El Tribunal Constitucional dictaminó el pasado mes de abril que los legisladores deben cambiar las leyes existentes antes del próximo 31 de diciembre de 2020, ya que a partir del 1 de enero de 2021 el aborto será legal.
El Tribunal Constitucional de Corea del Sur puso fin hoy a la prohibición legal que regía en el país contra el aborto desde hace 66 años, dictaminando que esa norma es contraria a la ley suprema del país y exigió que se legisle para permitir la terminación del embarazo en su primera fase antes de finales del año 2020.
Según la resolución de los jueces, la presente ley limitaba "el derecho de la mujer embarazada a elegir libremente, lo que va en contra del principio que dice que la vulneración de los derechos de una persona deben mantenerse al mínimo". Los jueces también consideraron que la protección del feto no debe tener más peso que los derechos de la mujer.
"Los embriones dependen completamente para su supervivencia y desarrollo del cuerpo de la madre, por lo cual no se puede concluir que sean seres vivos separados e independientes, con derecho a la vida", indicó el texto del tribunal. Uno de los abogados de este caso, Ryu Min-hee, indicó que mientras que las mujeres no pudieran tomar sus propias decisiones respecto al embarazo y la paternidad, "el país no podrá establecer una sociedad igualitaria en su verdadero sentido".
La decisión del Tribunal Constitucional se produce tras la petición interpuesta por una doctora acusada de practicar decenas de abortos. Los integrantes de la audiencia votaron de forma mayoritaria (7 contra 2) estableciendo un precedente legal que marcará un profundo giro social en un país que se regía por una norma de 1953 que determinaba que las féminas que se sometían a un aborto podían pasar hasta dos años en la cárcel, la misma pena que enfrentaban los doctores que lo practicaban.
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Esa normativa sólo se modificó en parte en 1973 para admitir la interrupción del embarazo sólo en casos excepcionales como la violación, el incesto o si existía riesgo para la vida de la madre. Según un sondeo conocido el mismo miércoles, un 58 por ciento de los consultados apoyan el cambio de la legislación. La decisión del Tribunal Constitucional refleja la profunda transformación de un país donde un 78 por ciento de sus ciudadanos todavía consideraba que el aborto era un asesinato en 1994, una cifra que bajó al 53 por ciento en 2016 y que pasa ser una minoría en los últimos años.
El aborto será legal en Corea del Sur. El Tribunal Constitucional ha ordenado esta semana al Parlamento que antes de finales de 2020 reforme la ley que lo prohíbe. El país ingresará entonces en la normalidad: dejará de ser una excepción entre las sociedades desarrolladas que aún criminalizan la interrupción del embarazo, acomodará la normativa a la sensibilidad social y permitirá una práctica tan generalizada como asumida.
El alto tribunal decidió por siete votos a favor y dos en contra que la prohibición del aborto es inconstitucional. Esa ley, aclara la sentencia, “limita los derechos de las mujeres a perseguir sus destinos y viola sus derechos a la salud porque limita su acceso a procedimientos seguros y puntuales”. La decisión subraya el impacto del movimiento #Metoo en una de las sociedades más machistas del mundo.
El mismo tribunal había mantenido la ley cinco años atrás en una votación que acabó con empate a cuatro votos por la ausencia de un juez. La ley, aprobada 66 años atrás, sólo permite el aborto en casos de violación, incesto, serio riesgo para la salud de la madre o malformaciones graves. Contempla hasta un año de cárcel y multas de dos millones de wons (1.558 euros) para las mujeres y dos años de cárcel para los médicos.
Los registros del Instituto Coreano para la Salud y Asuntos Sociales sientan la pronunciada caída del número de abortos: 342.000 en 2005, 168.000 en 2011 y 49.700 el pasado año. El 94 % de los últimos fueron ilegales. Pero los expertos alertan de que podrían ser hasta diez veces más porque el estigma recomienda la clandestinidad. Un estudio del pasado año del Instituto Coreano de Desarrollo de la Mujer fortalece esa impresión: abortó una de cada cinco mujeres embarazadas y sólo un 1 % estaba amparada por la normativa.
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En la tendencia ha influido más el menor número de mujeres en edad fértil y la mayor oferta de métodos anticonceptivos que el miedo al castigo. La ley, de hecho, era papel mojado. Apenas 80 mujeres y doctores se sentaron ante la justicia en los últimos cinco años y sólo uno pisó la cárcel. La decisión judicial llega tras el amparo solicitado por una doctora procesada tras practicar 70 abortos ilegales. La ley, defiende, atenta contra el logro de la felicidad, la igualdad y la libertad.
Pero la ley ha perpetuado el sentimiento de culpa y frenado el desarrollo médico. Muchos doctores que efectúan abortos ilegales carecen de la formación adecuada y utilizan métodos anticuados, denuncian los expertos. También permite que los cónyuges amenacen a las mujeres con denunciarlas o las chantajeen tras el final de la relación.
Las últimas encuestas acreditan la tendencia social. Un 58 % de los preguntados están a favor del aborto y el porcentaje se eleva al 75 % en el segmento de mujeres en edad fértil. Una petición para legalizarlo sumó más de 230.000 firmas el pasado año y una manifestación en diciembre en Seúl reunió a 3.000 personas. Pero la delicacadeza del asunto explica que muchas ocultaran su cara con máscaras y los organizadores censurasen las fotos que permitían identificarlas.
El fallo judicial supone un hito en una sociedad conservadora y con el mayor porcentaje de cristianos de Asia. La polarización alcanza al Gobierno: el Ministerio de Familia e Igualdad de Géneros había pedido la legalización del aborto mientras el de Justicia aludía al deber del Estado de proteger el derecho a la vida del feto. Del debate ha huido Moon Jae-in, el admirable presidente que ha adoptado la paz en la península como reto vital. Es tan católico como entusiasta defensor de los derechos de las mujeres en un país que ocupa el puesto 116 entre 144 países en la clasificación de igualdad de géneros.
En respuesta a una resolución del Tribunal Constitucional de Corea del Sur, que ordena al gobierno que, antes de final de 2020, despenalice el aborto en el país y reforme las leyes nacionales sobre el aborto, sumamente restrictivas, Roseann Rife, directora de Investigación de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental, ha comentado:“La resolución de hoy es un gran paso adelante para los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Corea del Sur. Las draconianas leyes del país han provocado durante décadas la discriminación y estigmatización de mujeres y niñas al obligarlas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros.
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El Tribunal Constitucional ha transmitido un claro mensaje de que esto debe cambiar, y que en el futuro deben protegerse y respetarse los derechos humanos de las mujeres y las niñas.”“Instamos al gobierno a reformar sin demora el Código Penal y garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y legal. Las leyes, sumamente restrictivas y punitivas, deben modificarse para que la salud de las mujeres, las niñas y otras personas que puedan quedarse embarazadas deje de correr peligro por miedo a que ellas o los y las profesionales de la medicina que las ayuden puedan sufrir castigo.”
“Los abortos se practicarán siempre, independientemente de la ley. Esta sentencia significa que deben practicarse de forma segura y legal, y que las mujeres y las niñas serán tratadas con compasión y con respeto a sus derechos humanos y a su autonomía reproductiva.
La sentencia anunciada hoy por el Tribunal Constitucional vino precedida del recurso de un médico que ha sido procesado por practicar abortos. La sentencia dispone que la Asamblea Nacional debe reformar la ley antes del 31 de diciembre de 2020.
Las actuales normas legales que regulan el aborto en Corea del Sur criminalizan su práctica en la mayoría de los casos. Las mujeres que interrumpen un embarazo pueden enfrentarse a multas de hasta dos millones de wones (1.850 dólares estadounidenses) o un año de cárcel. Los y las profesionales de la medicina que ayudan a practicar abortos pueden enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión si son declarados culpables.
La ley criminaliza el aborto, y sólo permite excepciones en casos de violación, incesto, alteraciones genéticas graves, enfermedades específicas o si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer o la niña. En estos únicos casos, los abortos deben realizarse durante las primeras 24 semanas de gestación y requieren el consentimiento del cónyuge.
El acceso a servicios de aborto seguro y legal es un derecho humano. La criminalización y otras restricciones al aborto afectan gravemente al derecho de las mujeres y las niñas a la vida, la salud, la autonomía y la intimidad, y a su derecho a no sufrir violencia, discriminación ni tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante.
El derecho y las normas internacionales de derechos humanos exigen que el aborto se despenalice en su totalidad, y que los Estados eliminen los obstáculos que niegan a las mujeres y las niñas el acceso efectivo a un aborto seguro y legal.
Amnistía Internacional cree que toda persona ha de tener libertad para ejercer su autonomía física y tomar sus propias decisiones sobre su vida reproductiva, incluida la decisión de si tener o no hijos y cuándo.
El aborto ha sido adoptado por los movimientos feministas que luchan contra el milenario andamiaje patriarcal del país. “Existe una creciente conciencia sobre el daño y los peligros para la vida y la salud de la mujer que causa la prohibición del aborto y este cambio refleja la mayor aceptación de los derechos de la mujer en Corea del Sur”, juzga Hasunuma.
En las calles de Seúl se han alternado ambos bandos. Un millar de activistas protagonizaron en abril una “Marcha por la vida” con pancartas que asimilaban el aborto al asesinato. Esas asociaciones cristianas, con fuertes lazos con los poderosos movimientos afines en Estados Unidos, han abierto una línea telefónica para denunciar a doctores y mujeres involucrados en abortos ilegales. El arzobispo de la capital, Andrew Yeom Soo-jung, afirmó que el dolor de las mujeres no venía del código penal sino de “la situación que las empuja al aborto”.
Hasta que la ley vigente sea derogada, el aborto está castigado en Corea del Sur con penas de un año de cárcel. Sin embargo, hay excepciones para casos de violación, incesto, enfermedades hereditarias de los padres o amenaza seria de la vida de la madre por culpa del feto.
Pese a la vigente prohibición, el Ministerio de Salud de Corea del Sur estima en unos 50.000 el número de abortos que se practicaron en el país el año pasado. Sin embargo, esos números podrían ser mucho más altos, debido a la criminalización que aún está en vigor y que muchas mujeres habrían elegido clínicas clandestinas para llevar a cabo los abortos.
Una mujer embarazada de seis semanas acudió el pasado 7 de agosto a una clínica de Seúl, la capital de Corea del Sur. Sin embargo, lo que iba a ser una visita para recibir una inyección nutricional terminó en un aborto por error después de que se produjera una confusión en los historiales clínicos y no verificaran correctamente su identidad.
Ahora, la policía del distrito de Gangseo, donde se encuentra la clínica, ha lanzado una investigación en la que, principalmente, se acusa al doctor y a la enfermera que llevaron a cabo la intervención. Según han reconocido a la CNN fuentes policiales, los dos investigados han reconocido su culpa, por lo que han sido acusados de negligencia con resultado de daño físico.
Al parecer, la enfermera le habría anestesiado sin confirmar su identidad, al igual que el médico, que practicó el aborto sin verificar de quién se trataba.
Kim Soo-jin nunca olvidará el asqueroso sabor de la infusión tradicional coreana de color marrón verdoso que bebió con la esperanza de poner fin a su embarazo. La receta que su compañera de cuarto encontró en internet fue un intento de eludir la prohibición del aborto que existe en Corea del Sur desde hace 65 años.
“Abortar era una decisión difícil, pero para mí en ese momento era una decisión correcta”, comenta Kim, que, igual que el resto de mujeres entrevistadas para esta historia, pidió no usar su nombre real.
La lucha por la legalización del aborto se ha convertido en el último campo de batalla del creciente movimiento feminista de Corea del Sur. Los partidarios de la derogación de esta prohibición se preparan para una victoria en el Tribunal Constitucional de Corea del Sur.
Una protesta reciente en el centro de Seúl, congregó a 3.000 mujeres. Corea del Sur sigue siendo una de las pocas naciones ricas donde el aborto es ilegal y está penalizado bajo una ley de 1953 que ha sido aplicada siempre de manera selectiva en base a los caprichos del Gobierno.
“El comportamiento sexual y las relaciones han cambiado bastante, y esta ley niega estos cambios que se han producido en la sociedad”, ha dicho Lee Bong-joo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Seúl.
“Existe la prohibición, pero la práctica está sucediendo en la realidad. El Ministerio de Salud y Bienestar de Corea del Sur estima que en 2010 se practicaron 169.000 abortos ilegales, ese es el último año del que se disponen estadísticas. Pero los investigadores aseguran que el Gobierno ha subestimado durante mucho tiempo esas cifras.
La mujeres pueden terminar en la cárcel hasta un año y penalizadas con multas de casi 1.500 euros. Los medios aseguran que, además, los hombres suelen utilizar esta ley para chantajear a las mujeres. El castigo para los médicos que practican abortos puede ser de hasta dos años de prisión, pero los especialistas rara vez son procesados y la práctica sigue siendo generalizada.
Lee Min-ji era una estudiante de 24 años que se preparaba para terminar su licenciatura en Medicina cuando se dio cuenta de que estaba embarazada y ya conocía a Women on Web por un imprevisto anterior. Lee, que es cristiana practicante, lo veía como “un castigo” por “su pecado”. “Pensaba que iba a morir”.
Incluso si se revoca la prohibición, le preocupa que el estigma social sea difícil de eliminar. “Aunque el aborto sea legal, todavía no estará aceptado. “Los médicos seguirán juzgando moralmente. Los miembros de la considerable minoría cristiana del país se oponen de manera directa y el presidente, Moon Jae-in, ha evitado decantarse por ninguna de las partes diciendo que solo que su Administración iba a investigar el asunto.
Anna, una estudiante sueca de intercambio que usó Women on Web cuando se quedó embarazada mientras estudiaba en Seúl, cuenta que quedó sorprendida al enterarse de que el aborto era ilegal en el país. “Todo lo sucedido cambió mi percepción de Corea del Sur”, asegura.
Este martes 3 de junio, cumplidos 60 días sin presidente, millones de coreanos y coreanas están llamados a las urnas. Según KOSTAT, el portal estadístico por excelencia del país, la población en el último censo era de aproximadamente 51 .680.000 personas. Las 25.870.000 mujeres censadas constituyen alrededor del 49,9% de la población total del país, habiendo apenas unas decenas de miles de hombres más.
Las diputadas de Corea del Sur suponen solo alrededor del 23% del total de la Cámara, cuatro puntos porcentuales por debajo de la media mundial y muy lejos de alcanzar una representación equitativa. El esfuerzo por mantener al mínimo el índice de desempleo está dando sus frutos, descendiendo en abril hasta el 2,7%, menos de 900.000 personas en total.
Los datos de la brecha de género en el país sin embargo resultan más preocupantes, pues apunta el World Economic Forum que esta es de alrededor del 32%. Y es que, a pesar de ser el país con mayor proporción de mujeres trabajadoras en el ámbito profesional, su salario es el 62% del de los hombres en posiciones similares.
Las movilizaciones sociales y protestas de multitud de mujeres y colectivos feministas acabó recalando en las instituciones, por lo que la ley fue revisada y levantada en 2019 por el Tribunal Constitucional de Corea, alegando que “suponía un atentado contra los derechos humanos de las mujeres y niñas”.
Corea del Sur cuenta desde 2018 con un marco de actuación en la prevención de la violencia contra las mujeres, respaldada a su vez por muchas otras leyes que tratan asuntos de violencia intrafamiliar y doméstica (principalmente de los años 90, tras la democratización del país), con disposiciones complementarias o similares.
No obstante, tanto los esfuerzos de la legislatura del presidente Yoon Suk Yeol como algunos aspectos de la legislación actual dejan mucho que desear.
La postura gubernamental hacia la ley ha variado en función de las urgencias demográficas. La ley fue olímpicamente ignorada en la década de los 70 y los 80, cuando el país encadenaba baby booms y desde Seúl se aclaraba que “dos hijos son demasiados”.
La preferencia por los varones, que perpetúan el apellido, abocaba a muchas parejas a la ilegalidad. La llegada de la tecnología de ultrasonidos estimuló los abortos de niñas. También el estigma social de la madre soltera incrementó las cifras. Hasta no hace tanto tiempo eran forzadas a abandonar los estudios, repudiadas por sus familias y enviadas a remotas instituciones.
El fallo jubilará esa hipocresía legal que criminaliza una conducta generalizada y socialmente aceptada.
“En la tradición coreana contamos la edad del niño a partir de la concepción, así que cuando nace ya tiene un año. Los niños son especialmente queridos y estas sensibilidades están reforzadas por la cultura, la sociedad y la religión”, explica Linda Hasunuma, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Bridgeport y estudiosa de cuestiones de género en Corea del Sur. “Aunque las sensibilidades de la mujer y de la sociedad en general hacia el aborto están cambiando, existe aún mucha vergüenza y condena por lo que es un asunto secreto y escondido”, añade.
En Europa son solo cuatro paises donde el aborto es ilegal: Malta, Andorra, San Marino y el Vaticano. En África la legalización de esta práctica es minoritaria. Ocho países lo prohíben y un grueso importante solo lo permiten en caso de peligro para la vida de la madre. Misma situación que se dá en la mayoría de Asia y America Latina.
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