Casos Legales sobre Abortos en el Mundo: Un Análisis Detallado
Cada año, millones de mujeres toman la decisión de interrumpir voluntariamente sus embarazos. Sin embargo, la seguridad y legalidad de estos procedimientos varían enormemente en todo el mundo. En este contexto, el acceso a un aborto seguro se considera un derecho fundamental que afecta directamente la salud, la autonomía y la igualdad de las mujeres.
Anualmente, 44 millones de mujeres deciden terminar de forma voluntaria su embarazo, principalmente en países en vías de desarrollo. Lamentablemente, 47,000 de ellas mueren debido a abortos inseguros, y otros cinco millones sufren lesiones graves. En el Día Mundial por la Despenalización del Aborto, que se celebra cada 28 de septiembre, se defiende el poder de las mujeres para decidir libremente sobre sus cuerpos, su sexualidad y su reproducción, considerándolo un derecho humano fundamental.
Hoy en día, 22 millones de abortos se realizan cada año en condiciones de riesgo, afectando mayormente a mujeres pobres y jóvenes que optan por interrumpir un embarazo no deseado sin garantías. Es crucial reconocer que el 25% de la población mundial vive en regímenes jurídicos que prohíben el aborto en todos los supuestos o solo lo permiten para salvar la vida de la mujer, mientras que el 39% vive en países donde el aborto es libre. En total, seis de cada 10 mujeres no pueden decidir en libertad.
Sin embargo, las leyes restrictivas tienen poca influencia en el número de abortos que se realizan. En América Latina y África, donde el aborto es ilegal en la mayoría de los países, la proporción de mujeres que abortan es más alta que en Europa Occidental, donde está permitido. De cada mil mujeres en edad reproductiva, 32 abortan en América Latina, 29 en África y 12 en Europa Occidental.
El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niña o persona que pueda quedarse embarazada. Su supresión provoca la violación de múltiples derechos como el derecho a la propia vida, a la salud, a la intimidad, a la autonomía o a no sufrir ni violencia, ni discriminación.
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Avances Recientes en el Derecho al Aborto
En años recientes se han visto importantes avances hacia este derecho. Destaca el importante logro de las mujeres en México, pero también en Argentina, Colombia o Ecuador han legislado recientemente hacia un mayor acceso al aborto. En 2024, Francia se convirtió en el primer país del mundo en incluir explícitamente el aborto como libertad garantizada en su Constitución; otros países apoyaron medidas de protección para pacientes y profesionales de la salud a la entrada de las clínicas con servicios de aborto, sometidos frecuentemente a criminalización y hostigamiento.
Restricciones Persistentes y sus Consecuencias
Sin embargo, todavía existen países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta, Andorra, Polonia o Marruecos en los que el aborto continúa estando penado o limitado a circunstancias muy específicas. Esto supone que 700 millones de mujeres en edad reproductiva no tienen acceso a servicios de aborto legales y seguros. Pero, no son las únicas que tienen que enfrentarse a restricciones legales en el aborto, ya que el 41% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes muy estrictas sobre el aborto o en los que a pesar de que el aborto sea legal, no tienen medios para ofrecer un aborto seguro y accesible.
Algunos de los obstáculos con los que las mujeres pueden encontrarse además de una legislación restrictiva, son la poca disponibilidad de servicios, los costes elevados, la estigmatización, la objeción de conciencia del personal sanitario, o la exigencia de requisitos innecesarios como el suministro de información engañosa. Muchas mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir sobre su embarazo y maternidad se ven obligadas a desplazarse a otros países (o a otros estados en el caso de Estados Unidos o México). Una posibilidad a la que no todas pueden acceder porque la desigualdad socioeconómica también cuenta negativamente en el acceso a un derecho al aborto seguro.
Retrocesos en el Acceso a la Salud Sexual y Reproductiva
En 2024, Afganistán, Argentina, Chile, Puerto Rico y Rusia pusieron en marcha leyes o políticas que reducen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Esto ha permitido que algunos estados impongan penas de cárcel a las mujeres acusadas de abortar, así como a quienes las asisten, o establezcan restricciones tan severas que, en la práctica, imposibilitan el acceso al aborto.
Al finalizar 2024, el aborto estaba prohibido total o casi totalmente en 19 estados, mientras que en 7 se había votado a favor de proteger este derecho. Ese mismo año, se publicó un estudio sobre mortalidad materna correspondiente a 2022 que confirmó la muerte de al menos dos mujeres en Georgia, debido a demoras en la atención médica tras la entrada en vigor de la prohibición del aborto a partir de la sexta semana de gestación.
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Además, existen numerosas barreras que afectan de forma desproporcionada a ciertos grupos, como personas negras y de otras comunidades racializadas, pueblos indígenas, migrantes en situación irregular, personas transgénero, residentes de zonas rurales y quienes viven en situación de pobreza. La creciente salida de profesionales de la salud de los estados con prohibiciones estrictas está agravando la falta de servicios de salud reproductiva, especialmente en áreas rurales y de bajos ingresos. A ello se suman las barreras socioeconómicas, que impiden a muchas personas desplazarse a otros estados para acceder a servicios de aborto.
Impacto de las Restricciones en el Número de Abortos
El hecho de imponer restricciones en el acceso a un aborto seguro, no desemboca en un menor número de abortos, sino en un mayor número de mujeres y niñas que tienen que poner su vida en riesgo para que se les practique un aborto en unas condiciones que no cumplen los mínimos sanitarios.
En 2024, la OMS afirmaba que seis de cada diez embarazos no deseados terminan en aborto, lo que representa aproximadamente el 30% del total de embarazos a nivel mundial. La tasa de aborto no es tan diferente entre los países en los que está prohibido y los que no, siendo 36 por 1000 en el primer caso y 39 por 1000 en el segundo.
Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro constituye una violación de sus derechos humanos. Por eso, no podemos permitir que se dé marcha atrás en los avances conseguidos en derechos sexuales y reproductivos.
Situación en España: De la Ley al Hecho
En España, aunque la ley sobre el acceso al aborto señala que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma, en la realidad esto es excepcional, ya que la mayoría de los abortos se realizan en centros privados (8 de cada 10), produciéndose una barrera de acceso al aborto muy importante.
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Esto se debe, en gran parte, a la falta de un mecanismo efectivo que garantice el acceso al aborto en casos de objeción de conciencia por parte de personal médico.
La Ley Orgánica 1/2023 introdujo la obligación de que cada hospital cuente con un registro de personal sanitario objetor y poder así planificar la garantía de la prestación, mayoritariamente en la sanidad pública y, por tanto, cerca de los domicilios de las mujeres. Sin embargo, en 2024, un año después de su entrada en vigor, solo cinco comunidades autónomas contaban con un registro.
El Caso de Irlanda del Norte
Aunque el aborto fue despenalizado recientemente en Irlanda del Norte, la desigualdad y los impedimentos para acceder a los servicios, además del estigma asociado al aborto siguen impidiendo que las personas reciban los cuidados de aborto que necesitan. Muchas mujeres no pueden acceder a servicios de aborto al vivir en localidades remotas. Viajar a Inglaterra, donde el acceso al aborto es más fácil, no es siempre una opción viable debido a los altos costes, por lo que algunas mujeres deciden adquirir píldoras abortivas a través de Internet y practicarse un aborto, lo cual es ilegal en muchos países de todo el mundo, incluida Irlanda del Norte.
Polonia: Restricciones y Persecución
En 2020, el Tribunal Constitucional de Polonia eliminó uno de los únicos tres supuestos en los que estaba permitido abortar -por defecto fetal grave e irreversible o enfermedad que haga inviable la vida del feto-. Únicamente está permitido cuando la vida o la salud de la persona embarazada corre peligro o si el embarazo es resultante de violación o incesto.
A pesar de las promesas electorales del nuevo gobierno y del debate público sobre los derechos reproductivos, en particular la mejora del acceso al aborto y la despenalización de la ayuda para abortar, aún no se ha reformado la legislación.
Quienes se oponen a las restricciones al aborto y brindan apoyo a personas que necesitan acceder a uno seguro enfrentan persecución, y en varios casos se han iniciado procesos penales contra activistas y familiares por prestar esa ayuda.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha anunciado que evaluará las denuncias presentadas por mujeres polacas que podrían haber sido víctimas de violaciones al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que restringió severamente el acceso al aborto.
Pero Justyna y su movimiento, Abortion Dream Team, no se rinden. En marzo de 2025 han abierto el primer centro en el país que proporcionará información sobre el aborto en otros países, autocuidados y acompañamiento a las personas que decidan practicarse un aborto autogestionado con píldoras.
Marruecos: Penalización y sus Efectos
En Marruecos, el aborto está penalizado en casi todas las circunstancias y las mujeres que viven en la pobreza no pueden pagarse un aborto clandestino. El Código Penal marroquí prohíbe el aborto si no lo practica un médico o cirujano autorizado y si no se considera imprescindible para proteger la vida o la salud de la embarazada. Quienes intentan o consiguen abortar pueden enfrentarse a penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas, y a una pena adicional de prisión con arreglo a las disposiciones que castigan las relaciones sexuales fuera del matrimonio.
La legislación que prohíbe difundir información relacionada con el aborto restringe aún más el acceso a unos recursos médicos esenciales e incapacita a las mujeres para tomar decisiones informadas sobre sus embarazos.
Estas restricciones, sumadas a la ausencia de directrices o protocolos médicos sobre la provisión del aborto legal, dejan a muchas mujeres sin una vía segura y legal para abortar.
Ante la amenaza de cárcel, muchas recurren a métodos clandestinos y peligrosos para interrumpir el embarazo. Las que no lo consiguen son coaccionadas para llevar el embarazo a término y corren el riesgo adicional de ser procesadas en aplicación de las leyes que penalizan las relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que agrava la exclusión social y la pobreza, todo ello mientras soportan las dolorosas secuelas de sus intentos fallidos de aborto.
Texas: Prohibición a las 6 Semanas
Tras décadas de la despenalización del aborto en Texas, en 2021 entró en vigor una ley que prohíbe el aborto a partir de las 6 semanas de gestación, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Esta medida constituye un paso atrás en el derecho al aborto, obligando a las mujeres a darse cuenta de su embarazo y tomar una decisión en un periodo de tiempo demasiado corto.
Esta ley no permite excepciones en caso de violación o incestos, únicamente permite el aborto por motivos de salud en los que la vida de la madre corra peligro o su cuerpo pueda sufrir un fuerte deterioro. Además, se han establecido recompensas de hasta 10.000 dólares para la gente que denuncie a quienes ayudan a abortar.
Estados Unidos: Un Panorama Dividido
Pese a las graves restricciones y retrocesos vividos en la mayoría de estados de Estados Unidos después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos pusiera fin a las garantías federales de protección del derecho al aborto al anular la sentencia sobre el caso Roe contra Wade, el 24 de junio de 2022, afortunadamente los estados de Oregón, Vermont, Nuevo México, California, Minnesota, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Alaska y Hawái han conseguido proteger en sus legislaciones el derecho al aborto, algunos de ellos incluso blindándolo en la Constitución, como California, Oregón y Vermont.
República Dominicana: Prohibición Total
En República Dominicana el aborto está prohibido en todos los supuestos. Sin embargo, en 2014 la Cámara de Diputados aprobó un Código Penal que despenalizaba el aborto en tres situaciones: cuando el embarazo constituyera un peligro para la vida de la embarazada, cuando el feto no pudiera sobrevivir fuera del útero materno y cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o incesto. Lamentablemente, este paso fue anulado por el Tribunal Constitucional posteriormente.
Francia: Un Paso Histórico
Francia blindará el derecho al aborto la próxima semana, incluyéndolo en su Constitución después de que el Senado y la Asamblea Nacional dieran luz verde a la reforma. Será así el primer país en incluir este derecho en su Carta Magna.
Legislación Global del Aborto: Un Resumen
El aborto está permitido en alrededor de la mitad de países del mundo, si bien con diversos condicionantes. En muchos basta solamente con tomar la decisión dentro de un lapso de tiempo, contabilizado en semanas de gestación y recogido en la ley de cada país. Pasado este período algunos países siguen permitiéndolo, pero con condicionantes; por ejemplo, que exista riesgo para la salud de la madre o que el feto presente ciertas enfermedades congénitas.
También hay países que condicionan el derecho al aborto a determinados factores socioeconómicos; por ejemplo, en casos de que la mujer sea menor de edad o no cuente con recursos económicos para mantener a una criatura: es el caso de Etiopía, la India, Japón, el Reino Unido, Ruanda, Taiwán y Zambia.
Hay numerosos países (también cerca de la mitad a nivel global) que solo permiten el aborto por motivos de salud. Esto incluye generalmente si existe un riesgo para la madre o se detecta una enfermedad congénita en el feto, pero también hay legislaciones que tienen en cuenta el impacto para la salud mental de la mujer. Otros lo permiten solamente en casos de violación u otras formas de violencia sexual, y en algunos también se incluye el incesto.
Unos pocos países prohíben el aborto en todas las circunstancias: Andorra, El Salvador, Filipinas, El Vaticano, Honduras, Madagascar, Nicaragua, República Dominicana y la república de Abjasia (que legalmente forma parte de Georgia pero es independiente de facto).
Finalmente hay países - especialmente en África, Oriente Medio y el sudeste asiático - donde, aunque teóricamente es posible abortar en circunstancias muy concretas (como el riesgo para la salud de la madre), a la práctica resulta complicado ejercer este derecho porque los doctores se pueden negar a realizar la intervención.
Aborto en Chile: Un Enfoque de Derechos Humanos
En Chile, la instalación del aborto como un problema de salud pública y de derechos que requiere legislación es uno de los grandes desafíos en materia de derechos humanos particularmente en los países que han penalizado el aborto en su totalidad como es el caso de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Malta, El Vaticano, República Dominicana y Chile hasta hace poco meses.
Durante la década de los 90 y 2000 fueron varias las mociones sobre aborto presentadas por parlamentarios/as, algunas de ellas para despenalizar y otras para aumentar las penas, pero los diferentes gobiernos chilenos no presentaron soluciones ni mecanismos de acción para dar cuenta de las necesidades respecto a la situación de despenalización del aborto en el país.
El 21 de mayo del 2014 en el discurso presidencial ―de gran relevancia en el país― la presidenta Michelle Bachelet anunció que se iba a legislar sobre Aborto Terapéutico en sus tres causales.
El 23 de septiembre del año 2017 el Diario Oficial de la República de Chile publicó la promulgación de la Ley N°21.030 sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo por Tres Causales que contempla los siguiente artículos:
"Artículo 1.- Incorpórense las siguientes modificaciones en el Código Sanitario: 1. Sustituyese el artículo 119 por el siguiente: "Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción de su embarazo por un médico cirujano, en los términos regulados en los artículos siguientes, cuando: 1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. 2) El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal. 3) Sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación.
La legislación sanitaria sobre aborto entre 1989 y 2017 difiere completamente de la que rigió en Chile durante gran parte del siglo XX, donde el aborto era lícito y socialmente aceptado.
Los organismos internacionales jugaron un rol fundamental para el logro de la ley en Chile, donde diversos Comités de la ONU solicitaron reiteradamente al Estado chileno reparar esta situación.
El Caso de Polonia: Inconstitucionalidad de la Interrupción por Malformación Fetal
Las mujeres en Polonia son desde este jueves menos dueñas de su cuerpo. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la interrupción del embarazo por malformación del feto, reduciendo así los supuestos legales para el aborto a la violación, el incesto y riesgo grave para la salud de la madre.
En Polonia, con una de las leyes más restrictivas de la Unión Europea en esta materia, se practicaron el pasado año 1.110 abortos legales, según el Ministerio de Sanidad. En el 98% de los casos fue por malformación del feto.
Turquía: Aborto Legal, Pero con Obstáculos
Pese a ser legal, el aborto se trata como un tabú en Turquía. Las mujeres no saben a quién acudir de forma discreta. «Hay una prohibición de facto en muchos lugares. Un médico no puede decir que está prohibido, porque es legal. Pero es común negar la práctica. Obliga a las mujeres a ir de hospital en hospital para encontrar un lugar donde tengan seguridad», explica Filiz, enfermera en un hospital público de Estambul, donde no se practican.
En 2012, el entonces primer ministro (y ahora presidente) Recep Tayyip Erdogan describió el aborto como un «asesinato» y anunció un proyecto de ley para restringir el período de la práctica a seis semanas. La iniciativa provocó protestas en todo el país y tras la presión, nunca se convirtió en ley. Sin embargo, las autoridades han introducido otras iniciativas para disuadir a las mujeres y que no aborten.
Caso Clínico en Colombia: Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo
En Colombia, a partir de la sentencia C-355 de 2006, el aborto es legal en las siguientes tres situaciones: a) cuando esté en peligro la salud física, mental y/o emocional de la madre como consecuencia directa del embarazo; b) cuando el embarazo es el resultado de una violación o un tratamiento de fertilidad no consentido por la mujer, y c) cuando el feto presenta graves malformaciones que hacen inviable la vida fuera del útero.
El objetivo de este reporte de caso es presentar un caso clínico complejo de una mujer que solicitó la interrupción legal y voluntaria del embarazo (ILVE) por riesgo para la salud mental.
Mujer de 38 años ingresó por consulta externa de un hospital público de la ciudad de Medellín para que se le practicara el procedimiento de ILVE. Ella había acudido días atrás por consulta externa de la entidad prestadora de salud para evaluación médica porque creía estar embarazada. Se le confirmó el embarazo y se le informó de su derecho a la ILVE, ya que se sentía «triste y aburrida», lo que para los profesionales sanitarios que la atendieron configura un «riesgo para la salud mental materna». Se remitió a la mujer a un hospital de tercer nivel de complejidad, con la orden del juez para que se le practicara el procedimiento de ILVE.
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