El difícil camino hacia el aborto legal por malformación fetal grave: Historias de mujeres que cruzaron fronteras
Clara se vistió de negro, con un jersey oversize, y cogió un vuelo con destino a Bruselas. Era mediados de diciembre de 2020, en plena pandemia del covid y con numerosas restricciones para poder salir de España.
Junto a su marido, Clara viajó hasta la capital belga para poder interrumpir la gestación por una malformación fetal muy grave. La ropa ancha le permitió esconder el embarazo, ya en la semana 33.
Uno de los hospitales públicos de Bruselas, el CHU Brugmann, le hizo un documento que le permitía viajar al extranjero.
Tal y como consta en el historial médico de Clara, desde hacía semanas había “sospecha de una megacisterna magna” que le producía “una hidrocefalia severa”.
El comité clínico de Andalucía no lo consideró una malformación incompatible con la vida ni una enfermedad extremadamente grave e incurable, que son los supuestos que contempla la ley de interrupción del embarazo aprobada en 2010 para poder abortar a partir de la semana 22.
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Sin embargo, el comité del hospital público y universitario de Bruselas, el CHU Brugmann, sí.
“Tuve que irme a Bélgica a abortar en plena pandemia como si fuese una delincuente”, reconoce Clara.
Desde este hospital belga, la jefa del servicio de medicina fetal, Teresa Cos, explica a Newtral.es que atienden “unos 200 casos al año de mujeres procedentes del extranjero”.
El periplo de Clara: una odisea en busca de una decisión respetada
Hasta llegar a ese punto, pasaron casi 10 semanas. En la semana 24 le detectaron una posible malformación fetal en la consulta privada a la que acudía Clara.
En el Hospital Comarcal de la Axarquía consideraron que era algo leve. A partir de ahí, tal y como detalla Clara y como consta en los informes médicos, le realizaron pruebas (ecografías y radiografías principalmente) para ver cómo evolucionaba.
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“El diagnóstico nunca era claro, pero fue pasando de leve a moderado y, después, a grave. En la semana 29, Clara acudió a un centro sanitario privado donde el médico le indicó que “la cabeza del feto era entre cuatro y cinco veces más grande de lo que correspondía para esa semana de gestación”.
En la semana 30 la derivaron al Hospital Materno-Infantil de Málaga. El médico que la atendió concluyó lo mismo que el médico de la privada: que el tamaño de la cabeza del feto era excesivamente grande.
“El pronóstico no era nada bueno y me sentía engañada porque en el Hospital Comarcal me habían dicho que seguramente no fuese nada. En la semana 31 fue cuando dije que quería interrumpir. La médica del comarcal cursó la petición y a los pocos días me llegó un correo donde se me denegaba.
Tras la denegación, nadie informó a Clara de que podía recurrir la decisión aportando nueva documentación. Tampoco sabía que se pueden tramitar varias solicitudes a la vez a comités de otras comunidades autónomas.
“Cuando estaba ingresada en Bruselas, me llamaron del hospital de Málaga.
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Clara tuvo que pagar 150 euros en concepto de admisión en el hospital belga junto a los billetes de avión y las noches en el hotel previas al procedimiento. “Por suerte, la tarjeta sanitaria europea me cubría todos los demás gastos del hospital”, explica Clara.
“Mi sensación fue que los médicos querían jugar a ser dioses con mi bebé”, reconoce Clara. “Le querían operar el cerebro, ponerle válvulas… ¿A ti te parece que eso es una vida digna? Cuando me vieron las médicas del hospital de Bruselas me dijeron que mi niño iba a morir seguramente durante el parto o a los pocos días, que tenía muchas malformaciones.
Teresa Cos, la médica que atendió a Clara, y que atiende a otras mujeres que salen de España para poder abortar a partir de la semana 22 cuando el comité clínico les ha denegado su solicitud, señala que el hospital de Bruselas CHU Brugmann “no es una clínica de aborto, es un hospital público universitario con un gran servicio de medicina fetal”.
“Aquí comprobamos el diagnóstico y hacemos todas las pruebas pertinentes. Cuando vienen es porque realmente hay una sospecha de que hay una malformación grave. Le exponemos toda la información a la mujer y ella decide. Se trata de qué vida quiere también esa mujer para su hijo.
El caso de María: Desinformación y obstáculos en el sistema sanitario
En 2019, María, nombre modificado a petición de la entrevistada, acudió a la ecografía de la semana 20, en el Hospital del Sureste (Madrid). Ahí le detectaron al feto una dilatación leve en uno de los hemisferios del cerebro.
“Pedí una amniocentesis y me dijeron que no hacía falta. En la siguiente cita, y ya derivada al Hospital 12 de Octubre, le dijeron que la dilatación en el cerebro del feto había aumentado de tamaño y encontraron un quiste.
“Volví a solicitar una amniocentesis que tampoco se me realizó. Ahí expresé mi deseo de interrumpir si mi bebé tenía una anomalía grave. Necesitaba que me dijesen algo. Ya casi en la semana 25 de gestación, y tal y como consta en el historial médico de María, le realizaron una amniocentesis y le indicaron que el pronóstico no era favorable.
“Sin embargo, me desaconsejaron ir al comité clínico. Me dijeron que creían que no iban a aprobar mi caso. Me dijeron que había que ver cómo evolucionaba y me dieron cita para un mes después.
En su caso, María buscó ayuda a través de Women’s Link. Pidió más pruebas médicas a través de la sanidad privada, donde le confirmaron que el feto padecía “lesiones para las que en la actualidad no hay posibilidad de curación”, que, además, podrían empeorar “al progresar el desarrollo fetal”, tal y como se puede leer en el informe médico.
“Sentí que el hospital se desentendía de mí y la espera no era una opción. Seguí acudiendo a clínicas privadas para aportar más pruebas. Me gasté en total 2.500 euros”, explica María.
Ya en la semana 28, y con diversos informes que constataban la malformación fetal grave y sin curación, María volvió a elevar su caso al comité clínico.
“¿Por qué no me dijeron que podía elegir a un miembro del comité? ¿Por qué me pidieron esperar y esperar cuando en la privada me hicieron todas las pruebas necesarias? Mi hospital se desentendió de mí.
Tanto Clara como María expresan su malestar respecto a la atención sanitaria recibida y ambas la han calificado de “violencia obstétrica”. Ninguna fue informada de que podían elegir a un miembro, de que podían recurrir la decisión o, incluso, de que podían elevar su caso a otras comunidades autónomas. Además, las negativas que recibieron ambas no explicaban el porqué de las denegaciones.
Datos y cifras: El acceso al aborto en España
Newtral.es ha registrado peticiones en los portales de transparencia de todas las comunidades autónomas para saber el número de solicitudes realizadas a los comités clínicos y el número de denegaciones anuales desde que se aprobó la ley de interrupción del embarazo hasta la actualidad (de julio de 2010 a julio de 2022). Algunas han denegado la petición y otras no han respondido en el plazo máximo de resolución.
Andalucía, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Canarias, Galicia, Comunidad Valencia y La Rioja han facilitado los datos tanto de solicitudes favorables como de solicitudes denegadas de, al menos, 2020. El año de pandemia y el año en que Clara tuvo que irse a Bélgica, en las CCAA mencionadas, 26 mujeres no fueron autorizadas por el comité clínico para abortar a partir de la semana 22. El total de peticiones en estas nueve CCAA en 2020 fue de 223.
A continuación, se presenta una tabla con el número de solicitudes y denegaciones en las comunidades autónomas que facilitaron los datos en 2020:
| Comunidad Autónoma | Solicitudes Totales | Denegaciones |
|---|---|---|
| Andalucía | [Insertar número] | [Insertar número] |
| Cataluña | [Insertar número] | [Insertar número] |
| Extremadura | [Insertar número] | [Insertar número] |
| Madrid | [Insertar número] | [Insertar número] |
| Murcia | [Insertar número] | [Insertar número] |
| Canarias | [Insertar número] | [Insertar número] |
| Galicia | [Insertar número] | [Insertar número] |
| Comunidad Valencia | [Insertar número] | [Insertar número] |
| La Rioja | [Insertar número] | [Insertar número] |
Sin embargo, hay diferencias territoriales.
Jordi Baroja es técnico en la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, donde trabaja acompañando a mujeres que requieren un aborto tras la semana 22: “En Cataluña tenemos el formulario y el correo electrónico para que la paciente pueda elevar directamente su caso sin intermediarios. Las ayudamos con todo el proceso: a elegir a uno de los miembros y a aportar documentación. Si vemos que es un caso de algún tipo de malformación que en Cataluña se suele denegar, tratamos de elevarlo paralelamente al comité de otra comunidad autónoma.
“Trabajo con clínicas privadas pero también con hospitales públicos, como el CHU Brugmann de Bruselas. A las mujeres españolas que necesitan abortar en el extranjero por motivos médicos les cobro 300 euros, y en la mayoría de casos ni se los pido. “Julie me ayudó mucho. En mi caso, es cierto que ni me pidió el dinero. Gracias a ella pude despreocuparme de la parte organizativa, si no no sé qué habría hecho.
La necesidad de una reforma legislativa clara y precisa
En la actualidad, el proyecto para reformar la ley que regula la interrupción del embarazo está en tramitación por la vía de urgencia. Sin embargo, la reforma en tramitación no aborda el tema de los abortos tras la semana 22 y los comités clínicos.
El informe que emitió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) previo a la aprobación de la ley en 2010 ya alertaba de que la norma, en ese momento un anteproyecto, “debiera ser más preciso en las competencias del Comité, estableciendo la obligación de motivar la denegación de una intervención, así como las causas para justificar tal decisión”. El CGPJ proponía un modelo de jurisdicción voluntaria (intervención de un juez para autorizar un acto) en lugar de esta "suerte de modelo de control de legalidad" en manos de médicos, como lo describe el Poder Judicial en su informe.
Por otro lado, y a tenor de lo que expone dicho informe, el borrador del anteproyecto contemplaba que se excluyese de la composición de los comités clínicos a “quienes se hayan manifestado contrarios a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo”. En este caso, el CGPJ exigía que se hiciese explícito “el fundamento racional de la exclusión”. “Precisión y claridad que determine qué ha de entenderse por manifestación contraria a la IVE [interrupción voluntaria del embarazo]”. El informe del CGPJ señalaba que “cuestión distinta sería la exclusión de quienes se hubieran declarado objetores de conciencia”. Por ello, recomendaba la creación de un registro de objetores.
El Real Decreto 825/2010, que desarrolla el reglamento de la ley del aborto, establece que la paciente “tiene derecho a elegir a uno de los médicos especialistas” del comité clínico. Como explica a Newtral.es José Antonio Bosch, abogado y asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), “apenas se informa a las mujeres de que tienen este derecho”: “Es importante porque va a ser la voz de la paciente en el comité. Por defecto, no se ofrece. Es como si la mujer tuviese que saberlo. La ley, además, no contempla que el dictamen del comité deba estar argumentado.
En relación a la redacción de la parte de la ley que regula los abortos tras la semana 22, el ginecólogo Santiago Barambio, fundador de la clínica Tutor y cofundador de la Sociedad de Endoscopia Ginecológica Española (SEGE), en conversación con Newtral.es: “Para mí la curación es la restitución de la funcionalidad. El problema no está en la redacción de la ley, sino en la interpretación tan restrictiva que se hace de lo que es una enfermedad incurable o una patología incompatible con la vida. Conozco varios casos en los que el bebé ha fallecido a los 15 días de nacer, fíjate si estaban mal. No podemos obligar a las mujeres a pasar por eso.
El acceso al aborto en A Coruña y Gran Canaria
Para llevar a cabo este artículo, Newtral.es ha registrado una petición de acceso a la información en cada portal de transparencia de las distintas comunidades autónomas.
A Coruña
La situación de las interrupciones del embarazo ha mejorado sensiblemente en el área sanitaria de A Coruña respecto a la realidad de hace sólo tres años, momento en que todos los abortos se realizaban en Madrid, fuera el que fuera el motivo de la intervención, incluso los de prescripción médica.
Desde poco antes de la pandemia, los abortos que se realizan por indicación sanitaria se practican en el Materno Infantil y con cargo a la sanidad pública. Esas mujeres son atendidas de forma adecuada, según todas las instancias consultadas.
Las que deciden interrumpir su embarazo de forma voluntaria sin indicación médica, acuden a una clínica privada con la que tiene un concierto la Xunta de Galicia. Son la mayoría de intervenciones, aunque hasta la semana ocho se pueden realizar también en el Centro de Orientación Familiar (COF), en muchos casos con tratamiento farmacológico. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) corre con el coste también en estos casos.
Desde hace dos años, justo antes de la pandemia, una matrona se ocupa de atender a la ciudadana que toma esa decisión por causas médicas siguiendo el protocolo específico. Ya no hay derivaciones a Madrid, salvo casos muy puntuales.
Desde el COF desconocen las causas por las que las interrupciones anteriores a las 14 semanas no se realizan en la sanidad pública.
La secretaría de la mujer de la CIG constata una mejora de la situación tras las potentes movilizaciones del movimiento feminista de hace diez años, acompañadas por un cambio generacional en los profesionales. Denuncia no obstante que la falta de ginecólogos hace que haya listas de espera para visitas. Ahora mismo todas las agendas de consultas ginecológicas están cerradas hasta final de año cuando esta actividad es fundamental para la prevención de embarazos no deseados.
Según los datos del COF el número de abortos comenzó a aumentar levemente tras la crisis de 2008 y ahora tiende también a incrementarse en este contexto de pandemia.
La CIG critica el desmantelamiento de los cursos de orientación sexual, otra de las vías para evitar que se tenga que llegar a abortar.
Galicia también deriva a mujeres que quieren abortar en la sanidad pública a los servicios sanitarios de la privada. La líder del BNG, Ana Pontón, recuerda que la interrupción del embarazo es un derecho que debe ser garantizado por la administración autonómica y no por una clínica de pago. Reclama atención y personal.
Actualmente los abortos que se realizan en A Coruña por indicación sanitaria se practican en el hospital público Materno Infantil y aquellas mujeres que no cuentan con indicación médica acuden a una clínica privada, pero el coste del servicio lo asume el SERGAS, mediante un concierto con la Xunta de Galicia.
La Sociedad Gallega de Obstetricia y Ginecología (SGOX) señala que las interrupciones voluntarias del embarazo de más de 14 semanas realizadas en el Hospital Materno Infantil de A Coruña «han cumplido los protocolos mundiales». Los ginecólogos gallegos aseguran sentirse «acosados» por «distintos movimientos que nos señalan como promotores de violencia». «Sentimos el vacío que las administraciones hacen de nuestro trabajo. En estos momentos las ginecólogas ocupan más del 70 % de la población profesional.
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