Conferencia sobre el aborto: Temas clave y perspectivas globales
El aborto sigue siendo un tema polémico en todo el mundo, generando debates intensos sobre los derechos de las mujeres, la moralidad y el papel del Estado. En los últimos meses, se han incoado iniciativas legislativas que, lejos de promover el bien de la persona y su dignidad, atentan gravemente contra la misma.
La postura de la Iglesia y la defensa de la vida
La Iglesia alza la voz para defender la dignidad de la vida de cada persona, desde su origen y hasta el final de la vida. La vida humana es un don de Dios, de manera que nadie puede disponer de la vida de otro ser humano. Ante esta decisión, queremos recordar que la vida humana es sagrada e inviolable en cada momento de su existencia, también en el inicial que precede al nacimiento.
Como Iglesia, solo podemos ser voz de los sin voz, haciendo resonar el grito silencioso de tantas vidas humanas que claman desde el seno de sus madres, pidiendo justicia para que se respete su derecho a vivir. Esto no significa en ningún sentido abandonar a las mujeres que tienen problemas para seguir adelante con su embarazo. Como dice San Juan Pablo II en Evangelium Vitae: “el Evangelio de la vida no es exclusivamente para los creyentes: es para todos.
El tema de la vida y de su defensa y promoción no es prerrogativa única de los cristianos. Aunque de la fe recibe luz y fuerza extraordinarias, pertenece a toda conciencia humana que aspira a la verdad y está atenta y preocupada por la suerte de la humanidad.
El aborto como derecho humano
El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niña o persona que pueda quedarse embarazada. Su supresión provoca la violación de múltiples derechos como el derecho a la propia vida, a la salud, a la intimidad, a la autonomía o a no sufrir ni violencia, ni discriminación.
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Muchos países han legislado recientemente hacia un mayor acceso al aborto. En 2024, Francia se convirtió en el primer país del mundo en incluir explícitamente el aborto como libertad garantizada en su Constitución; otros países apoyaron medidas de protección para pacientes y profesionales de la salud a la entrada de las clínicas con servicios de aborto, sometidos frecuentemente a criminalización y hostigamiento.
Sin embargo, todavía existen países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta, Andorra, Polonia o Marruecos en los que el aborto continúa estando penado o limitado a circunstancias muy específicas. Esto supone que 700 millones de mujeres en edad reproductiva no tienen acceso a servicios de aborto legales y seguros.
Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro constituye una violación de sus derechos humanos. Por eso, no podemos permitir que se dé marcha atrás en los avances conseguidos en derechos sexuales y reproductivos.
En primer lugar, mostramos nuestra preocupación y nuestro rechazo ante la aprobación de la nueva ley del aborto. Recientemente hemos afirmado en el documento El Dios fiel mantiene su alianza que “desde la aprobación del aborto en 1985, los conocimientos sobre el ADN, las ecografías 3D, 4D y 5D permiten afirmar aún con más contundencia que negar que existe una nueva vida en el seno de una mujer embarazada desde la concepción es irracional, y afirmar que un supuesto «derecho a decidir sobre el propio cuerpo», una falacia.
Obstáculos y desafíos en el acceso al aborto seguro
Algunos de los obstáculos con los que las mujeres pueden encontrarse además de una legislación restrictiva, son la poca disponibilidad de servicios, los costes elevados, la estigmatización, la objeción de conciencia del personal sanitario -recientemente se han hecho públicos varios casos en España o Chile-, o la exigencia de requisitos innecesarios como el suministro de información engañosa.
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En 2024, Afganistán, Argentina, Chile, Puerto Rico y Rusia pusieron en marcha leyes o políticas que reducen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Esto ha permitido que algunos estados impongan penas de cárcel a las mujeres acusadas de abortar, así como a quienes las asisten, o establezcan restricciones tan severas que, en la práctica, imposibilitan el acceso al aborto.
Además, existen numerosas barreras que afectan de forma desproporcionada a ciertos grupos, como personas negras y de otras comunidades racializadas, pueblos indígenas, migrantes en situación irregular, personas transgénero, residentes de zonas rurales y quienes viven en situación de pobreza.
El hecho de imponer restricciones en el acceso a un aborto seguro, no desemboca en un menor número de abortos, sino en un mayor número de mujeres y niñas que tienen que poner su vida en riesgo para que se les practique un aborto en unas condiciones que no cumplen los mínimos sanitarios.
En España aunque la ley sobre el acceso al aborto señala que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma, en la realidad esto es excepcional, ya que la mayoría de los abortos se realizan en centros privados (8 de cada 10), produciéndose una barrera de acceso al aborto muy importante.
Aunque el aborto fue despenalizado recientemente en Irlanda del Norte, la desigualdad y los impedimentos para acceder a los servicios, además del estigma asociado al aborto siguen impidiendo que las personas reciban los cuidados de aborto que necesitan.
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A pesar de las promesas electorales del nuevo gobierno y del debate público sobre los derechos reproductivos, en particular la mejora del acceso al aborto y la despenalización de la ayuda para abortar, aún no se ha reformado la legislación. Quienes se oponen a las restricciones al aborto y brindan apoyo a personas que necesitan acceder a uno seguro enfrentan persecución, y en varios casos se han iniciado procesos penales contra activistas y familiares por prestar esa ayuda.
En Marruecos, el aborto está penalizado en casi todas las circunstancias y las mujeres que viven en la pobreza no pueden pagarse un aborto clandestino.
Tras décadas de la despenalización del aborto en Texas, en 2021 entró en vigor una ley que prohíbe el aborto a partir de las 6 semanas de gestación, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Esta medida constituye un paso atrás en el derecho al aborto, obligando a las mujeres a darse cuenta de su embarazo y tomar una decisión en un periodo de tiempo demasiado corto.
En República Dominicana el aborto está prohibido en todos los supuestos. Lamentablemente, este paso fue anulado por el Tribunal Constitucional posteriormente.
La politización del aborto y la defensa de los derechos
Después de más de 50 años, ¿por qué esa obsesión en recortar derechos de salud reproductiva y, especialmente, restringir el aborto? La respuesta es que estos derechos humanos, asociados a la salud, a la libertad, a la vida y a la educación desactivan normas sociales, desafían expectativas y ponen en cuestión el tramado simbólico de una sociedad, esto es: lo que se espera de las mujeres y el rol que se les quiere asignar.
Para hacerlo, utilizan narrativas que argumentan defender la vida y la familia de los totalitarismos marxistas, la nación de las injerencias externas y los lobbies abortistas, o los derechos humanos verdaderos y las necesidades reales de las mujeres, en el marco de una batalla cultural.
De preocupante actualidad son también las declaraciones por parte de gobiernos democráticos de territorios o instituciones como “provida”, que bloquean la entrada del debate en la agenda política, introducen propuestas antiderechos en los programas electorales de partidos tradicionales, configuran plataformas políticas conservadoras en los parlamentos y utilizan los medios de comunicación y las redes sociales digitales para distribuir información fraudulenta y hostigar a quienes defienden el aborto.
El peligro de recortar o bloquear derechos no debe ser una preocupación que active a las afectadas, sino un desvelo para quienes deseen vivir en regímenes de derechos que consagren la libertad, la igualdad y la fraternidad como principios motores.
La evolución histórica del debate sobre el aborto
La progresiva liberalización del aborto (tema unificador del movimiento feminista en Europa occidental y Norteamérica a principios de la década de 1970) venía acompañada de importantes cambios en la opinión pública y en la prensa. Entre los factores determinantes cabe destacar el gran número de abortos ilegales y su alta tasa de mortandad asociada, con una incidencia especialmente acusada entre las mujeres pobres que no podían viajar al extranjero para abortar en países donde el procedimiento era legal sino que tenían que hacerlo a través de una red clandestina de médicos.
En este contexto, mientras que en varios sectores se avanzaba la necesidad de proceder de manera incremental (agregando excepciones a la norma general de la penalización del aborto), las feministas de la época abogaban por un cambio categórico y por la derogación total de la prohibición penal, apoyándose en la noción de la autonomía y la libertad individual, retando así normas y prejuicios en torno a la maternidad.
Entre los factores determinantes cabe destacar el gran número de abortos ilegales y su alta tasa de mortandad asociada, con una incidencia especialmente acusada entre las mujeres pobres que no podían viajar al extranjero para abortar en países donde el procedimiento era legal sino que tenían que hacerlo a través de una red clandestina de médicos.
El aborto y los derechos humanos
Partimos de la idea de que todas las personas tienen los mismos derechos, independientemente de donde vivan y cual sea su sexo, edad, identidad, etnia, religión o creencias. Esto significa que todos los derechos humanos son universales. Este es el caso de las mujeres porque su subordinación y desigualdad histórica interpela al cumplimiento de los derechos humanos.
Los derechos sexuales y reproductivos se vulneran cuando los Estados permiten la mutilación genital femenina o las esterilizaciones forzadas de determinados grupos de población, como pasó en Perú, o la política del hijo único en China, o los matrimonios tempranos que dan lugar a que niñas se quedan embarazadas, y cuando se prohíbe o dificulta el aborto y se encarcela a las mujeres acusadas de abortar.
Por tanto, el acceso al aborto seguro está esencialmente ligado a la protección y respeto de los derechos de las mujeres y las niñas y de todas las personas que pueden quedarse embarazadas.
¿Qué derechos humanos se vulneran cuando se prohíbe el aborto?
Los derechos sexuales y reproductivos y la capacidad de las mujeres para controlar su fertilidad y reproducción, también mediante el acceso al aborto, son fundamentales para la realización plena de los demás derechos humanos: el derecho a la autonomía personal y la capacidad de decidir sobre su maternidad y embarazos; el acceso a la salud; el derecho a la intimidad; el derecho a la igualdad y no discriminación por motivos de edad, etnia, religión, recursos económicos; el derecho a la igual protección ante la ley; el derecho a no sufrir violencia, e incluso el derecho a la vida, como veremos a continuación.
Son estos derechos los que no protegen los Estados cuando criminalizan el aborto. Porque penalizar el aborto no lo impide, sólo hace que sea menos seguro.
La salud y la seguridad en el aborto
Cuando la Organización Mundial de la Salud promueve la práctica de abortos seguros, está hablando no solo de la disponibilidad de los servicios para practicarlos, sino también de la forma en que se ofrecen esos servicios, de la confidencialidad y la privacidad en la toma de decisiones de las mujeres, por lo que recomienda, entre otras cuestiones, la señalización discreta de la ubicación de los servicios de aborto.
Sí, cuando se criminaliza el aborto se puede vulnerar el derecho a la vida de la mujer embarazada. Porque con la prohibición no desaparecen los abortos, sino que se obliga a las mujeres a acudir a métodos inseguros, clandestinos y sin garantías sanitarias. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo se producen 33 millones de abortos peligrosos.
Los países que prohíben el aborto sancionan también al personal sanitario que pudiera practicarlos, de manera que, ante el riesgo de ir a la cárcel, es muy probable que se les niegue la atención médica a mujeres que piden ayuda después de un aborto practicado sin garantías sanitarias y del que se derivan complicaciones, poniendo así en peligro su vida.
El aborto y la justicia
Ninguna mujer debería ir a la cárcel acusada de abortar. Es una gran contradicción que países muy permisivos con la violencia sexual hacia las mujeres, incluso cuando esta pueda ser la causa de embarazos no deseados -en muchos casos de niñas-, prohíban el aborto, como sucede en Nicaragua, El Salvador o República Dominicana, entre otros.
Veamos la situación real con un caso concreto: En El Salvador el aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluso aunque la vida de la embarazada esté en riesgo o el embarazo sea a causa de una violación. Allí las mujeres acusadas de abortar pueden ser condenadas hasta con 40 años de cárcel y para quienes las ayudan a abortar, incluido el personal médico, las condenas pueden suponer 12 años de cárcel.
En España la ley reconoce el derecho al aborto y, sin embargo, las mujeres que deciden abortar tienen muy difícil acceder a los servicios públicos de salud. Más del 80% de los abortos legales se realizan en clínicas privadas concertadas, bajo la supuesta causa de la objeción de conciencia del personal sanitario de los hospitales públicos.
La desigualdad económica y su impacto en el acceso al aborto
Está demostrado que son las mujeres con menos recursos y más vulnerables las que se someten a abortos clandestinos, arriesgando incluso su vida y su libertad en los países donde el aborto está prohibido o castigado por el código penal. La Organización Mundial de la Salud calcula que todos los años tienen lugar 33 millones de abortos inseguros, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo.
Las personas que sufren pobreza, marginación social y discriminación de género, se ven afectadas de manera desproporcionada cuando la legislación prohíbe el aborto, pues no tienen medios para recurrir a servicios legales de aborto. Entre ellas están las mujeres y las niñas con bajos ingresos, las refugiadas y migrantes, las adolescentes, las lesbianas, las personas transgénero y las mujeres pertenecientes a minorías étnicas.
Muchas mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir sobre su embarazo y maternidad se ven obligadas a desplazarse a otros países. Era el caso de Irlanda antes de que se aprobara la despenalización del aborto en 2018. Entonces, cada año se obligaba a un mínimo de 4.000 mujeres a viajar fuera de su país, con el considerable coste mental, económico y físico.
Datos relevantes sobre el aborto a nivel mundial
| Indicador | Datos |
|---|---|
| Mujeres en edad reproductiva sin acceso a aborto legal y seguro | 700 millones |
| Abortos peligrosos realizados cada año | 33 millones |
| Mortalidad materna debido a abortos peligrosos | Entre 4.7% y 13% |
| Tasa de aborto en países con prohibición | 36 por 1000 mujeres |
| Tasa de aborto en países sin prohibición | 39 por 1000 mujeres |
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