Protestas y Propuestas para Garantizar el Derecho al Aborto en España
En España, el debate sobre el derecho al aborto ha cobrado renovada importancia, impulsado por movilizaciones ciudadanas y propuestas gubernamentales para su protección. A continuación, se presenta un análisis detallado de las últimas noticias y perspectivas sobre este tema.
Manifestaciones en Defensa del Aborto Libre
Cientos de personas, mayoritariamente mujeres, se congregaron en la Puerta del Sol en Madrid para denunciar las trabas burocráticas que dificultan el acceso al aborto en la Comunidad de Madrid. La protesta, convocada por la Comisión del Derecho al Aborto de Madrid bajo el lema "No nos vamos. Ayuso, nos quedamos", buscaba responder a las declaraciones de la presidenta regional sobre el número de abortos realizados en España en los últimos años.
Los manifestantes exigen que el aborto sea una prestación garantizada en la red pública, sin trabas burocráticas ni listas de espera. En este sentido, recuerdan que el pasado año únicamente el 0,47% de los abortos realizados en la Comunidad de Madrid se practicaron en centros de la red pública.
Los convocantes denuncian los obstáculos para ejercer este derecho, destacando especialmente las dificultades que genera la Ley de Extranjería para aquellas mujeres y disidencias sin tarjeta sanitaria. Igualmente, señalan también al Ayuntamiento de Madrid como parte de esta agresión por el "desmantelamiento de los espacios de Igualdad, pilares fundamentales para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos", y le exigen que cumpla "la ley y se base en la evidencia científica".
Propuesta de Reforma Constitucional
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha precisado que se añadirá a la Carta Magna el artículo 43.4 con este texto: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres".
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Redondo ha añadido que se reconocerá así una garantía prestacional: "Estamos garantizando los derechos de las mujeres a la libre interrupción del embarazo como una prestación que tiene que ser satisfecha dentro del sistema sanitario público".
La ministra ha remarcado que otro objetivo de la reforma es fortalecer la sanidad pública, ya que se incorpora este derecho en el marco del artículo 43 de la Constitución, vinculado al derecho a la salud y al sistema público sanitario. "Queremos garantizar, dentro de la cartera pública de servicios, la interrupción voluntaria del embarazo y, por lo tanto, hacer que este derecho se preste en la sanidad pública", ha remarcado.
Ana Redondo ha reiterado que el Gobierno no va a tolerar recortes ni retrocesos de derechos y tomará todas las medidas necesarias para que no se produzcan en el presente ni el futuro.
Tramitación de la reforma del articulo 43 de la Constitución
La reforma se tramitará mediante el procedimiento contemplado en el artículo 167 de la Constitución y requerirá un informe del Consejo de Estado y la aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado, según ha explicado la ministra. En caso de descuerdo, sería necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado que propondría un nuevo texto, que se sometería de nuevo a votación. La aprobación requeriría entonces dos tercios de los votos en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.
Ana Redondo también ha recordado que existe la posibilidad de convocar un referéndum de ratificación si lo solicita una décima parte de los diputados o senadores.
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La ministra ha reclamado a los partidos de la oposición que estén a la altura de este reto y se sumen a la defensa de los derechos de las mujeres: "Haremos una labor pedagógica de informar y explicar el proyecto. Nos reuniremos con todo el arco parlamentario".
"Una inmensa mayoría de la ciudadanía española está por esta reforma constitucional y lo que pretendemos es trasladar esa mayoría amplia social a la mayoría institucional, a la mayoría parlamentaria, que es la que tiene que avalar esta reforma. Vamos a trabajar sin tregua, sin pausa", ha concluido.
Registro de Objetores de Conciencia
El Consejo de Ministros ha abordado la obligación de las comunidades autónomas de contar con un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que el Ejecutivo va a plantear un requerimiento formal a las tres comunidades que no cumplen con ese mandato de la ley orgánica sobre la salud sexual y reproductiva. "La ley se cumple, punto", ha afirmado.
El registro, según ha detallado la titular de Sanidad, no es algo opcional ni una "ocurrencia", sino una obligación legal y una herramienta esencial para garantizar que los derechos de los y las profesionales sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, seguridad y respeto.
Mónica García ha recordado que el 16 de diciembre de 2024 el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobó, con el voto favorable de todas las comunidades autónomas, el protocolo del registro de objetores que desarrolla lo previsto en la ley. El acta de esa reunión fue aprobada y firmada el 4 de abril de 2025, y Sanidad ha realizado desde entonces un seguimiento exhaustivo de la implantación del registro a través de la Alta Inspección del SNS.
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Según ha indicado la ministra, la "inmensa mayoría" de las comunidades ha cumplido la obligación o la están tramitando; las excepciones son Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid. "Son tres comunidades que no han hecho nada, pero solo la Comunidad de Madrid ha sido explícita en su incumplimiento de la ley", ha precisado Mónica García.
Las tres comunidades disponen de un mes para responder al requerimiento del Gobierno y dejar de incumplir la ley. Transcurrido ese plazo, el Ejecutivo cuenta con dos meses para acudir a los tribunales y plantear un recurso contencioso-administrativo.
La titular de Sanidad ha subrayado que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional configura la objeción de conciencia como un procedimiento activo e individual. "Saltarse este procedimiento no solamente vulnera los derechos de las mujeres, sino también los derechos de los profesionales que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción", ha sostenido.
Posturas y Críticas
Diversos expertos en derecho constitucional advierten que con esta nueva medida el derecho al aborto quedaría más desprotegido. "En la actualidad, la interrupción voluntaria del embarazo está entendida como parte del derecho fundamental del artículo 15 de la Constitución, en la parte que garantiza la integridad física y moral" de las personas, explica el catedrático en Derecho constitucional Miguel Presno Linera en declaraciones a Onda Cero.
Este hecho "tendría cierta relevancia simbólico-política" y además dejaría de estar protegido por el recurso de amparo. Con la modificación del artículo 43, el aborto se tendría que legislar a través de legislación ordinaria en vez de orgánica.
La que fuera líder de Podemos y titular de Igualdad, Irene Montero, ha reprochado al PSOE que su "política de titulares es un peligro" después de afirmar que con la reforma del artículo 43, "en lugar de blindar el aborto, lo dejan más desprotegido".
Amnistía Internacional considera que, tal y como ya hizo Francia, esto podría constituir un hito para los derechos de las mujeres ya que supone un importante baluarte para proteger este derecho que está en riesgo en todo el mundo”.
Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, se ha pronunciado sobre la reforma por parte del Gobierno de blindar el aborto en el artículo 43 de la Constitución, una propuesta que ya inició Sumar: "El aborto no está garantizado, no hay una efectividad, las mujeres no pueden acceder en igualdad de condiciones y en muchos casos tienen difícil ese acceso", afirma.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su iniciativa para blindar el aborto en la Constitución y le ha acusado de "dinamitar la Constitución que es la ley de leyes".
José María Figaredo, portavoz adjunto de VOX en el Congreso de los Diputados, ha dicho en el informativo 24 horas de RNE que no se fía del CIS ni de ninguna encuesta y ha considerado que en el último barómetro puede haber "cualquiera estrategia socialista por detrás".
El Aborto en Melilla
El aborto es un derecho reconocido en la legislación española, sin embargo, ejercerlo en Melilla resulta imposible porque todos los médicos de la sanidad pública son objetores. De esta forma, en 2024, ninguna mujer interrumpió su embarazo en la ciudad autónoma. De esta forma, la única alternativa que ofrece el sistema de salud pública es la derivación a la península.
Datos Estadísticos
Sanidad acaba de publicar los datos que indican que en 2024 se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, un 2,98% más que el año anterior. Aunque el 72,73% de las mujeres fueron informadas en centros públicos, el 78,74% de los procedimientos se realizaron finalmente en centros privados.
En el informe del Ministerio de Sanidad sobre la Situación del aborto en la sanidad pública se reflejan datos que constatan que las autoridades autonómicas, en su mayoría, están garantizando un porcentaje muy bajo de realización de abortos en los centros públicos.
Porcentaje de abortos realizados en centros públicos por Comunidad Autónoma (2024)
| Comunidad Autónoma | Porcentaje de abortos en centros públicos |
|---|---|
| Cantabria | 88,5% |
| Galicia | 77% |
| La Rioja | 76,1% |
| Navarra | 74,8% |
| Cataluña | 55,1% |
| Islas Baleares | 45% |
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