Estadísticas a favor del aborto a nivel mundial
El aborto es un procedimiento médico que pone fin al embarazo. Es una necesidad básica de atención de la salud para millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas. Se calcula que en todo el mundo, cada año, se producen 73 millones de abortos. Seis de cada diez embarazos no deseados acaban en aborto.
Y con independencia de que el aborto sea o no legal, la gente sigue necesitando servicios de aborto y accediendo de manera habitual a ellos. De acuerdo con el Instituto Guttmacher, organización sin ánimo de lucro del campo de la salud reproductiva con sede en Estados Unidos, la tasa de abortos es de 39 por 1.000 personas en los países que prohíben el aborto totalmente y del 36 por 1.000 en los países que lo permiten sólo en caso de riesgo para la vida de la mujer. En los países con menos restricciones o en aquellos donde solo está permitido para preservar la salud esta tasa se sitúa en el 41 y el 36 por 1.000 respectivamente.
Cuando lo practica un proveedor de servicios de la salud capacitado y con las debidas condiciones de salubridad, el aborto es uno de los procedimientos médicos que menos riesgos entraña, menos aún que el parto.
Pero cuando los gobiernos restringen el acceso al aborto, las personas se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos y con riesgo, en especial si no tienen medios para pagarse un viaje a otro país o atención privada. Lo que nos lleva al siguiente aspecto de la cuestión.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto inseguro como “un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos”.
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La OMS calcula que todos los años tienen lugar 33 millones de abortos peligrosos, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo.
A diferencia de los abortos legales, practicados por proveedores de servicios médicos capacitados, los abortos inseguros pueden tener consecuencias fatales. Cada año, entre el 4,7% y el 13,2% de las muertes maternas se deben a un aborto peligroso.
Las muertes y lesiones causadas por abortos inseguros son evitables. Sin embargo, tales muertes son comunes en los países donde el acceso al aborto está limitado o prohibido por completo, pues la mayoría de las mujeres y las niñas que necesitan someterse a un aborto debido a un embarazo no deseado no pueden acceder legalmente a él.
La OMS ha señalado que uno de los primeros pasos que deben darse para evitar las lesiones y muertes maternas es que los Estados garanticen que las personas tienen acceso a educación sexual, pueden utilizar métodos anticonceptivos eficaces, pueden someterse a abortos legales y sin riesgos y reciben atención con prontitud en caso de complicaciones.
Los datos disponibles indican que el 22,5% de las mujeres en edad reproductiva no encuentran satisfechas sus necesidades de planificación familiar. Los índices de aborto son más altos en los países donde el acceso a los métodos anticonceptivos es limitado. Los índices de aborto se reducen cuando las personas, incluidas las adolescentes, tienen información sobre métodos anticonceptivos modernos y pueden acceder a ellos, así como cuando existe educación sexual integral y es posible el acceso al aborto legal y sin riesgos por numerosos motivos.
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El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niña o persona que pueda quedarse embarazada. Su supresión provoca la violación de múltiples derechos como el derecho a la propia vida, a la salud, a la intimidad, a la autonomía o a no sufrir ni violencia, ni discriminación.
En años recientes se han visto importantes avances hacia este derecho. Destaca el importante logro de las mujeres en México, pero también en Argentina, Colombia o Ecuador han legislado recientemente hacia un mayor acceso al aborto. En 2024, Francia se convirtió en el primer país del mundo en incluir explícitamente el aborto como libertad garantizada en su Constitución; otros países apoyaron medidas de protección para pacientes y profesionales de la salud a la entrada de las clínicas con servicios de aborto, sometidos frecuentemente a criminalización y hostigamiento.
Sin embargo, todavía existen países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta, Andorra, Polonia o Marruecos en los que el aborto continúa estando penado o limitado a circunstancias muy específicas. Esto supone que 700 millones de mujeres en edad reproductiva no tienen acceso a servicios de aborto legales y seguros. Pero, no son las únicas que tienen que enfrentarse a restricciones legales en el aborto, ya que el 41% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes muy estrictas sobre el aborto o en los que a pesar de que el aborto sea legal, no tienen medios para ofrecer un aborto seguro y accesible.
Algunos de los obstáculos con los que las mujeres pueden encontrarse además de una legislación restrictiva, son la poca disponibilidad de servicios, los costes elevados, la estigmatización, la objeción de conciencia del personal sanitario -recientemente se han hecho públicos varios casos en España o Chile-, o la exigencia de requisitos innecesarios como el suministro de información engañosa.
Muchas mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir sobre su embarazo y maternidad se ven obligadas a desplazarse a otros países (o a otros estados en el caso de Estados Unidos o México). Una posibilidad a la que no todas pueden acceder porque la desigualdad socioeconómica también cuenta negativamente en el acceso a un derecho al aborto seguro.
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En 2024, Afganistán, Argentina, Chile, Puerto Rico y Rusia pusieron en marcha leyes o políticas que reducen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Esto ha permitido que algunos estados impongan penas de cárcel a las mujeres acusadas de abortar, así como a quienes las asisten, o establezcan restricciones tan severas que, en la práctica, imposibilitan el acceso al aborto.
Además, existen numerosas barreras que afectan de forma desproporcionada a ciertos grupos, como personas negras y de otras comunidades racializadas, pueblos indígenas, migrantes en situación irregular, personas transgénero, residentes de zonas rurales y quienes viven en situación de pobreza.
El hecho de imponer restricciones en el acceso a un aborto seguro, no desemboca en un menor número de abortos, sino en un mayor número de mujeres y niñas que tienen que poner su vida en riesgo para que se les practique un aborto en unas condiciones que no cumplen los mínimos sanitarios.
En 2024, la OMS afirmaba que seis de cada diez embarazos no deseados terminan en aborto, lo que representa aproximadamente el 30% del total de embarazos a nivel mundial. La tasa de aborto no es tan diferente entre los países en los que está prohibido y los que no, siendo 36 por 1000 en el primer caso y 39 por 1000 en el segundo.
Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro constituye una violación de sus derechos humanos. Por eso, no podemos permitir que se dé marcha atrás en los avances conseguidos en derechos sexuales y reproductivos.
El aborto no seguro: Una crisis médica prevenible
El aborto no seguro es una de las principales causas de mortalidad materna, responsable de al menos 1 de cada 12 muertes. Cada año, millones de mujeres enfrentan complicaciones graves, como infecciones y hemorragias, debido a la falta de acceso a servicios médicos seguros.
Sin acceso a un aborto seguro, muchas mujeres recurren a métodos inseguros, lo que aumenta el riesgo de complicaciones como infecciones, lesiones internas y fertilidad reducida. Las mujeres en África, Latinoamérica y Asia son las más afectadas por este problema de salud.
Las acciones clave para reducir la mortalidad y las complicaciones son: proporcionar anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados, ofrecer servicios de aborto seguro y tratar las complicaciones derivadas de abortos no seguros.
Médicos Sin Fronteras respondemos a las consecuencias del aborto no seguro, proporcionando atención médica a las mujeres que sufren complicaciones. En muchos de nuestros proyectos de salud sexual y reproductiva, abordamos las consecuencias del aborto no seguro y ofrecemos servicios de aborto seguro cuando es necesario.
En 2019, MSF atendimos a miles de mujeres por complicaciones de abortos inseguros y proporcionamos más de 21.500 servicios de aborto seguro. Nuestro objetivo es reducir las consecuencias del aborto no seguro y mejorar el acceso a atención médica para todas las mujeres, sin importar su contexto.
MSF no tiene una posición política ni ética sobre el aborto; como organización médico-humanitaria, considera las consecuencias de los abortos no seguros como una cuestión médica a la que hay que responder. Los riesgos de un aborto no seguro son bien conocidos y pueden prevenirse prestando una atención adecuada a estas mujeres.
Las muertes a causa de abortos no seguros se reducen enormemente cuando la mujer puede acceder a servicios médicos. Por ejemplo, tras la legalización del aborto en Sudáfrica en 1996, diversos estudios confirmaron que, para el año 2000, la mortalidad materna por abortos no seguros se había reducido en un 91%; además, el número de mujeres con infecciones causadas por estos procedimientos se había reducido a la mitad.
MSF no alentamos el aborto en absoluto. La interrupción del embarazo es, exclusivamente, elección de la mujer. Nuestro único objetivo es evitar las consecuencias del aborto no seguro.
Cuando una mujer está decidida a interrumpir su embarazo, buscará la forma de someterse a un aborto independientemente de si el procedimiento es seguro y legal o no. Y si no le es posible acceder a un aborto en condiciones médicas seguras, arriesgará la vida para interrumpir el embarazo. Cuando ocurren complicaciones derivadas de un aborto no seguro, la mujer suele renunciar a buscar ayuda médica profesional por temor a las consecuencias sociales que esto le pueda acarrear.
Las principales complicaciones de un aborto no seguro son hemorragia grave, infección, peritonitis y lesiones en vagina y útero; también pueden darse consecuencias a largo plazo que afecten a embarazos futuros, entre ellas la infertilidad.
No son sólo las mujeres y las niñas las que pueden necesitar acceso a servicios de aborto, sino también las personas intersexuales, transexuales o cualquier persona con capacidad reproductiva para quedarse embarazada.
Uno de los mayores obstáculos que encuentran estos grupos para acceder a servicios de aborto es la falta de acceso a la atención de la salud. Además, en el caso de las que sí tienen acceso a la atención de la salud, pueden sufrir estigma y opiniones prejuiciosas en la prestación de servicios de salud, así como la presunción de que no necesitan acceso a información y servicios relacionados con la contracepción y el aborto.
Según el derecho internacional de los derechos humanos, toda persona tiene derecho a la vida, a la salud y a no sufrir violencia, discriminación ni tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El derecho de los derechos humanos especifica claramente que las decisiones sobre nuestro cuerpo son sólo nuestras, principio que se conoce como “autonomía física”.
Obligar a alguien a mantener un embarazo no deseado o a buscar un aborto inseguro es una violación de sus derechos humanos, incluidos los derechos a la intimidad y a la autonomía física.
En muchas circunstancias, quienes no tienen más opción que recurrir a un aborto inseguro corren además riesgo de procesamiento y sanción, incluida prisión, y pueden también exponerse a sufrir trato cruel, inhumano y degradante, discriminación y exclusión en el acceso a servicios esenciales de atención a la salud después del aborto.
El acceso al aborto está, por tanto, esencialmente ligado a la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las demás personas que pueden quedarse embarazadas y a la con...
Ejemplos de restricciones y avances en el acceso al aborto
A pesar de la tendencia a reformar la legislación para impedir las muertes y lesiones, algunos países -entre ellos Nicaragua y El Salvador, República Dominicana, Honduras, Malta, Marruecos- mantienen leyes draconianas y discriminatorias, que siguen prohibiendo el aborto totalmente o prácticamente en todas las circunstancias. De hecho, según el Centro de derechos reproductivos, el 41% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes sobre el aborto muy restrictivas o donde, aunque el aborto sea legal, no se dispone de servicios de aborto o son inaccesibles.
Además, Estados Unidos dio un importante retroceso en materia de derecho al aborto en 2022, cuando pasó a ser competencia de cada estado, y desde la vuelta a la presidencia de Donald Trump en 2025. En 2024 se votó a favor de proteger el derecho al aborto en siete estados, pero 19 estados tienen una prohibición total o prácticamente total en la práctica del aborto, lo que deja a millones de mujeres y personas gestantes sin acceso efectivo a este derecho.
Incluso en los países con acceso en general a servicios legales de aborto, las personas embarazadas pueden encontrar aún múltiples restricciones y obstáculos para acceder a ellos, como el precio, la falta de imparcialidad en el asesoramiento y la existencia de plazos obligatorios de espera. En Irlanda del Norte, aunque el aborto se despenalizó en 2019, las mujeres encuentran muchos obstáculos para ver atendidas sus necesidades y poder ejercer su derecho a un aborto seguro. La OMS ha publicado una guía técnica para los Estados sobre la necesidad de identificar y eliminar tales obstáculos.
Con el caso real de Mª Teresa Rivera, ciudadana de El Salvador, por el que se movilizó Amnistía Internacional, podemos entender mejor lo que significa en la práctica prohibir el aborto. Ella no tuvo acceso a una educación sexual porque era pobre; se le negó el derecho a la salud porque no la atendieron cuando tuvo un aborto espontáneo; no tuvo el derecho a la intimidad médica cuando el hospital la denunció, ni el derecho a la justicia cuando la condenaron a 40 años de cárcel acusada de homicidio agravado. Como ella dice, el Estado que tenía que protegerla no lo hizo. Ahora, después de pasar más de 4 años en la cárcel, vive en Suecia con el estatuto de refugiada. Para otorgárselo se consideró que había sufrido tortura por parte del Estado salvadoreño y corría riesgo de volver a ser encarcelada.
En España aunque la ley sobre el acceso al aborto señala que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma, en la realidad esto es excepcional, ya que la mayoría de los abortos se realizan en centros privados (8 de cada 10), produciéndose una barrera de acceso al aborto muy importante.
Esto se debe, en gran parte, a la falta de un mecanismo efectivo que garantice el acceso al aborto en casos de objeción de conciencia por parte de personal médico.
La Ley Orgánica 1/2023 introdujo la obligación de que cada hospital cuente con un registro de personal sanitario objetor y poder así planificar la garantía de la prestación, mayoritariamente en la sanidad pública y, por tanto, cerca de los domicilios de las mujeres. Sin embargo, en 2024, un año después de su entrada en vigor, solo cinco comunidades autónomas contaban con un registro.
Aunque el aborto fue despenalizado recientemente en Irlanda del Norte, la desigualdad y los impedimentos para acceder a los servicios, además del estigma asociado al aborto siguen impidiendo que las personas reciban los cuidados de aborto que necesitan. Muchas mujeres no pueden acceder a servicios de aborto al vivir en localidades remotas. Viajar a Inglaterra, donde el acceso al aborto es más fácil, no es siempre una opción viable debido a los altos costes, por lo que algunas mujeres deciden adquirir píldoras abortivas a través de Internet y practicarse un aborto, lo cual es ilegal en muchos países de todo el mundo, incluida Irlanda del Norte.
En Marruecos, el aborto está penalizado en casi todas las circunstancias y las mujeres que viven en la pobreza no pueden pagarse un aborto clandestino. El Código Penal marroquí prohíbe el aborto si no lo practica un médico o cirujano autorizado y si no se considera imprescindible para proteger la vida o la salud de la embarazada. Quienes intentan o consiguen abortar pueden enfrentarse a penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas, y a una pena adicional de prisión con arreglo a las disposiciones que castigan las relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Tras décadas de la despenalización del aborto en Texas, en 2021 entró en vigor una ley que prohíbe el aborto a partir de las 6 semanas de gestación, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Esta medida constituye un paso atrás en el derecho al aborto, obligando a las mujeres a darse cuenta de su embarazo y tomar una decisión en un periodo de tiempo demasiado corto.
Esta ley no permite excepciones en caso de violación o incestos, únicamente permite el aborto por motivos de salud en los que la vida de la madre corra peligro o su cuerpo pueda sufrir un fuerte deterioro. Además, se han establecido recompensas de hasta 10.000 dólares para la gente que denuncie a quienes ayudan a abortar. “En Texas, la ley solo permite el aborto cuando está en riesgo la vida o la salud grave de la mujer, sin excepciones por violación o incesto. Además, ofrece recompensas de hasta 10.000 dólares a quienes denuncien a personas que ayuden a abortar.”
Algunos estados de EEUU consiguen blindar el derecho al aborto en sus Constituciones Pese a las graves restricciones y retrocesos vividos en la mayoría de estados de Estados Unidos después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos pusiera fin a las garantías federales de protección del derecho al aborto al anular la sentencia sobre el caso Roe contra Wade, el 24 de junio de 2022, afortunadamente los estados de Oregón, Vermont, Nuevo México, California, Minnesota, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Alaska y Hawái han conseguido proteger en sus legislaciones el derecho al aborto, algunos de ellos incluso blindándolo en la Constitución, como California, Oregón y Vermont.
Legislación a favor del aborto en el mundo
El aborto está permitido en alrededor de la mitad de países del mundo, si bien con diversos condicionantes. En muchos basta solamente con tomar la decisión dentro de un lapso de tiempo, contabilizado en semanas de gestación y recogido en la ley de cada país. Pasado este período algunos países siguen permitiéndolo, pero con condicionantes; por ejemplo, que exista riesgo para la salud de la madre o que el feto presente ciertas enfermedades congénitas.
También hay países que condicionan el derecho al aborto a determinados factores socioeconómicos; por ejemplo, en casos de que la mujer sea menor de edad o no cuente con recursos económicos para mantener a una criatura: es el caso de Etiopía, la India, Japón, el Reino Unido, Ruanda, Taiwán y Zambia.
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