Clínicas de Aborto en Burgos: Precios y Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo
El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en España presenta variaciones significativas entre comunidades autónomas, afectando tanto a la disponibilidad de servicios como a los precios que las mujeres deben afrontar. En este contexto, analizamos la situación en Burgos y otras regiones, considerando la reciente reforma de la Ley del Aborto y las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a servicios gratuitos.
Disparidades en el Acceso al Aborto Gratuito
Las mujeres de Castilla y León no están en igualdad de condiciones a la hora de abortar de forma gratuita. Solo dos hospitales públicos de la Comunidad realizan interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) y únicamente hay una clínica privada concertada con Sacyl que las practica. Así, las mujeres se encuentran condicionadas por la provincia donde viven y habitualmente se ven obligadas a trasladarse a kilómetros de distancia para ejercer este derecho.
En Castilla y León, hay únicamente tres centros privados acreditados para la realización de interrupciones voluntarias del embarazo: la Clínica Ginecológica Ginemédica, en Valladolid; el Centro Ginecológico Buenavista, en León; y la Clínica Multimédica Centro, en Salamanca. Sin embargo, solo la de Valladolid puede practicar abortos de forma gratuita, ya que es la única concertada con Sacyl, que también tiene concierto con centros de otras autonomías como Madrid, pero con ningún otro en la Comunidad.
Por su parte, dentro del Sacyl, los hospitales de Miranda de Ebro y de Burgos son los únicos de Castilla y León que realizan interrupciones voluntarias del embarazo.
Precios de los Abortos en Clínicas Privadas
A la hora de interrumpir el embarazo directamente desde una clínica privada en la Comunidad, los precios son similares. En Buenavista, el coste es de 400 euros, independientemente del método escogido (farmacológico o quirúrgico). En el precio se incluyen también las ecografías y consultas posteriores. En cuanto a los métodos, el farmacológico "es efectivo hasta las siete semanas de gestación", según explica José Manuel Muñoz.
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Esto supone una limitación más para las mujeres que interrumpen el embarazo de forma gratuita en Valladolid, pero que son residentes en otras provincias, ya que "van a tener que trasladarse al menos tres veces, si todo va bien", explica García. También es el método quirúrgico aquel al que deben acudir las mujeres con gestaciones más avanzadas, en las que, además, aumenta el número de consultas, si bien es cierto que la mayoría de las pacientes interrumpe el embarazo "entre la semana uno y la doce", explica Muñoz.
Según la normativa, el aborto está permitido hasta las 14 semanas, aunque puede realizarse con posterioridad a este período en circunstancias puntuales como la existencia de un grave riesgo para la embarazada, en cuyo caso son necesarios dos dictámenes médicos para proceder al aborto; de graves anomalías en el feto, para lo cual se requieren tres dictámenes; o de enfermedades incompatibles con la vida. Pese a que también se dan este tipo de situaciones, "es cierto que son casos minoritarios", comenta Muñoz.
El aborto desde la sanidad pública supone "acudir al médico de cabecera, que después deriva a la mujer a la matrona para hacer la ecografía y confirmar el embarazo, y después es la trabajadora social la que gestiona la cita en Valladolid", explica García. Por ello, "algunas mujeres deciden no hacer todo ese recorrido", tal como añade, y acuden directamente a centros privados.
A pesar de todo ello, profesionales como las trabajadoras sociales que atienden estos casos en la sanidad pública suelen hacerlo "con mucha implicación, facilitando a las mujeres todos los trámites pese al posible traslado a otra ciudad y con la mayor rapidez", aclara Muñoz.
El HUBU y la Interrupción Voluntaria del Embarazo
El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) cumplió, cuando concluyó enero, su primer año realizando interrupciones voluntarias del embarazo. La prestación de este servicio, auspiciada por una renovación en el área de Ginecología y Obstetricia, ha introducido un cambio muy relevante en la atención a mujeres que quieren interrumpir su embarazo. Abel Renuncio, ginecólogo del HUBU y responsable de la Unidad de Atención a la Mujer, recuerda que hasta el pasado año las interrupciones farmacológicas eran una minoría.
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Decidir cómo se interrumpe el embarazo es prerrogativa de la mujer. Si hay rechazo a la fórmula farmacológica, se remite a la clínica privada, que está en Valladolid. «Las mujeres demandan una atención muy precoz», explica Renuncio. En cuanto detectan que están embarazadas acuden a Atención Primaria y son derivadas en un par de días a Ginecología. Además, este método es el que más se asemeja a la experiencia vital de las mujeres, acostrumbradas a los sangrados, que en estos casos son más abundantes, y a los dolores intensos de la menstruación.
Abel Renuncio destaca que la implantación de las interrupciones voluntarias en el HUBU ha venido de la mano de una asistencia «muy protocolizada» y con un protocolo específico, diferente al de otros sistemas. Se trabaja para que el aborto sea lo menos doloroso posible, en todos los aspectos, físico y emocional. Y, además, se ha instaurado la visita precoz, el gran «aliciente» de los profesionales del HUBU. La mujer que interrumpe su embarazo asiste a la primera visita a la semana siguiente, no a la segunda o tercera semana, como suele ser lo habitual.
Es uno de los objetivos prioritarios, reforzar los métodos anticonceptivos, de modo que una mujer pueda disponer de un sistema de anticoncepción planificado como muy tarde a la semana del tratamiento. Eso sí, el ginecólogo advierte frente a los «falsos mitos» que asocian los embarazos no deseados a la falta de medidas anticonceptivas. Los datos lo desmienten. En 2021, la última estadística actualizada, 212 mujeres de las 338 que interrumpieron su embarazo sí utilizaron método anticonceptivo, pero falló.
Reforma de la Ley del Aborto y Objeción de Conciencia
La recientemente planteada reforma de la Ley del Aborto, impulsada por el Ministerio de Igualdad, supone varios cambios con respecto a la normativa anterior. En la actualidad, las menores de edad, "suelen venir acompañadas de sus madres", añade el gestor de la clínica vallisoletana. Pero también pueden darse situaciones en las que los progenitores puedan suponer un impedimento en la decisión de su hija.
La reforma también pretende que los abortos puedan realizarse en centros públicos, "pero eso en Castilla y León va a ser más difícil que en otras comunidades donde no hay una objeción en bloque", detalla García. De hecho, la objeción de conciencia es otro de los aspectos que la reforma pretende regular, y en la actualidad, es una de las causas por las solo en dos hospitales públicos de la Comunidad se realizan abortos. Además, la reforma plantea la regulación de los registros de objetores de conciencia, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de personal en los hospitales públicos para practicar abortos.
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En 2020, se realizaron 2.421 abortos en Castilla y León, de los que 1.349 se realizaron de forma gratuita (el 56%), aunque solo 60 de este total tuvieron lugar en hospitales públicos, ya que la mayoría de los abortos en España se realiza en clínicas privadas, pero concertadas con la sanidad pública. Además, 209 mujeres fueron derivadas por Sacyl ese año a otras comunidades autónomas, fundamentalmente las residentes en Ávila, Palencia y Soria.
Alternativas y Desplazamientos
La situación llega al punto de que las leonesas llevan siendo obligadas desde este enero a trasladarse a Madrid para poder acceder a la IVE financiada, en vez de a Valladolid que les queda más cerca, confirman desde Buenavista. En resumen, para las residentes de estas provincias hay dos opciones si quieren abortar: o pagar o viajar.
Se suma en este caso “la dificultad del itinerario” diseñado para financiar la IVE, a la que se refieren todas las expertas: “Tienen que ir al médico de cabecera, les deriva a ginecología o matrona y luego a la trabajadora social, desde donde se gestiona la cita. Les llaman y les dicen el día que les han dado, ni se puede elegir ni nada”, explica García Mediavilla, que conoce de primera mano cómo se gestiona en Asturias -Buenavista tiene clínica también en Oviedo-: “Es uno de los lugares donde las mujeres tienen que hacer menos trámites y menos recorrido.
Datos Nacionales y Comparativas
Las cifras a las que ha podido acceder este medio dibujan un mapa heterogéneo con comunidades en las que casi todas las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) son financiadas y otras en las que buena parte de las mujeres pagan por ellas. Entre las primeras se encuentran Navarra y Cantabria, donde solo entre un 1 y un 3% de los abortos fueron costeados directamente por ellas, Euskadi (5,8%) y Andalucía (10%). Catalunya, cuyos datos más actualizados corresponden a 2022, se queda en el 18%, le sigue Madrid con mayor número de intervenciones no financiadas y Castilla y León, donde un 41,8% de mujeres pagaron por abortar en 2023.
En general, lo habitual en España es que las mujeres acaben abortando en clínicas con las que la administración concierta el servicio porque los centros públicos no asumen las intervenciones: así fue en el 81% de los casos en 2023.
Entre los factores que pueden empujar a esta situación, todas las expertas consultadas apuntan a la complejidad de los circuitos de acceso al aborto gratuito: “Hay poca claridad sobre qué es lo que una mujer que quiere abortar tiene que hacer. En la mayoría de comunidades son varios pasos y derivaciones, hay que acudir a varias ventanillas y a veces se convierte en un periplo”, asegura Aldavert. Y es que cada autonomía establece su propio itinerario.
A la falta de información apunta la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos como una de las barreras de acceso a la IVE gratuita. Los precios de los abortos que ofertan las clínicas se sitúan más o menos en las mismas horquillas: en el centro médico Aragón, que tiene presencia en Barcelona, Girona y Mallorca, la IVE antes de las 12 semanas de gestación cuesta entre 370 y 390 euros en función del método; en la madrileña clínica Isadora son 345 con anestesia local y 440 euros con anestesia general mientras que en la clínica Acuario de Valencia son 450 euros independientemente del método. Los precios ascienden a medida que lo hace el tiempo de gestación: en este último caso, de 13 a 14 semanas cuesta 650 euros -más 100 euros de sedación-.
Para contribuir a paliar el déficit de información sobre el aborto, la asociación ha puesto en marcha un teléfono y una página web en la que recopila toda la información disponible al respecto y por comunidades. Además, desde la asociación acompañan y asesoran a mujeres.
Desde la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) aseguran que los centros concertados “tenemos la obligación de decirle a la mujer que tiene derecho a ir la Seguridad Social” y coinciden en que “circuitos más ágiles y más sencillos” les facilitarían la vida, en palabras de Francisca García, presidenta de la asociación, que insiste en que en las clínicas “no se prioriza para dar la cita antes” a quienes pagan.
Las expertas apuntan también a la situación de las mujeres migrantes que no tienen tarjeta sanitaria, que “sin duda” forman parte de este grupo de mujeres que pagan por abortar “porque se les niega el acceso”, dice Aldavert. Lo han comprobado desde la asociación: de las 400 mujeres que han acompañado en el último mes para acceder a la IVE, un 20% no tenían tarjeta, “más de la mitad” en Madrid.
Precisamente el informe anual de esta comunidad revela que la financiación pública del aborto en las mujeres migrantes es menor: así, el 80,8% de las españolas acceden a la IVE gratuita, un porcentaje que desciende al 65,2% en este último caso.
En este escenario variable hay casos como el de Castilla y León, donde casi la mitad de las mujeres se costearon la IVE en 2023, una situación que muestra como pocas uno de los efectos que tiene que muchas mujeres sigan obligadas a salir de su provincia para abortar.
Deben viajar porque en muchos lugares los hospitales públicos no asumen las intervenciones y no hay clínicas con las que concertar el servicio o, si las hay, las consejerías de salud no lo conciertan o estas no se presentan a los concursos. La mujer que quiere hacerlo en su ciudad, en León, tiene que pagar. Por eso, muchas mujeres acaban decidiendo abortar pagando si tienen un centro cerca en su propia provincia, lo prefieren a tener que desplazarse, en ocasiones, hasta 300 kilómetros.
Es el caso de las mujeres que viven en León, donde el 56% de las IVE no son financiadas por la pública y donde existe una clínica, la Buenavista, que está acreditada para practicar abortos. “La mujer que quiere hacerlo en su ciudad, en León, tiene que pagar. Aquí se ponen muchas trabas desde siempre y este año al concierto no nos hemos presentado porque es una vergüenza y se priorizan las ofertas más baratas por encima del bienestar de la mujer.
“Supongo que será porque han preferido darle el concierto a una clínica madrileña que habrá hecho una mejor oferta económica”, añade la profesional, que asegura que “antes, una clínica de Salamanca tenía concierto, pero ahora se lo han dado a Valladolid imagino que por el mismo motivo”.
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