Procedimiento de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Galicia: Desafíos y Realidad Actual
El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Galicia presenta desafíos significativos, especialmente en lo que respecta a la contratación de servicios a través del Servizo Galego de Saúde (Sergas).
Dificultades en la Contratación de Servicios de IVE
Ninguna de las clínicas que practican abortos en Galicia se ha presentado al concurso con el que el Servizo Galego de Saúde pretendía contratar este servicio en la privada, ante la falta de medios para hacer todas las interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales públicos.
El Sergas contemplaba un gasto 460.000 euros cada año.
Pero las dos clínicas gallegas que ya hacen abortos para el Sergas, Arce en A Coruña y Castrelos en Vigo, dicen que «las condiciones de la licitación [marcadas por el Sergas] eran inaceptables».
Fuentes de la dirección de las dos clínicas gallegas reconocen que hablaron entre sí durante el proceso de licitación, mientras valoraban si se presentaban al concurso o no.
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Coincidieron en su diagnóstico: «No nos pusimos de acuerdo en no presentarnos, pero las condiciones no se podían aceptar», comparten los dos centros.
La Consellería de Sanidade sospechaba que esto iba a ocurrir, porque las clínicas transmitieron que los precios eran insuficientes y llevaban años pidiendo que se actualizasen.
«Nos llevan pagando las mismas tarifas desde el año 2011, nos han puesto una oferta a la baja, sin que los precios se vayan a actualizar durante los tres años del contrato y con unas exigencias que la ley no contempla pero que suponen más gastos», detalla el director de la Clínica Castrelos, de Vigo, el ginecólogo Elías García.
«Nos ha subido todo una barbaridad, por ejemplo, los gases medicinales son ahora un 111 % más caros, pero las tarifas que nos ponen son las mismas; hemos tenido que despedir personal...
La Consellería de Sanidade les iba a pagar 350 euros por cada aborto farmacológico (solo cuatro casos al año, según la estimación oficial) y 570 por el quirúrgico (801 al año).
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En Castrelos informan de que el precio de estas prestaciones para las mujeres que acuden como clientes particulares es de 450 y 680 euros, respectivamente.
El farmacológico es la opción por defecto en las nueve primeras semanas.
Entre las condiciones que las clínicas critican está el deber de disponer de un psicólogo y un trabajador social de presencia física, sin una remuneración extra por este personal.
Estos centros debían disponer también de un ginecólogo, un anestesista, una enfermera o matrona y una auxiliar.
El contrato estaba valorado en 1,4 millones de euros en tres años, con dos prórrogas anuales.
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Pretendía contratar una clínica para dar servicio a las provincias de A Coruña y Lugo, y otra para Pontevedra y Ourense.
Sistema Actual de Derivación y Autorización de Uso
Porque en realidad, la sanidad gallega lleva años contratando a Arce y Castrelos para derivarles interrupciones del embarazo, pero no a través de un contrato formal, sino mediante un sistema que la ley reserva a cuestiones puntuales, que se llama autorización de uso.
En el año 2021, los hospitales derivaron casos a Arce que generaron una factura de 497.000 euros (685.000 en el 2019, el año anterior a la pandemia de covid-19).
En el caso de Castrelos la cifra es muy inferior, ya que el hospital de Vigo no deriva ninguna interrupción a la privada: fueron 64.000 euros en el 2021, y 50.000 dos ejercicios antes.
Las dos clínicas gallegas aseguran que no saben qué va a hacer ahora el Sergas.
Las autorizaciones de uso están próximas a vencer.
El Sergas reconoce en la documentación del contrato que carece de «recursos humanos, materiais e infraestructura» para garantizar la prestación del aborto dentro de los hospitales públicos.
Desde el 2010, cualquier mujer puede interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas sin tener que dar ninguna razón.
Datos y Registro de IVEs en Galicia
En este apartado de la página web de la DXSP se muestran datos de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVEs) realizadas en España, desde 1987, por mujeres que residen en Galicia.
Los datos proceden de los centros acreditados para realizar IVEs, que tienen el deber de notificar a sanidad una serie de datos (anónimos) de cada IVE que en él se realiza.
En Galicia los centros acreditados envían estas notificaciones al Registro Gallego de IVEs, que depende de la DXSP, que por su parte los envía al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Estas notificaciones enviadas al Ministerio hacen referencia a las IVEs realizadas en Galicia tanto en mujeres que residen en ella como fuera de ella.
Dado que todas las Comunidades Autónomas llevan a cabo el mismo procedimiento, el Ministerio está en condiciones de devolverle a las comunidades las IVEs realizadas fuera de la comunidad en mujeres que residen en ella.
De este modo, como quedó dicho, los datos del Registro Gallego contienen todas las IVEs realizadas en España por mujeres que residen en Galicia.
Consideraciones Metodológicas Adicionales
Además de la tasa de IVE específica, se muestra la tasa de IVE ajustada a la población de mujeres gallegas entre los 15 y 44 años de edad y los 14 y 49 años.
Este ajuste permite controlar las diferencias que puede haber en las distribuciones por edad en las mujeres en distintos períodos y entre distintos lugares, como las provincias gallegas.
La razón hace referencia al ratio entre el número de IVEs y el número de nacimientos ocurridos en mujeres de una cierta edad o de cierto lugar.
Procedimiento Según la Semana de Gestación
En los casos de más de 22 semanas, que son los de mayor complejidad, la interrupción voluntaria del embarazo se realiza en tres hospitales públicos, que son, el Álvaro Cunqueiro de Vigo, el Complejo Hospitalario de Ourense y el Complejo Hospitalario de A Coruña.
Por otro lado, entre la semana 14 y la 22, se puede realizar la interrupción en todos los hospitales públicos de las siete áreas sanitarias.
Durante la intervención de Alfredo Silva, se hizo alusión al caso de una mujer de Lugo que fue derivada a Vigo dado que no era su sitio de residencia.
Postura del Sergas
El Sergas ha defendido que "garantiza el derecho" de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en los "centros públicos de las siete áreas sanitarias" autorizados por la ley de salud sexual y reproductiva.
Así lo ha detallado después de que la diputada socialista Paloma Castro acusó a la Xunta de "menoscabar los derechos de las mujeres" tras una "serie de incumplimientos" en materia de salud reproductiva de las mujeres y exigió al Ejecutivo autonómico que "les ponga fin".
Por ello, el Servizo Galego de Saúde ha replicado que "garantiza el derecho" de las mujeres a escoger un centro concertado, "sea por privacidad o para evitar demoras" en su procedimiento sanitario urgente.
Concretamente, para los casos de más de 22 semanas de gestación, de mayor complejidad, son asumidos en los tres hospitales públicos de referencia: el Álvaro Cunqueiro de Vigo, el Complexo Hospitalario de Ourense y el Complexo Hospitalario da Coruña.
Entre las semanas 14 y 22 las interrupciones del embarazo pueden realizarse en los hospitales públicos de las "siete áreas sanitarias".
Marco Legal
La Ley orgánica 9/1985, vigente hasta el año de 2010, despenalizaba la IVE en los tres supuestos siguientes: cuando existía peligro para la vida o salud de la embarazada, cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación y cuando existía la presunción de que el feto iba a nacer con graves taras.
En el segundo y tercer supuesto la IVE debía realizarse dentro de las 12 y 22 primeras semanas de gestación, respectivamente.
El 5 de julio de 2010, entró en vigor la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (BOE nº 55, de 4 de marzo del 2010).
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