Derechos de los Hijos de Inmigrantes Nacidos en Estados Unidos
En pleno auge del originalismo, los desequilibrios en el Tribunal Supremo de EEUU refuerzan la decisión de Trump de revocar el derecho a la ciudadanía de los hijos de inmigrantes indocumentados.
Contexto Histórico
El ius soli se introdujo en Estados Unidos en 1868, con la Decimocuarta Enmienda, y se considera un resultado directo de la Guerra Civil y un hito en la lenta y gradual emancipación de la población afroamericana. Gracias a esta disposición, se derogó la ignominiosa exclusión establecida por la sentencia Dred Scott v. Sandford, según la cual “un negro cuyos antepasados fueron importados a [los Estados Unidos] y vendidos como esclavos” no podía ser ciudadano estadounidense.
La Constitución solo ha sido enmendada 21 veces desde que fue adoptada en 1787, la última de ellas en 1992.
Wong Kim Ark nació años antes en la ciudad de San Francisco en el seno de una familia de inmigrantes chinos que llegaron a Estados Unidos en el contexto de la fiebre del oro en California.
El Decreto Ejecutivo de Trump
Con el Decreto Ejecutivo 14160, promulgado el 20 de enero de 2025, Trump pretendió limitar drásticamente esta disposición legal de larga data al excluir a los recién nacidos cuyos padres se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal o temporal.
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En los primeros meses de su segundo mandato, el presidente estadounidense Donald Trump promulgó un número considerable de órdenes ejecutivas con el fin de cumplir con celeridad sus promesas electorales sobre la inmigración. En la ideología nacionalista del 'América First', la ciudadanía estadounidense es un privilegio que debe restringirse «para proteger su valor y significado», como decía la orden ejecutiva que Donald Trump firmó el día que accedió el cargo.
Esto significa que los bebés nacidos en el país de padres migrantes indocumentados o con un estatus temporal no serán considerados estadounidenses.
La orden ejecutiva suscitó inmediatamente dudas sobre su constitucionalidad, dado que contrasta claramente con una disposición (la cláusula de ciudadanía) de la Decimocuarta Enmienda, que establece la ciudadanía por nacimiento para toda persona nacida en territorio estadounidense, y fue impugnada ante los tribunales federales.
Un grupo de 18 estados con gobiernos demócratas interpusieron en la tarde de ayer una demanda en contra del presidente Donald Trump en oposición a su intento por acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos a través de una orden ejecutiva. El texto alega que el decreto presidencial es "ilegal" y atenta contra la Constitución, ya que en la Enmienda 14 se establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La Interpretación de la 14ª Enmienda
La propuesta de Trump no es nueva en la política estadounidense y revive el prolongado debate sobre la interpretación de la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución.
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Juega con las palabras para cambiar lo asentado: "La 14ª Enmienda nunca ha sido interpretada como una extensión universal de la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos", señala el texto publicado y firmado el lunes. Y continúa: "La 14ª Enmienda siempre ha excluido de la ciudadanía por derecho de nacimiento a las personas que nacieron en Estados Unidos, pero (que) no ‘están sujetas a su jurisdicción'".
En esa frase de la enmienda en la que se ha basado Trump para firmar el decreto sigue a algunos partidarios de línea dura en materia inmigratoria que han argumentado en el pasado que los hijos de inmigrantes indocumentados no están "sujetos a la jurisdicción" de EEUU y, por lo tanto, no deberían ser considerados ciudadanos.
Es lo que se llama también ius soli o derecho de suelo, distinto al derecho de sangre (ius sanguini), por el que se logra una nacionalidad en función de la que ostentan los padres. Este último es el predominante en Europa, pero hay Estados que también adoptan una combinación de ambos, garantizando la ciudadanía a niños nacidos en el país y a aquellos nacidos de padres que son ciudadanos, pero viven en el extranjero.
Según ha publicado la web de la Casa Blanca, esta reinterpretación del derecho a la nacionalidad por nacimiento comenzará a aplicarse a los bebés nacidos en el país treinta días después de haberse anunciado la medida.
Desafíos Legales y Judiciales
Varios jueces consideraron que se había violado dicha cláusula y dictaron medidas cautelares universales que dejaron sin efecto la orden ejecutiva erga omnes (es decir, en todo el territorio nacional).
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En respuesta, el fiscal general, principal abogado de la Administración en litigios federales, llevó el asunto ante el Tribunal Supremo.
Trump vs. Por una mayoría de 6 a 3, que refleja la división entre los jueces nombrados por los republicanos y los nombrados por los demócratas, el Tribunal Supremo dictaminó que las medidas cautelares universales dictadas en relación con el Decreto Ejecutivo 14160 “probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales” y, por lo tanto, no pueden tener efecto erga omnes.
En su sentencia Trump contra CASA, el tribunal sostuvo que el uso creciente de las órdenes judiciales universales es incompatible con el sistema jurídico estadounidense y que tales sentencias solo deben aplicarse a los demandantes en el caso. Aunque la decisión no respaldó la orden ejecutiva de Trump, supone una gran victoria política para el presidente y, lo que es quizás más importante, pone de relieve la creciente influencia de la llamada teoría originalista, según la cual la Constitución debe interpretarse de acuerdo con la mejor reconstrucción posible del significado original de sus artículos, cláusulas y enmiendas en el momento en que fueron promulgados.
Es importante señalar que algunas organizaciones ya han interpretado este último instrumento como un sustituto viable de las medidas cautelares universales: un tribunal federal aprobó recientemente una de ellas, anulando de nuevo el decreto ejecutivo de Trump, ya que el juez identificó a los niños nacidos en Estados Unidos de padres residentes temporales o irregulares en el país como una “clase” en su conjunto. En este sentido, queda por ver hasta qué punto el tribunal permitirá que se desarrollen las acciones colectivas en los próximos meses y años, a fin de comprender el impacto real de Trump v. CASA.
En la opinión disidente principal, redactada por la jueza Sonia Sotomayor, criticaron la decisión de la mayoría de separar la evaluación de las medidas cautelares del propio decreto ejecutivo, ya que, en su opinión, la clara inconstitucionalidad del decreto explica eficazmente la razón por la que se justifican las medidas cautelares universales. Sotomayor y las otras dos juezas designadas por los demócratas, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, expresaron su preocupación por que la prohibición de las medidas cautelares universales creara asimetrías jurídicas, en las que solo quienes tuvieran los medios económicos para demandar al Gobierno podrían protegerse de las medidas ejecutivas inconstitucionales.
La jueza Sotomayor llegó incluso a advertir que “ningún derecho está a salvo” bajo este nuevo régimen jurídico. Por el contrario, el juez Brett Kavanaugh (otro nombrado por Trump) predijo cambios mínimos: en su opinión, el Tribunal Supremo emitirá sentencias a nivel nacional y los ciudadanos, en situaciones específicas, tendrán la posibilidad de recurrir a acciones colectivas.
Más allá de las cuestiones de ciudadanía, la sentencia arroja luz sobre la orientación ideológica del actual Tribunal Supremo. En particular, la decisión reafirma la importancia de la llamada interpretación originalista entre los jueces. Según el originalismo, las leyes deben interpretarse basándose en la intención de sus redactores; por lo tanto, cuando se trata de normas con más de dos siglos de antigüedad (como la Ley del Poder Judicial), hay que reconstruir la lógica de los legisladores de la época y aplicar la ley en consecuencia.
Desde la década de 1980, esta doctrina ha ganado adeptos, especialmente en los círculos conservadores, que la consideran una salvaguarda contra las interpretaciones progresistas de la Constitución. La sentencia y su razonamiento histórico (basado en las prácticas judiciales británicas del siglo XVIII) son emblemáticos de la influencia del originalismo en el tribunal. También es revelador que el principal precedente del caso Trump contra CASA -el mencionado Grupo Mexicano de Desarrollo- fuera redactado por Antonin Scalia, posiblemente la figura más importante del originalismo estadounidense.
Reacciones y Consecuencias Políticas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para dejar de reconocer la ciudadanía por nacimiento.
El decreto, firmado por el republicano horas después de asumir su puesto, establece que las personas nacidas en EEUU de padres indocumentados o con un estatus legal "temporal"-como una visa de trabajo o turista- no podrán obtener la ciudadanía estadounidense.
En el recurso legal, los estados progresistas - incluyendo Nueva York, Colorado, California y las ciudades de Washington y San Francisco- aseguran que el presidente "no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional" y señalan que, de ser implementada este medida, causaría un daño "inmediato e irreparable" a los residentes de sus jurisdicciones.
En la práctica, la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a los niños nacidos de padres indocumentados y que la Administración del Seguro Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.
El endurecimiento de su política migratoria coincide con el final de la campaña electoral para las legislativas del 6 de noviembre, en las que los republicanos buscan mantener la mayoría en el Congreso.
El director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Omar Jadwat, ha acusado a Trump de "sembrar división" e intentar "borrar" la Constitución con su intención de poner fin a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. "El presidente no puede borrar la Constitución con una orden ejecutiva, y la garantía de ciudadanía de la enmienda 14 es clara", dijo Jadwat, que agregó en un comunicado: "Este es un intento transparente y descaradamente inconstitucional para sembrar la división y avivar las llamas del odio anti-inmigrante" ante las legislativas del 6 de noviembre.
También el Comité Nacional Demócrata (DNC) ha tachado de "inconstitucional" esta propuesta de Donald Trump. "Su intención es clara: incitar al miedo, dividir a nuestra nación y hacer que las comunidades vulnerables se sientan inseguras", ha asegurado en un comunicado el portavoz de la dirección demócrata, Daniel Wessel.
La iniciativa también genera disconformidad en el electorado, especialmente en el demócrata.
Alternativas y Debates
Eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una demanda recurrente de grupos conservadores. Trump ya había amenazado con revocar este derecho mediante una orden ejecutiva durante su primer mandato (2016-2021), aunque nunca llegó a hacerlo.
¿Hay vías legales para hacerlo?Ningún presidente tiene la potestad para modificar por decreto un derecho consagrado en la Constitución. Así que para redefinir la ciudadanía por nacimiento, la vía más directa sería proponer una enmienda constitucional, lo que requeriría una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado, así como la ratificación de tres cuartas partes de los estados, según explicó recientemente el historiador Scott Bomboy en un análisis publicado por el National Constitution Center, institución dedicada al estudio de la Carta Magna. Un proceso difícil y largo.
Una enmienda constitucional requiere, de acuerdo con su artículo V, contar con el respaldo de dos tercios de la Cámara de Representantes y del Senado o ser propuesta por una Convención Constitucional convocada por dos tercios de cada legislatura estatal. No se ha ratificado una enmienda constitucional en más de 30 años, además, explica la CNN.
El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, por su parte, ha respaldado la propuesta y ha aprovechado para recordar que es un asunto sobre el que nunca se ha manifestado el Tribunal Supremo. "En primer lugar hemos de reconocer que tenemos una crisis en la frontera sur (...) Y la ciudadanía por nacimiento es parte de ello", consideró Pence durante una conferencia organizada por el diario Politico en Washington.
El vicepresidente aseguró que la actual legislación migratoria no funciona, por lo que es necesario cambiar las leyes, ya que en la actualidad "los vacíos legales" existentes ejercen de "imán" para quienes quieren entrar ilegalmente en el país.
Ciudadanía por Nacimiento en Otros Países
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este martes que planea poner fin a la "ridícula" ley que permite el derecho a la ciudadanía a todos los niños nacidos en territorio estadounidense, algo establecido explícitamente por la Constitución de los Estados Unidos"Somos el único país en el mundo donde una persona viene y tiene un bebé, y el bebé es esencialmente un ciudadano de EE.UU. por 85 años, con todos los beneficios", indicó Trump en una entrevista con el diario digital Axios.
Trump no mencionó que, además de EE.UU., también Canadá -entre otros países- tiene una norma similar que otorga la ciudadanía a los nacidos en su territorio. "Es ridículo. Ridículo. Y tiene que acabar", agregó.
Casi todos los países de América siguen este mismo procedimiento. Además, Estados Unidos reconoce una segunda vía de acceso a la nacionalidad, conocida como “derecho de sangre” (ius sanguinis, en latín), aplicable solo a los hijos de ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero.
Sin embargo, este sistema, común en el continente americano, no se utiliza en España salvo en determinadas excepciones. Así, las personas nacidas en territorio español heredan, por norma general, la nacionalidad de sus padres. ¿Cómo funciona cada sistema y cuáles son sus diferencias?
En España, como en la mayor parte de países del mundo, rige el “derecho de sangre” (ius sanguinis, en latín), es decir, los hijos nacidos de padres extranjeros heredan su nacionalidad, no obtienen automáticamente la española, como sí ocurría en el caso de Estados Unidos.
En el ordenamiento jurídico español, los supuestos que determinan la consideración de nacional español de origen están recogidos en el artículo 17 del Código Civil:
- Son españoles de origen:
- Los nacidos de padre o madre españoles.
- Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España.
- Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.
- Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada.
De su redacción se deduce que los nacidos en España de padres extranjeros serán españoles de origen cuando se presente alguna de las circunstancias siguientes: Que al menos uno de los progenitores hubiera nacido también en España.
El Caso Dred Scott v. Sandford
A la muerte de su propietario, Scott regresó a Misuri y presentó una demanda ante los tribunales en busca de su libertad. Su caso estalló en un momento de discriminación contra la comunidad china, percibida por los trabajadores estadounidenses como una amenaza social al ser mano de obra barata en sectores como la construcción, la minería o el ferrocarril.
Datos Estadísticos Relevantes
No existen cifras exactas sobre el número de niños nacidos en EEUU de padres indocumentados. Según los datos más recientes del centro de investigación Pew, en 2022 había aproximadamente 1,3 millones de adultos estadounidenses cuyos padres carecían de estatus legal en el país.
Un informe de 2018 del Servicio de Investigación del Congreso, un instituto sin afiliación partidista, recoge que actualmente la interpretación actual de la Enmienda 14 de la Constitución implica que los hijos de inmigrantes indocumentados son ciudadanos estadounidenses.
En la actualidad viven en el país unos 24,2 millones de extranjeros naturalizados estadounidenses, un número que creció a un ritmo de 68.000 al mes en 2024. Las deportaciones masivas del presidente Trump y su acoso a estudiantes y residentes por cuestiones ideológicas y políticas han tenido como reacción una fiebre de naturalización para quienes buscan mayores garantías de seguridad.
Hasta ahora, cualquier residente permanente con más de cinco años continuados de estancia en el país, sin ningún antecedente delictivo ni arrestos por conducir ebrio, era un buen candidato, siempre que demostrase hablar y escribir un inglés básico y pasara el examen de historia y política estadounidense.24,2millones de estadounidenseshan logrado la nacionalidad a través del proceso de naturalización, que, ante la ola de redadas contra migrantes, ha ganado atractivo.
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