Estadísticas sobre el Aborto: Un Análisis Detallado en España
La propensión a abortar en España, con altibajos temporales, ha crecido desde la despenalización a mediados de los años 80, alcanzando un nuevo máximo histórico en 2022. Es especialmente alta en Asturias y Canarias, así como en Cataluña.
Por provincias, la tasa es más alta en Santa Cruz de Tenerife, Asturias, Huelva y Barcelona. En relación con otros países europeos, España está entre los más abortistas, superada por Bulgaria, Francia o Suecia; además, en España ese indicador va al alza, mientras en el resto de Europa la tendencia es a la baja.
Estos datos provienen del último informe ‘Demografía del aborto en España’, elaborado por el Observatorio Demográfico CEU, adscrito al Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU-CEFAS).
Abortos Repetidos: Una Realidad en España
El estudio destaca que las mujeres que abortan en España lo hacen en media en torno a dos veces a lo largo de sus años fértiles. Según las estadísticas, del 33% al 38% de los abortos en la última década han sido practicados a mujeres que habían abortado con anterioridad.
Entre el 22% y el 25% de los casos se trataba del segundo aborto; entre el 7% y el 8%, del tercero; y, entre el 2,5% y el 2,8%, del cuarto. Otro fenómeno peculiar es que, si bien una amplia mayoría de las mujeres que abortan se informan sobre la cuestión en centros públicos de salud, luego abortan en centros privados.
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El aborto en España es, en gran medida, un negocio privado prescrito desde la sanidad pública. Asimismo, resulta muy llamativo que, si con la primera ley de aborto (que lo autorizaba por malformaciones del feto, violación o alto riesgo para la salud de la embarazada), en el 97% de los casos se alegaba como motivo “grave riesgo para la salud o la vida de la madre”, desde la ley de plazos de 2010, ya solo se alega esto en el 5% - 7% de los casos.
El Aborto y la Población Inmigrante
Un porcentaje muy alto de los abortos (entre el 35% y el 38% en los últimos diez años) fue practicado a mujeres inmigrantes, si bien la propensión a abortar no es homogénea entre las extranjeras de origen, y no en todas las comunidades foráneas supera a la de las españolas.
El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niña o persona que pueda quedarse embarazada. Su supresión provoca la violación de múltiples derechos como el derecho a la propia vida, a la salud, a la intimidad, a la autonomía o a no sufrir ni violencia, ni discriminación.
Avances y Retrocesos Globales en el Derecho al Aborto
En años recientes se han visto importantes avances hacia este derecho. Destaca el importante logro de las mujeres en México, pero también en Argentina, Colombia o Ecuador han legislado recientemente hacia un mayor acceso al aborto. En 2024, Francia se convirtió en el primer país del mundo en incluir explícitamente el aborto como libertad garantizada en su Constitución; otros países apoyaron medidas de protección para pacientes y profesionales de la salud a la entrada de las clínicas con servicios de aborto, sometidos frecuentemente a criminalización y hostigamiento.
Sin embargo, todavía existen países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta, Andorra, Polonia o Marruecos en los que el aborto continúa estando penado o limitado a circunstancias muy específicas. Esto supone que 700 millones de mujeres en edad reproductiva no tienen acceso a servicios de aborto legales y seguros.
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Pero, no son las únicas que tienen que enfrentarse a restricciones legales en el aborto, ya que el 41% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes muy estrictas sobre el aborto o en los que a pesar de que el aborto sea legal, no tienen medios para ofrecer un aborto seguro y accesible.
Algunos de los obstáculos con los que las mujeres pueden encontrarse además de una legislación restrictiva, son la poca disponibilidad de servicios, los costes elevados, la estigmatización, la objeción de conciencia del personal sanitario -recientemente se han hecho públicos varios casos en España o Chile-, o la exigencia de requisitos innecesarios como el suministro de información engañosa.
Muchas mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir sobre su embarazo y maternidad se ven obligadas a desplazarse a otros países (o a otros estados en el caso de Estados Unidos o México). Una posibilidad a la que no todas pueden acceder porque la desigualdad socioeconómica también cuenta negativamente en el acceso a un derecho al aborto seguro.
En 2024, Afganistán, Argentina, Chile, Puerto Rico y Rusia pusieron en marcha leyes o políticas que reducen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Esto ha permitido que algunos estados impongan penas de cárcel a las mujeres acusadas de abortar, así como a quienes las asisten, o establezcan restricciones tan severas que, en la práctica, imposibilitan el acceso al aborto.
Al finalizar 2024, el aborto estaba prohibido total o casi totalmente en 19 estados, mientras que en 7 se había votado a favor de proteger este derecho. Ese mismo año, se publicó un estudio sobre mortalidad materna correspondiente a 2022 que confirmó la muerte de al menos dos mujeres en Georgia, debido a demoras en la atención médica tras la entrada en vigor de la prohibición del aborto a partir de la sexta semana de gestación.
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Además, existen numerosas barreras que afectan de forma desproporcionada a ciertos grupos, como personas negras y de otras comunidades racializadas, pueblos indígenas, migrantes en situación irregular, personas transgénero, residentes de zonas rurales y quienes viven en situación de pobreza. La creciente salida de profesionales de la salud de los estados con prohibiciones estrictas está agravando la falta de servicios de salud reproductiva, especialmente en áreas rurales y de bajos ingresos.
A ello se suman las barreras socioeconómicas, que impiden a muchas personas desplazarse a otros estados para acceder a servicios de aborto.
El hecho de imponer restricciones en el acceso a un aborto seguro, no desemboca en un menor número de abortos, sino en un mayor número de mujeres y niñas que tienen que poner su vida en riesgo para que se les practique un aborto en unas condiciones que no cumplen los mínimos sanitarios.
En 2024, la OMS afirmaba que seis de cada diez embarazos no deseados terminan en aborto, lo que representa aproximadamente el 30% del total de embarazos a nivel mundial. La tasa de aborto no es tan diferente entre los países en los que está prohibido y los que no, siendo 36 por 1000 en el primer caso y 39 por 1000 en el segundo.
Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro constituye una violación de sus derechos humanos. Por eso, no podemos permitir que se dé marcha atrás en los avances conseguidos en derechos sexuales y reproductivos.
Situación en España: De la Ley al Hecho
En España aunque la ley sobre el acceso al aborto señala que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma, en la realidad esto es excepcional, ya que la mayoría de los abortos se realizan en centros privados (8 de cada 10), produciéndose una barrera de acceso al aborto muy importante.
Esto se debe, en gran parte, a la falta de un mecanismo efectivo que garantice el acceso al aborto en casos de objeción de conciencia por parte de personal médico.
La Ley Orgánica 1/2023 introdujo la obligación de que cada hospital cuente con un registro de personal sanitario objetor y poder así planificar la garantía de la prestación, mayoritariamente en la sanidad pública y, por tanto, cerca de los domicilios de las mujeres. Sin embargo, en 2024, un año después de su entrada en vigor, solo cinco comunidades autónomas contaban con un registro.
Casos Específicos: Irlanda del Norte, Polonia y Marruecos
Aunque el aborto fue despenalizado recientemente en Irlanda del Norte, la desigualdad y los impedimentos para acceder a los servicios, además del estigma asociado al aborto siguen impidiendo que las personas reciban los cuidados de aborto que necesitan. Muchas mujeres no pueden acceder a servicios de aborto al vivir en localidades remotas.
Viajar a Inglaterra, donde el acceso al aborto es más fácil, no es siempre una opción viable debido a los altos costes, por lo que algunas mujeres deciden adquirir píldoras abortivas a través de Internet y practicarse un aborto, lo cual es ilegal en muchos países de todo el mundo, incluida Irlanda del Norte.
En Polonia, en 2020 su Tribunal Constitucional eliminó uno de los únicos tres supuestos en los que estaba permitido abortar -por defecto fetal grave e irreversible o enfermedad que haga inviable la vida del feto-. Únicamente está permitido cuando la vida o la salud de la persona embarazada corre peligro o si el embarazo es resultante de violación o incesto.
A pesar de las promesas electorales del nuevo gobierno y del debate público sobre los derechos reproductivos, en particular la mejora del acceso al aborto y la despenalización de la ayuda para abortar, aún no se ha reformado la legislación.
Quienes se oponen a las restricciones al aborto y brindan apoyo a personas que necesitan acceder a uno seguro enfrentan persecución, y en varios casos se han iniciado procesos penales contra activistas y familiares por prestar esa ayuda.
En Marruecos, el aborto está penalizado en casi todas las circunstancias y las mujeres que viven en la pobreza no pueden pagarse un aborto clandestino. El Código Penal marroquí prohíbe el aborto si no lo practica un médico o cirujano autorizado y si no se considera imprescindible para proteger la vida o la salud de la embarazada.
Quienes intentan o consiguen abortar pueden enfrentarse a penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas, y a una pena adicional de prisión con arreglo a las disposiciones que castigan las relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Impacto Económico y Social
Desde un punto de vista teórico, no está claro si esperaríamos que la natalidad bajara o subiera durante una recesión económica. Al empeorar la situación económica, puede que las familias “demanden” menos hijos (“efecto renta”).
Por otro lado, los hijos requieren tiempo, y en épocas de crisis, con salarios bajos y desempleo alto, el coste relativo de los hijos baja (el “precio” del tiempo de los padres), con lo que su demanda podría aumentar (“efecto sustitución”). ¿Qué efecto es más fuerte?
En el caso español, la respuesta es fácil de visualizar si observamos la caída en el número de nacimientos desde el comienzo de la crisis en 2008. Un análisis simple de regresión muestra que, efectivamente, nacen menos niños cuando la tasa de paro es más alta.
Tabla: Causas de Aborto de Repetición y Resultados Gestacionales
| Causa | Porcentaje | Tasa de Embarazo | Tasa de Gestación a Término |
|---|---|---|---|
| Estudio Normal | 70.9% | 80.3% | 68% |
| Alteraciones Uterinas | 48% | 80% | 58% |
| Alteraciones Genéticas | 2% | ||
| Alteraciones de la Coagulación | 44% |
El estudio de abortabilidad resultó alterado en 50 pacientes (29,1%), y normal en 122 parejas (70,9%). Las alteraciones encontradas se pueden dividir en 3 grupos: alteraciones uterinas (48%), alteraciones genéticas (2%) y alteraciones de la coagulación (44%), apareciendo asociadas en el 6% de las pacientes. La tasa de embarazo fue similar en ambos grupos: 80,3% para las mujeres con estudio normal tras el tratamiento adecuado, y 80% para las mujeres con estudio alterado. El 68% de las pacientes con estudio normal consiguieron un embarazo a término, así como el 58% de las pacientes con estudio alterado.
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