Ley del Aborto: Noticias y Actualidad en España e Inglaterra
El debate sobre la ley del aborto continúa siendo un tema de gran relevancia a nivel mundial. En este artículo, exploraremos las últimas noticias y reformas legislativas en torno a este tema, centrándonos en los casos de Inglaterra y España.
Reforma en Inglaterra y Gales
El Parlamento británico aprobó una reforma al Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Policía, con la que se despenaliza el aborto en Inglaterra y Gales en cualquier etapa de la gestación. De este modo, la mujer gestante deja de estar sujeta a una pena de cárcel.
La enmienda, calificada como histórica, fue debatida y sometida a votación en la Cámara de los Comunes, donde salió adelante con 379 votos a favor, frente a 137 en contra. Al tratarse de una cuestión ética y de conciencia, los diputados pudieron ejercer su voto de acuerdo con sus creencias personales y no bajo la disciplina de voto de sus respectivas formaciones.
La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, votó en contra, así como otros diputados de su formación, que aseguraron que cuanto más tarde ocurre el aborto en el embarazo, más complicaciones médicas puede sufrir la mujer que se somete al procedimiento.
La enmienda, presentada por la laborista Tonia Antoniazzi, trata de modificar la ley para que así no se investigue, arreste o encarcele a las mujeres por interrumpir sus gestaciones más allá del límite legal. No obstante, no se contemplan cambios en materia de prestación de servicios de aborto, el límite de tiempo, la telemedicina, los motivos para el aborto o el requisito de la aprobación de dos médicos.
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Antoniazzi ha expresado que casi el 99% de los abortos ocurren antes de las 20 semanas, por lo que dejaba al 1% restante de las mujeres "en circunstancias desesperadas". Del mismo modo, ha calificado de "farsa" los tres casos en los que algunas de las mujeres habían sido arrestadas bajo delitos de aborto ilegal entre 1861 y 2022 y ha añadido que estas "necesitan atención y apoyo, no criminalización".
En ese sentido, ha aseverado que la legislación hasta ahora vigente, proveniente de la época victoriana y aprobada en un Parlamento compuesto exclusivamente por hombres, estaba "obsoleta" y se utilizaba cada vez más contra mujeres y niñas "vulnerables".
Por su parte, la Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos ha indicado que se trata de una reforma "extrema y peligrosa" que "despenalizaría efectivamente los abortos".
Según los últimos datos oficiales, más de 250.000 abortos se practicaron en Inglaterra y Gales en 2022.
La Legislación del Aborto en España
En España, el aborto está regulado por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, que establece un marco legal para garantizar el derecho de las mujeres, niñas y personas que pueden quedarse embarazadas a decidir libremente sobre su fertilidad y el ejercicio de la autonomía reproductiva. Esta normativa permite la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 sin necesidad de justificación, y hasta la semana 22 en casos de riesgo grave para la vida o salud de la persona gestante, o anomalías fetales graves.
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La ley marcó un avance en la protección de los derechos reproductivos en el país, pero dejó desafíos -como la protección de las menores, los plazos de reflexión, la eliminación de barreras y el acceso equitativo-, que fueron abordados en la reforma legislativa de 2022.
Reforma Legislativa de 2022
La reforma legislativa de 2022 tuvo como objetivo fundamental garantizar el derecho al aborto y fortalecer la autonomía en la toma de decisiones sobre salud reproductiva. Para lograr esto, se eliminaron requisitos que antes se consideraban restrictivos y que obstaculizaban el acceso a servicios seguros y accesibles. En este nuevo marco y desde entonces, adolescentes de entre 16 y 18 años ya no necesitan la autorización de sus progenitores para interrumpir un embarazo.
Asimismo, las personas con discapacidad ahora pueden decidir libremente sin la autorización de quienes ejercen su representación legal, asegurando que cuentan con los apoyos necesarios para tomar decisiones informadas.
También se suprimieron otras barreras, como el plazo obligatorio de reflexión de tres días antes de proceder con el aborto y la obligación de recibir información sobre ayudas para continuar con el embarazo.
Otro avance relevante fue la mejora de la regulación de la objeción de conciencia del personal sanitario para garantizar que los abortos se realicen en el sistema público de salud y que las mujeres no vean comprometido su derecho a la atención médica.
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Desafíos Persistentes
Sin embargo, persisten barreras significativas que limitan el acceso al aborto, ya que la mayoría de los procedimientos se llevan a cabo en centros privados. Esto genera desigualdad, especialmente entre las personas más vulnerables, como adolescentes, que encuentran dificultades para acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva; y como las personas migrantes, que encuentran la mismas dificultades por la interpretación del Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
La tasa de abortos fue de 12,22 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años.
En 2023, el número de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en mujeres menores de 20 años ascendió a 10.934, lo que supone un incremento del 4,78 % en comparación con el año anterior.
Esto incluye regular de manera adecuada las negativas a prestar atención médica, como ocurre cuando los profesionales sanitarios se niegan a realizar abortos por motivos de conciencia. Estas prácticas no deben impedir que las mujeres accedan al aborto cuando lo necesitan.
Recomendaciones de Organismos Internacionales
Diversos órganos de la ONU, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), han instado a los Estados a garantizar que siempre haya suficientes proveedores de servicios de aborto disponibles, tanto en el sistema público como en el privado, y dentro de un radio geográfico accesible.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha establecido que si un médico objeta por razones de conciencia, está obligado a remitir a la paciente a otro profesional capacitado en el mismo centro o en uno cercano. Si la derivación no es posible, el profesional debe realizar el aborto para evitar riesgos para la vida o la salud de la mujer. En casos de complicaciones derivadas de un aborto, la mujer debe recibir atención médica urgente y respetuosa, como en cualquier otra emergencia médica.
Tanto en instituciones públicas como privadas, los Estados tienen la obligación de asegurar que la asistencia sanitaria se preste sin discriminación y respetando los derechos humanos.
Postura de Amnistía Internacional
Por ello, Amnistía Internacional continúa trabajando para que este derecho sea plenamente accesible y efectivo en la práctica, y pide lo siguiente:
- Un acceso seguro y sin barreras: Amnistía Internacional pide que todas las personas que necesiten acceder a un aborto puedan hacerlo de manera segura, con información clara y rigurosa. Esto implica eliminar cualquier barrera adicional, evitar la discriminación y proteger a las personas de cualquier forma de acoso en los centros de salud.
- Acceso al aborto en la sanidad pública: Uno de los problemas más grandes a los que se sigue enfrentando España es que la mayoría de los abortos no se realizan en centros públicos. En 2022, solo el 17% de las interrupciones del embarazo se practicaron en hospitales públicos, y en algunas provincias, es prácticamente imposible acceder a estos servicios, haciendo inevitable el traslado a otras regiones. Esto supone gastos adicionales y un impacto significativo en la salud física y mental de las personas afectadas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.
- Registro de objetores de conciencia: Amnistía Internacional también insta a las autoridades competentes a la implementación completa del registro de profesionales de la salud que se niegan a practicar abortos por motivos de conciencia. Este registro es esencial para planificar los recursos necesarios y garantizar que todas las personas puedan acceder al aborto en cualquier centro de salud, independientemente de las objeciones de ciertos profesionales. Sin embargo, en septiembre de 2024 solo cinco comunidades autónomas habían implementado este registro, y el Ministerio de Sanidad aún no había publicado el protocolo que prometió para regular este proceso.
El 28 de Septiembre: Un Día para Actuar por la Despenalización del Aborto
El 28 de septiembre es una fecha significativa para reflexionar y actuar por la despenalización del aborto y los derechos reproductivos. Su origen se remonta a 1990, cuando se lanzó la campaña "28 de Septiembre" con el objetivo de abogar por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.
En 2011, esta fecha fue reconocida como un evento internacional por la Red Global de Mujeres por los Derechos Reproductivos (WGNRR), marcando un hito en la lucha por los derechos reproductivos en todo el mundo.
Finalmente se eligió el 28 de septiembre en recuerdo de la Ley de Nacimiento Libre de Brasil, promulgada en 1871, que otorgó libertad a los hijos e hijas de las personas esclavizadas, conectando esta lucha por la libertad con los derechos reproductivos.
Un Día de Acción y Compromiso
En Amnistía Internacional conmemoramos cada año el 28 de septiembre como una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con el derecho al aborto como parte de los derechos sexuales y reproductivos. Este día nos movilizamos para garantizar que el derecho al aborto sea accesible y seguro para todas las personas.
Lamentablemente, muchas activistas, educadoras, defensoras y profesionales de la salud que trabajan para lograrlo son objeto de estigmatización, intimidación e incluso criminalización. A pesar de las amenazas, continúan con su labor vital, ayudando a mujeres, niñas y personas embarazadas a ejercer su derecho al aborto. Son un movimiento imparable, cuya valentía merece ser reconocida y protegida.
Desde Amnistía Internacional pedimos a los Estados que respeten y protejan a quienes luchan por el derecho al aborto, como Justyna Wydrzyńska, cuya condena es un claro ejemplo de la represión de los derechos reproductivos en su país natal: Polonia. Ayúdanos con tu firma a pedir a las autoridades polacas que retiren todos los cargos, dejen de perseguir a las activistas de los derechos sexuales y reproductivos y despenalicen el aborto. ¡Únete en la defensa de los derechos reproductivos en todo el mundo!
Incumplimiento de la Ley del Aborto en España: Casos y Testimonios
La ley de interrupción del embarazo en España se aprobó en 2010 y se reformó en 2023 para lograr algo que en más de una década no se había conseguido: implementar esta prestación en centros sanitarios públicos. Sin embargo, un año después de su modificación, se ha comprobado cómo se incumple la ley del aborto: faltan registros de objetores en varias comunidades autónomas y no en todas las que se ha creado dicho registro, este se ha utilizado para organizar los servicios hospitalarios de forma que se pueda dar cabida tanto a la objeción individual como a la prestación sin que ambos derechos colisionen.
La reforma de la ley del aborto de 2023, que entró en vigor hace un año, establece la creación de un registro de objetores de conciencia en cada comunidad autónoma. La norma pretende que los centros sanitarios públicos se organicen de forma que siempre sea posible realizar esta prestación, evitando desplazamientos a otros territorios y derivaciones a clínicas privadas.
El caso más reciente que muestra cómo se incumple la ley del aborto es el de Gloria, residente en un municipio de menos de 4.000 habitantes de Toledo. Tras un diagnóstico de malformación fetal casi en la semana 18, decidió interrumpir. Dentro de su misma comunidad, el servicio de Castilla-La Mancha le ofrecía derivarla a una clínica en Ciudad Real o a una en Albacete. Le ofrecía cinco clínicas más, todas ellas fuera de la comunidad: dos en Madrid, una en Valencia y dos en Murcia. “Desde luego no me iba a ir ni a Valencia ni a Murcia, me parece una locura que nos expulsen y antes prefieran mandarnos a Valencia o Murcia que dejarnos en nuestro hospital.
Desde la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha indican a este medio que en esta comunidad “no existen centros públicos donde se realizan interrupciones”. “El SESCAM tiene convenios de vinculación con varias clínicas privadas entre las cuales las mujeres pueden elegir libremente donde desean realizarse la técnica”, añaden.
En diciembre de 2023, Carmen tuvo que interrumpir su embarazo porque a su bebé le habían diagnosticado varias cromosopatías de mal pronóstico. Su hospital es el Gregorio Marañón, en Madrid. La derivaron a una clínica privada. “En este hospital me han llevado todo el tratamiento de fertilidad y ni siquiera he terminado el primer ciclo. Es decir, si quiero quedarme embarazada tengo que seguir en el Gregorio Marañón, tienen todavía un embrión mío.
Como ya se ha contado en Newtral.es, algunos hospitales de la Comunidad de Madrid realizan interrupciones que no se notifican oficialmente. Este medio pudo documentar cómo el propio Hospital Gregorio Marañón expulsó a dos pacientes en 2021 que requerían un aborto terapéutico. En 2022, sin embargo, sí le practicó una interrupción por motivos médicos a una paciente.
La Consejería de Sanidad de Madrid no ha explicado a Newtral.es por qué hay hospitales que sí realizan algunos abortos y otros no. Tampoco indica si está preparando algún protocolo para implementar esta prestación en la red pública.
El incumplimiento de la ley del aborto ocurre en más territorios. En Murcia, Sara relata a este medio cómo en agosto de 2023, su hospital, el Santa Lucía de Cartagena, no le dio más opción que ir a una clínica privada para un aborto por malformación fetal. “Pregunté si no me lo podían hacer en el hospital y me dijeron que no tenían medios para hacerse cargo. La trabajadora social me llegó a decir: ‘No te preocupes, si en la clínica no vas a pagar nada’. Como si eso fuera lo más importante. Solo quería sentirme acompañada y cuidada en el hospital que me había atendido el embarazo.
La Consejería de Salud de Murcia asegura tener el registro de objetores desde 2022: 40 profesionales sanitarios de los cuales 38 son médicos. No especifican, en cambio, ni de qué centros formarían parte ni de qué especialidades. Han facilitado el protocolo de atención a la interrupción del embarazo, actualizado en junio de 2023. Según este documento, todos los abortos hasta la semana 22 son derivados a clínicas privadas.
Este medio ha preguntado a la Consejería de Salud de Murcia cuál es el criterio técnico para realizar interrupciones a partir de la semana 23 en la red pública pero derivar todas las demás a la privada. También ha requerido información sobre el registro de objetores con el objetivo de conocer qué porcentaje suponen esos 38 médicos del total de médicos que podrían realizar abortos.
Como apunta a Newtral.es Sílvia Aldavert, coordinadora de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, “los registros de objetores [artículo 19] sirven precisamente para poder planificar los servicios sanitarios que proveen abortos de manera que a las mujeres no les afecte que existan objetores”. “Si tienes hecho el registro de objetores y sigues derivando a la privada, ¿cuál es la excusa?
Recientemente se contaba en Newtral.es el caso de Marta, una mujer a la que su hospital, el de Manises, había derivado a una clínica privada para una interrupción por malformación fetal. En la clínica hubo una complicación durante el procedimiento y tuvieron que derivarla de nuevo a un hospital, en este caso, el más cercano, el Doctor Peset. “Ahí me dijeron, cuando estaba en la UCI, que qué rabia que ese no fuese mi hospital de referencia porque ahí sí practican interrupciones.
Según el último informe del Ministerio de Sanidad, hasta 14 hospitales públicos de la Comunitat Valenciana notificaron abortos en 2022. Este medio ha preguntado a la Conselleria tanto por correo electrónico como por transparencia cuántos abortos se han realizado en centros públicos durante 2023, pero no han facilitado datos.
La Conselleria tampoco ha indicado cuál es el criterio técnico para decidir por qué unos hospitales sí realizan abortos y otros no.
Desde Extremadura, Cristina cuenta a Newtral.es cómo quiso abortar en enero de 2024 tras enterarse de que estaba embarazada de siete semanas. “Vivo en un pueblo de Cáceres y solo me dieron la opción de derivarme a una clínica privada en Badajoz.
La Consejería de Salud de Extremadura ha respondido que aún no ha creado el registro de objetores que establece la reforma normativa.
Navarra ha facilitado datos sobre interrupciones realizadas entre marzo y diciembre de 2023, los meses posteriores a que la reforma entrase en vigor. Esta comunidad sí estaría implementando la interrupción en la red pública, ya que practicaron el 54,4% de los abortos en centros públicos frente al 45,6%, que fueron en la red privada.
A tenor de estos datos, Sílvia Aldavert señala que “los abortos terapéuticos se están realizando en hospitales, lo cual es una gran noticia”. “Es favorable que se hagan esfuerzos por realizar el resto de abortos en la pública, pero parece que solo se está ofreciendo el método farmacológico y que, por tanto, si prefieres el quirúrgico, ahí sí te derivan a la privada”.
Respecto al registro de objetores, Navarra ha respondido después de la publicación de este artículo y fuera del plazo de un mes establecido por la ley de transparencia.
En La Rioja, según la información facilitada por esta comunidad, todas las interrupciones en la red pública -que suponen entre marzo y diciembre de 2023 el 78,8%- son mediante el método farmacológico. Para abortos quirúrgicos, las riojanas son derivadas a una clínica privada de Navarra -representan el 19,5% del total de interrupciones-. El porcentaje restante, 1,7%, corresponden a abortos médicos (pasada la semana 14).
La información que sí ha facilitado La Rioja es la referente al registro de objetores, que ya han puesto en marcha y en el que constan 23 de los 26 facultativos especialistas en ginecología.
Andalucía reconoce no tener registro de objetores aún, pero sí ha facilitado datos sobre interrupciones del embarazo llevadas a cabo entre marzo y diciembre de 2023: el 99,9% fueron abortos derivados a clínicas privadas. Además, la gran mayoría de abortos médicos se practicaron también en la red privada (99%).
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