Jesús Crespo y su Opinión sobre la Gestación Subrogada ante la Nueva Instrucción del Gobierno Español
El Gobierno ha aprobado una instrucción que prohíbe el registro directo de menores nacidos por vientre de alquiler en el extranjero, una medida que, según el Ejecutivo, busca proteger tanto a los menores como a las mujeres que gestan. Esta instrucción acaba con la posibilidad de que se pueda inscribir a estos menores en el Registro Civil aun cuando exista una resolución judicial del extranjero que valide el procedimiento. Así se hacía hasta la fecha.
Sin embargo, no todo el mundo ve esta decisión como una forma de protección. Algunos consideran que se trata de nuevas trabas para formar una familia. Es el caso de Jesús Crespo, padre por gestación subrogada de un niño de dos meses nacido en Colombia. Actualmente, el bebé está con ellos en España, pero "no está registrado", asegura.
Reacciones y Argumentos
El Ministerio de Justicia aprobó la semana pasada una instrucción que prohíbe el registro directo de los menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero, una noticia que se comentó en el plató de La Roca el pasado domingo, y sobre la que habló Jesús Crespo, padre por gestación subrogada, quien dijo que "hay que dejar de generar el odio que está generando el Gobierno con esta instrucción, dejar de perseguir a los menores y de criminalizar a las familias" que deciden "optar" por esta vía para ser padres.
En este punto, Crespo insistió en que "el Gobierno con esta medida desprotege a los niños", a lo que el escritor le respondió que "lo que está intentando el Gobierno con esta medida es ponerlo cada vez más difícil, para que esto no se produzca o no lo haga con tanta facilidad".
A partir de ahora, quienes recurran a la gestación subrogada, práctica prohibida en España sólo podrán formalizar la inscripción de los niños mediante vínculo biológico o adopción.
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El Debate Ético y Legal
Durante el acto, Estellés ha definido esta práctica como «un claro atentado contra los derechos y dignidad de los más vulnerables: por un lado, las mujeres en situación de necesidad» abocadas a un sistema similar a la esclavitud. Esto «contradice el principio común de la Europa continental de que no pueden ser objeto de tráfico jurídico las facultades reproductivas». Además, vulnera los derechos y dignidad de los niños fruto de estos contratos, «a los que se cosifica y a los que se trata como objetos con el que se puede comerciar, es decir, fabricar, comprar, vender».
El vínculo entre madre e hijo al que se refería Cid no es solo filosófico. Julio Tudela, director del Observatorio de Bioética de la UCV, explicó el «diálogo genético» entre madre e hijo que se produce durante el embarazo, y que conecta biológicamente a la mujer y al embrión incluso en los casos en los que el niño ha sido concebido con un óvulo donado. A pesar de no tener una relación genética convencional con la gestante, «en esos niños se ha encontrado material genético de ella», y viceversa. Sin embargo, ese vínculo biológico «salta por los aires con la gestación subrogada».
Viola el de autonomía, en este caso la del menor, pues no puede «participar en la decisión» de una práctica médica sobre su persona. Muestra de ello son casos como el de una pareja de mujeres estadounidenses que para gestar pidieron un donante de semen rubio y blanco como ellas, pero por un error en el banco de esperma tuvieron un hijo mulato y demandaron a la clínica por el daño que eso les causaba.
José Ramón de Verda, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, ha alertado sobre los intentos por parte de algunos sectores de aprobar un reglamento europeo «realmente sibilino». Esta propuesta afirmaría, por un lado, que «no se podrá reconocer en un país miembro» una sentencia u otro reconocimiento de un país en materia de derecho de familia «cuando sea contraria a una norma de orden público» en el país en el que se la quiere hacer prevalecer. Sin embargo, en la segunda parte de la propuesta se quiere crear «un certificado de filiación único» para toda la UE, de forma que si fuera emitido por un país donde se admite esta práctica -de momento Portugal es el único-, sería válido en toda la Unión.
Defensa de los Derechos del Menor
Desde hace más de una década, tanto en mi etapa como diputado en Les Corts Valencianes como en mi actual responsabilidad como alcalde de Gátova y abogado, he defendido activamente el derecho de todos los menores a ser reconocidos, protegidos y tratados con la dignidad que merecen, sin importar cómo hayan venido al mundo. Impedir o retrasar su inscripción en el Registro Civil, pese a existir resoluciones judiciales extranjeras firmes que reconocen su filiación, es una vulneración directa del artículo 39 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a asegurar la protección integral de los hijos, con independencia de su filiación. Todos los hijos son iguales ante la ley, dice el precepto. Todos.
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También se vulnera el principio del interés superior del menor, recogido en la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, reformada en 2015 para reforzar su centralidad. Este principio no es una cláusula retórica, sino una directriz jurídica de obligado cumplimiento que debe guiar cualquier actuación administrativa que afecte a niños y niñas.
Nuestro ordenamiento jurídico no parte de cero en esta materia. El Reglamento (UE) 2016/1191, sobre la libre circulación de documentos públicos, exige a los Estados miembros simplificar el reconocimiento de actos jurídicos emitidos por otros países de la UE. Y si bien la gestación subrogada no está regulada en España, eso no justifica negar validez a resoluciones judiciales de otros países que han sido dictadas con todas las garantías procesales.
Negar la inscripción inmediata supone una discriminación contraria al artículo 14 de la Constitución Española, que prohíbe toda distinción por nacimiento, y atenta contra el derecho del menor a una identidad personal y familiar, como reconoce el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Como jurista y como servidor público, me indigna que se utilice el aparato administrativo para castigar modelos familiares legítimos y legales. Me preocupa que en nombre de una moralidad impuesta se desproteja a menores inocentes.
Por ello, insto al Gobierno a revocar de inmediato esta instrucción, a restaurar la seguridad jurídica de las familias afectadas y a garantizar la inscripción automática de los menores cuando exista resolución judicial extranjera que establezca la filiación. No hay excusas jurídicas ni políticas que justifiquen que un niño quede atrapado en el limbo por cómo nació. La justicia no puede esperar.
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